Energía. Tensión entre funcionarios por el futuro de un decreto macrista

Las empresas productoras de gas y petróleo señalan que derogar el DNU significaría un grave desincentivo para que las empresas productoras de gas natural se incorporen a programas de estímulo a la producción
Las empresas productoras de gas y petróleo señalan que derogar el DNU significaría un grave desincentivo para que las empresas productoras de gas natural se incorporen a programas de estímulo a la producción Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk
Sofía Diamante
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3 de agosto de 2020  • 11:07

Hace 10 días, la Cámara de Senadores rechazó el DNU 1053, sancionado por el gobierno de Mauricio Macri, que decretaba que el Estado se hacía cargo de la deuda generada con las productoras de gas por la devaluación que tuvo la moneda en el invierno de 2018 y que se decidió no trasladar a tarifas. A la espera de que se trate en Diputados, las consecuencias que tendría una derogación ya se analizan en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en el Enargas y entre las petroleras, que advierten sobre la señal negativa que genera la incertidumbre para la inversión.

El principal impulsor de rechazar el DNU es el interventor del Enargas, Federico Bernal, que el viernes pasado escribió una carta abierta al senador Luis Naidenoff explicando sus razones: "Nuestro marco regulatorio no prevé que los usuarios y las usuarias del servicio público deban hacerse cargo vía tarifaria de la devaluación y su impacto en el precio del gas".

Sin embargo, según el decreto 2255, publicado en 1992 -cuando había tipo de cambio fijo-, las diferencias de cambio son trasladables a las tarifas que paga el usuario. La medida que Bernal le critica al exministro de Energía Juan José Aranguren fue haber establecido contratos de gas en dólares. Lo que ocurrió finalmente fue que, en 2018, el precio del dólar saltó de $20 a $37 en apenas cuatro meses.

Esa deuda generada con las productoras de gas, que se estimó en $24.5000 millones, según el marco regulatorio tendría que haber sido trasladado a tarifa. El gobierno anterior intentó hacerlo en 24 cuotas, pero ante el rechazo que generó la medida, el Estado la absorbió con el DNU 1053. Bernal, por su parte, señala que se trata una deuda entre privados (distribuidoras con productoras) y que el Estado no debería involucrarse.

En el Ministerio de Desarrollo Productivo el temor de que se rechace el DNU está puesto en lo que dice su artículo 8, que prohíbe desde entonces que las productoras y distribuidoras trasladen el riesgo cambiario a los usuarios. Es decir, con ese decreto se buscó prevenir que una situación como la de 2018 vuelva a ocurrir. Pero si se deroga el DNU, también se elimina esa medida de contención. ¿Qué pasaría con las actuales tarifas de gas que están establecidas con un tipo de cambio de $41?

Mientras tanto, las petroleras reclaman por la deuda, de la cual recibieron solo el pago de una cuota de las 30 en las que se acordó. Los mayores perjudicados por esta demora son Enarsa, la empresa estatal de energía, a la que se le debía $8903 millones (36% del total) e YPF, con $6795 millones.

La semana pasada, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) -que integran YPF, Wintershall, Total, Tecpetrol, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía, entre otras- le envió una carta al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, manifestando "la preocupación de los asociados por las demoras en el pago de las cuotas mensuales y consecutivas correspondientes a los montos por diferencias diarias acumuladas".

"Conforme lo previsto en el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional y en la Ley 26.122, el Decreto 1053/18 mantiene su plena validez y vigencia hasta que no se concrete un rechazo por parte de ambas cámaras del Congreso. Aun si ello ocurriere, los derechos adquiridos durante la vigencia del Decreto 1053/18 no pueden ser vulnerados por parte del Congreso de la Nación", dice la misiva.

Además, la carta destaca que las empresas "debieron renunciar a los reclamos por la falta de pago de deuda asumida por el Estado Nacional", y que esa deuda se generó como consecuencia de la decisión del Estado "de no trasladar a las tarifas, y por ende al consumidor, el costo real del gas".

Finalmente, las productoras expresan a través de su cámara que "el hipotético y eventual desconocimiento futuro de esas obligaciones constituyen una señal profundamente negativa para la inversión de nuestro sector así como un grave desincentivo para que las empresas productoras de gas natural se incorporen a programas de estímulo a la producción".

Esta advertencia de la cámara sucede justo cuando la Subsecretaría de Hidrocarburos está diseñando un nuevo plan gas para estimular la producción, ante las proyecciones de que podría faltar suministro para el invierno que viene. Según las estimaciones de la provincia de Neuquén, si las productoras no comienzan a perforar en septiembre, no se llegará con el abastecimiento para mayo de 2021. El reloj comienza a correr.

El DNU 1053 todavía debe ser analizado por el plenario de la Cámara de Diputados y, en caso de aprobación, volverá a la Comisión Bicameral Permanente para su elevación al Poder Ejecutivo.

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