Estabilidad y crecimiento

En distintos círculos, que algunos dicen que suelen incluir a ciertas figuras del Gobierno, se ha comenzado a hablar de la necesidad de poner en marcha un programa que reduzca el ritmo inflacionario, al tiempo que mantenga un adecuado nivel de actividad económica. En este campo no hay demasiado para inventar. En primer lugar, es necesario saber con precisión la magnitud del problema que enfrentamos y poder medir los éxitos de la lucha contra la inflación, para lo que se requieren indicadores confiables del Indec. En segundo lugar, a tasas de inflación del orden del 23% anual, un programa de este tipo debe de tener al menos dos ingredientes: una política de ingresos que incluya a trabajadores y empresarios, y una política de demanda que se manifieste en un menor crecimiento de la oferta monetaria y del gasto público.

El menor crecimiento del gasto público y de la oferta monetaria reducirá el ritmo de crecimiento de la demanda agregada nominal, lo cual puede ser compatible con un aumento de la actividad económica en términos reales si es acompañado por un menor aumento de los costos y en particular de los salarios nominales. Ello implica salarios, oferta monetaria y gasto público creciendo, por ejemplo, al 20% anual, en lugar del 35%, como ha sido el caso en los últimos años.

La clave de la estrategia es la coordinación entre estas variables. Una reducción de la demanda nominal sin una política de ingresos posiblemente termine en una caída del nivel de actividad económica, al estilo de los planes de estabilización ortodoxos. Este resultado podría verse agravado en la medida en que las expectativas muestren escasa credibilidad en que las políticas de estabilización de demanda serán sostenidas en el tiempo. Una política de este tipo se parece a la implementada en 1959 por Alvaro Alsogaray en el gobierno de Arturo Frondizi, aunque no se nos escapa que en ese entonces había fuertes distorsiones de precios relativos que se habían acumulado en los años previos.

A su vez, una política de ingresos, como la que por algunas señales pareciera que el Gobierno estaría dispuesto a implementar, si no es acompañada por una reducción en el ritmo de variación del gasto público y de la oferta monetaria, es probable que termine en una aceleración inflacionaria y una caída del salario real. La razón es más o menos obvia, ya que en ese caso el único "ancla" serán los salarios nominales, los que no serán suficientes para reducir el ritmo de aumento de los precios. Quizás el ejemplo más notable de una política de este tipo fue la de Gelbard en 1973-74 que generó un exceso de demanda de tal magnitud que, más allá de los controles de precios iniciales, terminó en una fuerte caída del salario real y fue el comienzo de una muy elevada inflación que habría de acompañarnos por 15 años.

Más razonable, para considerar otro antecedente de estabilización en el marco de un gobierno peronista, fue el plan de Gómez Morales de 1952, que implementó una política de ingresos conjuntamente con una reducción del ritmo de aumento de la oferta monetaria y del gasto público. El resultado fue una fuerte disminución de la inflación en 1953-54 -de 35 a 5%- con un aumento del salario real durante esos años.

El modelo

Algunos podrían ver en una política de este tipo un abandono del "modelo", si por tal entendemos un aumento del gasto público y de la cantidad de dinero a tasas superiores al 30-35% y el intento de que los salarios de algunos gremios amigos superen considerablemente la tasa de inflación. En nuestra opinión, el crecimiento de esos agregados fiscales y monetarios no parece ser sostenible en el tiempo sin generar una aceleración en el crecimiento de los precios, en especial si el ritmo de devaluación y el aumento de las tarifas de los servicios públicos dejan de ser inferiores, como en los últimos meses, a la tasa de inflación. Además, si bien es probable que una política de este tipo resulte en un crecimiento de la demanda real en el corto plazo algo inferior a los niveles de los últimos dos años, éste pareciera ser un costo menor si se lograra disminuir el ritmo inflacionario. Una menor inflación, además de favorecer a los sectores de menores ingresos, mejorará las expectativas de inversión y, con ello, la sostenibilidad del crecimiento.

En ese contexto, con una reducción de los subsidios a los sectores de mayores ingresos y con adecuados incentivos para la inversión, en particular en infraestructura relacionada con la energía y con el transporte, el país podrá acceder a financiamiento de largo plazo en los mercados internacionales, una tarea relativamente sencilla después de la abrupta disminución del endeudamiento del sector público.

También puede ocurrir que un nuevo episodio de la crisis mundial desacelere la economía y reduzca la tasa de inflación, como sucedió en 2009. Esperemos que no ocurra. Si va a haber estabilización, lo deseable es que sea consecuencia de nuestras propias decisiones políticas, y no de costosas perturbaciones que lleguen del exterior.

El autor fue secretario ejecutivo de Cepal y ministro de Economía