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Estados Unidos endureció su reclamo sobre las patentes farmacéuticas argentinas
En un informe que hace todos los años, volvió a incluir al país en la lista de socios comerciales que ofrecen mayores barreras para la propiedad intelectual y agregó una queja que había omitido en 2024: dice que en la Argentina hay limitaciones para registrar medicamentos
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LA NACIONFrancisco Olivera
El gobierno de Estados Unidos volvió a incluir a la Argentina en la lista de “Vigilancia prioritaria”, grupo en el que ubica a sus socios comerciales con mayores barreras en materia de propiedad intelectual. Así lo indica el Informe Especial 301, un reporte que elabora todos los años la Oficina del Representante Comercial norteamericano (USTR, en inglés) y que identifica trabas que enfrentan sus empresas y productos para el intercambio de bienes y servicios y que, esta vez, agrega una novedad: endurece el diagnóstico y las recomendaciones sobre el sector farmacéutico argentino respecto de lo que había publicado en 2024.
Las consideraciones sobre la Argentina en el texto cobran relevancia en momentos en que la región y el mundo discuten aranceles con los Estados Unidos. El Informe Especial 301 se hace desde 1989 y debe su nombre a la famosa “Sección 301″ de la Ley de Comercio de Estados Unidos, sancionada en 1974, que autoriza al Representante Comercial de ese país a tomar medidas contra países extranjeros con prácticas comerciales injustas o discriminatorias.
De un universo de 100 socios, Estados Unidos señala en esta oportunidad a 26 como “Países extranjeros prioritarios”, es decir, aquellos que merecen su atención por algún motivo comercial, y los divide a su vez en dos elencos: la “Lista de Vigilancia Prioritaria”, que es la que mayores barreras tiene e incluye a la Argentina; la “Lista de Vigilancia”, con menos dificultades, y un tercer grupo que según sus parámetros resguarda mejor la propiedad intelectual. La Argentina está en el primer lote, que vuelve a integrar con Chile, China, India, Indonesia, Rusia y Venezuela y al que ahora se suma México.
El texto, publicado este martes, es extenso y se detiene en la situación de cada país. En el caso de la Argentina, insiste con los inconvenientes que representa para las marcas de Estados Unidos la existencia de mercados callejeros informales. “La observancia de los derechos de propiedad intelectual sigue siendo un desafío, y las partes interesadas reportan una competencia desleal generalizada por parte de vendedores de bienes y servicios falsificados y pirateados. El mercado físico de La Salada en Buenos Aires fue identificado nuevamente como un mercado notorio en la Revisión de Mercados Notorios de Falsificación y Piratería de 2024 (Lista de Mercados Notorios), y los pedidos on line de productos falsificados continúan a través de sus aplicaciones de redes sociales. Las ventas de productos falsificados en otros lugares físicos siguen siendo altas, con aumentos repentinos en la venta de productos falsificados en pequeños mercados, a través de vendedores ambulantes ilegales, en el barrio del Once y otros mercados de Buenos Aires y en todo el país. Además, la policía argentina generalmente no actúa de oficio, y los procesos judiciales pueden estancarse y languidecer en excesivas formalidades”, dice.
El asunto más ríspido es no obstante el sector farmacéutico, y en concreto un párrafo que había sido excluido del Informe Especial 301 de 2024 y, como consecuencia, celebrado por los laboratorios nacionales: el sector vio en su momento en esa omisión un cambio positivo en la visión que la Casa Blanca tenía sobre la actividad farmacéutica argentina. Pero duró poco: el reporte volvió esta vez a los términos y advertencias de años anteriores.
El párrafo en cuestión describe las dificultades que, interpreta, tienen las empresas extranjeras para patentar productos en el país. Un tema de conversación recurrente entre la Argentina y Estados Unidos desde que Donald Trump anunció el aumento de aranceles para todo el mundo. La Oficina de Comercio norteamericana lo dice así: “Una deficiencia clave en el marco legal siguen siendo las limitaciones excesivamente amplias sobre la materia elegible para patentes, incluyendo directrices de examen de patentes que rechazan automáticamente las solicitudes para categorías de invenciones farmacéuticas que son elegibles para patentabilidad en otras jurisdicciones”.
El texto parece estar haciendo referencia algo que se discute internamente en el Gobierno desde hace varias semanas: la posible derogación de una resolución conjunta que firmaron en 2012 los ministros Débora Giorgi (Industria) y Juan Manzur (Salud) y que establece “criterios de patentabilidad” para los medicamentos. Esa norma funcionó en los hechos como virtual y significativa protección para la industria nacional y es rechazada por las compañías extranjeras: desde que fue promulgada hasta 2024, la emisión de patentes cayó en la Argentina casi un 60%.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, redactó a principios de año un borrador de decreto que se propone derogarla y que acaba de pasar a la órbita de la cartera de Salud. Mario Lugones, ministro del área, estudia ahora cuándo y cómo instrumentar esa modificación que será sin dudas explosiva.
El problema para los laboratorios nacionales es que el Informe Especial 301 vuelve a ser terminante al respecto. “Las partes interesadas también afirman que las limitaciones de Argentina a la patentabilidad para innovaciones biotecnológicas basadas en materia viva y sustancias naturales difieren del estándar en muchos otros países. Otro desafío constante para los sectores de productos químicos agrícolas y farmacéuticos innovadores es la protección inadecuada contra el uso comercial injusto, así como la divulgación no autorizada, de pruebas no divulgadas u otros datos generados para obtener la aprobación de comercialización para productos en esos sectores. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) continúa operando con un número reducido de examinadores de patentes, con recursos limitados que plantean desafíos para el reclutamiento y la retención”, dice el texto, que agrega que esas solicitudes demoran en el país hasta ocho años e insta a la Argentina a integrar el Tratado de Cooperación de Patentes.
Todo indica que es el inicio de una larga discusión.
