Exsecretarios de Energía manifestaron su preocupación por la construcción de Atucha III

El Grupo de Exsecretarios de Energía emitió hoy una declaración sobre la conveniencia de la construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear nacional, que estaría ubicada en Lima, provincia de Buenos Aires. Los exfuncionarios manifestaron su preocupación por la falta de estudios previos de factibilidad que requiere el proyecto y denunciaron la falta de un “Plan Energético Estratégico” de largo plazo.

El martes pasado, la empresa estatal la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA) y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC) firmaron el contrato para el diseño, suministro y construcción de la Central Nuclear Atucha III. En el encuentro virtual estuvieron el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. También participaron de la reunión el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, y su par chino en la Argentina, Zou Xiaoli.

A raíz del anuncio, los exsecretarios de Energía Emilio Apud, Julio Cesar Araóz, Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco emitieron un comunicado en el que afirmaron que la construcción de una central nuclear “es una decisión sumamente compleja que requiere de sofisticados estudios previos para comprobar su factibilidad y su conveniencia; mucho más al tratarse de una central de uranio enriquecido, combustible que no se produce en el país”.

Los extitulares de la cartera energética sostuvieron que en 2014 “el Gobierno argentino comprometió en forma improvisada a nuestro país ante China” al comprarle dos centrales nucleares “sin que se conocieran en ese momento los estudios que justificaran este compromiso”.

“Por su inmensa complejidad, la construcción de una central nuclear requiere complejos y detallados estudios previos que sustenten la decisión de llevar adelante el emprendimiento”, sostuvieron los exfuncionarios. “El Gobierno actual aún no ha realizado -ni hecho públicos- los estudios que fundamentaron el compromiso original y tampoco ha cumplido con la normativa legal vigente, que es exigible en una obra de esta naturaleza y complejidad para asegurar su factibilidad integral”, agregaron.

“Una central de esta naturaleza no debería haberse contratado sin previamente haber realizado un Estudio de Factibilidad Integral que asegure que la central es factible desde un punto de vista técnico, económico, financiero, tarifario y ambiental”, concluyeron. A su vez, exigieron la realización de una audiencia pública para “transparentar los actos de gobierno”.

Por otra parte, el grupo cuestionó la inversión de US$8300 millones proveniente de China, que, según los anuncios oficiales, permitirá construir la central nuclear. “Es, a todas luces, incorrecto haber informado a la población que se trata de una inversión china al estilo de la inversión directa, ya que se trata de una obra realizada por una empresa china con financiamiento incluido, que deberá ser repagada por la Argentina, quien asumirá íntegramente los riesgos inherentes a la operación”, denunciaron en el comunicado.

“Se ha omitido informar los gastos realizados en moneda local que no serán financiados por los créditos chinos, como los gastos de administración e inspección de obra, la construcción de infraestructura local, entre otros. Estos costos deben ser transparentados y podrían representar un 40% del total, que se deben sumar a los intereses devengados durante la construcción, que tiene un plazo estimado de 8 años”, manifestaron los exfuncionarios. “En este contexto se puede afirmar que la nueva central podría alcanzar un costo total del orden de los U$S13.500/KW, lo cual la ubicaría entre las más caras realizadas por la Argentina en toda su historia”, advirtieron.

Por último, el grupo manifestó su preocupación por la tarifa que tendrá la energía que salga de Atucha III. “Al día de la fecha no se sabe cuál será esa tarifa y, sobre todo, si la tarifa será pagada por los usuarios o si deberá ser financiada mediante los subsidios del Tesoro, como ocurre en la actualidad”, plantearon.

“La Argentina enfrenta desde hace largos años, un problema crónico de financiamiento del sector eléctrico, que requiere ingentes aportes del Tesoro en forma de subsidios. Esta decisión, antes que apuntar a resolver ese problema, tendería a agravarlo”, señalaron los exsecretarios.