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Flybondi: YPF, Aeropuertos Argentina, Google, Mercado Libre, el Estado y la Copa Argentina, entre los que hacen fila para cobrar
La aerolínea declaró 780 acreedores; un préstamo sospechoso, las deudas con los empleados y con los pasajeros se suman a lo que reclaman los organismos públicos
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Flybondi no le pagó a nadie; como quien dice, “dejó el tendal”. Les debe a prácticamente todos los proveedores que se cruzaron en su camino, desde la ferretería, el fabricante de barritas de cereales, la limpieza o el control de plagas de oficinas hasta los dueños de los aviones o los talleres donde los mantenían. La lista es enorme y llega a 780 acreedores, entre los que figuran gigantes como YPF, Google y Mercado Libre; empresas multinacionales como Fedex o Sabre. Hay facturas impagas de Aeropuertos Argentina, Telecom, de Swiss Medical, del Hotel Presidente y hasta de la Cooperativa de Servicios de Taxis del Aeropuerto de Ezeiza.
En plena caída, con la flota reducida a menos de cuatro aviones operativos, Flybondi mantuvo su compromiso con la AFA de Claudio Tapia. La nómina de acreedores incluye a Grupo Terruño, una firma mendocina, con una deuda de $255,3 millones por el patrocinio de la Copa Argentina 2026. Según la documentación, la aerolínea se comprometió a pagar $47,19 millones por mes en un plan de diez cuotas como “Main Sponsor” del torneo. Ninguna se pagó y pareciera que a la quinta se rescindió el contrato.
El Estado figura entre los acreedores más castigados. Según datos de la empresa, la aerolínea le debe $4697 millones al Ministerio de Turismo por tasas impagas que se arrastran desde 2019; $1475 millones a ARCA en impuestos, a los que se suman otros $2070 millones de aportes y contribuciones al sistema previsional que certificó su propio contador.
Eso no es todo. Se cuentan $1369 millones a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), con deudas que nacieron en 2018, además de $857 millones al fondo de cooperación vinculado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y otros $32 millones a la propia fuerza. La lista se completa con $441 millones a Migraciones y $203 millones más US$1,37 millones a EANA, la empresa estatal que controla el espacio aéreo.
Solo en organismos nacionales, la cuenta supera los $9000 millones y US$1,3 millones, y se trata de valores nominales, sin intereses ni actualización. A eso se agrega un dato que la compañía no explica: en sus libros todavía figuran como pendientes de ingreso cientos de millones de pesos en tasas de seguridad y de migraciones que los pasajeros pagaron con el pasaje y que el Estado nunca recibió.
El mundo digital tampoco quedó a salvo. A Mercado Libre le debe $194,8 millones por avisos y video programático en la plataforma, mientras que la aerolínea acumula $70,8 millones de deuda en Google Ads por campañas de mayo, junio y julio de 2026, justo cuando su operación se derrumbaba. En junio, con apenas 442 vuelos operados de 1135 programados, gastó $27 millones en anuncios. En julio, cuando apenas despegaron 134 aviones, la cuenta siguió corriendo: otros $15,4 millones.
A este universo se suman centenares de acuerdos celebrados y homologados con sus empleados, además de decenas de indemnizaciones por pasajes no volados. Una paradoja: en muchas de estas conciliaciones le deben al afectado, a los abogados que actuaron y hasta a los mediadores. A todos. En medio de la crisis, todavía queda un interrogante que la Justicia busca esclarecer: quiénes son actualmente los accionistas de la empresa.
El pedido de concurso fue presentado el 2 de octubre por un directorio provisorio integrado por Miguel Alejandro Akerme, como presidente; Víctor Germán Passero, como vicepresidente; y Matías Miret, como director titular. Los tres fueron designados el 8 de septiembre por la Comisión Fiscalizadora, luego de la renuncia de cuatro integrantes de la administración anterior.
El magistrado otorgó un plazo de 10 días para cumplir con los requerimientos pendientes, bajo apercibimiento de rechazar la solicitud. El 13 de octubre, la compañía informó haber cumplido con dos trámites formales, pero ese escrito no respondió al pedido sobre sus accionistas.
La cuestión cobra relevancia por los cambios anunciados en la propiedad de Flybondi y las disputas entre los grupos vinculados con su control. Históricamente, la compañía estuvo asociada con Cartesian Capital Group, mientras que en 2025 se anunció el ingreso de COC Global, el grupo encabezado por Leonardo Scatturice.
En mayo de 2025, Flybondi Limited, la sociedad registrada en el Reino Unido, informó ante Companies House una nómina de accionistas en la que todavía figuraba Cartesian Capital Group, con 9.989.064 acciones Serie A, junto con otros fondos de inversión y particulares. Sin embargo, esa declaración corresponde a la sociedad británica y es anterior a los cambios anunciados en la estructura del grupo, por lo que no permite determinar quiénes son actualmente los propietarios de FB Líneas Aéreas S.A., la empresa argentina que solicitó el concurso.
Patrimonio negativo
Según el balance auditado al 31 de diciembre de 2025, Flybondi tenía activos por $293.426 millones, pasivos por $446.730 millones y un patrimonio neto negativo de $153.304 millones.
Nueve meses después, el estado de activos y pasivos presentado ante la Justicia mostró activos por $176.104 millones y pasivos por $609.589 millones. De esta manera, el patrimonio neto negativo se profundizó en $280.181 millones y las deudas pasaron a representar casi tres veces y media el valor de los activos.
La situación financiera ya mostraba señales de alerta al cierre de 2025. Aunque la empresa declaró una ganancia contable de $1028 millones, sus operaciones habían consumido $102.593 millones de efectivo durante ese ejercicio, pese a haber recibido aportes de capital por $75.899 millones.
Al momento de solicitar el concurso, la compañía registraba un saldo bancario negativo de $2492 millones.
Quiénes son los principales acreedores
La presentación judicial comprende 780 acreedores y 816 créditos denunciados. Entre los mayores acreedores en dólares sobresale HY Credit Global Opportunities LLC, con US$59,25 millones, una obligación originada en la cesión de una deuda con otro proveedor. Ese crédito representa aproximadamente el 44% de las obligaciones denominadas en dólares, según el relevamiento de la nómina presentada.
Le siguen YPF, con US$14,09 millones; Aeropuertos Argentina, con US$7,86 millones; y distintas empresas vinculadas con el leasing de los aviones, como Stellar Aircraft, Izon 29666 Sweden y FTAI Airopco UK.
En cuanto a la composición del pasivo, Flybondi declaró $153.804 millones en deudas con proveedores extranjeros, $63.474 millones con proveedores nacionales y $81.024 millones en ingresos percibidos por adelantado, una cuenta que incluye cobros por servicios todavía pendientes de prestación.
También registró $21.929 millones en sueldos a pagar y $27.834 millones en aportes y contribuciones pendientes, además de $1978 millones correspondientes a devoluciones de pasajes en la Argentina.
Otro dato llamativo surge de las operaciones entre empresas vinculadas. Flybondi declaró $43.635 millones en préstamos intercompany a cobrar y $41.316 millones en pasivos bajo la denominación “Intercompany Limited”. La documentación no permite identificar con certeza a las sociedades involucradas ni establecer si se trata de la misma contraparte.
Una crisis que comenzó meses antes
En su presentación judicial, la propia Flybondi reconoció que sus problemas financieros no respondían a una dificultad transitoria. Hacia marzo de 2026, la dificultad financiera dejó de caracterizarse razonablemente como una serie de incumplimientos aislados o una ‘tensión transitoria de liquidez’. Se transformó, en cambio, en una imposibilidad general y persistente de atender de manera regular las obligaciones exigibles mediante recursos ordinarios”, sostuvo.
Según la información presentada, entre enero y julio de 2026 los vuelos operados cayeron un 95,3% y la recaudación por pasajes disminuyó un 91,2%, mientras que los costos de mantenimiento se mantuvieron entre US$1,67 millones y US$2,59 millones mensuales.
Durante junio y julio comenzaron a acumularse intimaciones de proveedores por combustible, servicios aeroportuarios, transporte y tecnología. Entre el 26 de junio y el 17 de agosto, además, se rechazaron 18 cheques electrónicos por $1767 millones. La crisis derivó en tres pedidos de quiebra antes de que la compañía solicitara el concurso preventivo el 2 de octubre. “Lisa y llanamente se encuentra comprometida la totalidad de la operatoria de la sociedad: la mora no se encuentra concentrada en un único acreedor, contrato o sector”, reconoció la empresa. Todo dicho.
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