Fotos brillantes, películas borrosas

La foto de la economía argentina es el sueño de todo político. Crecen el consumo interno y el nivel de actividad y, con ellos, la recaudación impositiva, reforzada -por medio de las retenciones- con los altos precios del petróleo y la soja, los rubros que el país más exporta. Esto le permite al Gobierno disponer de fondos adicionales para aumentar el gasto y la inversión pública, lo cual estimula la demanda interna. Y si alguien tuviera pesadillas con una eventual crisis del sector externo, también sobran dólares por el alto superávit comercial y aumentan las reservas.

Es cierto que los beneficios de esta recuperación económica a tasas chinas, que ya lleva cuatro años, no llegan al tercio más vulnerable de la población, y que la inflación de dos dígitos (11% anual) genera un ruido permanente, agudizado por las fuertes distorsiones de precios relativos, controles e intervenciones estatales. También es cierto que esta situación, junto con la incertidumbre energética, frena muchos proyectos de inversión en gran escala. Si hubiera que atenerse al dudoso diagnóstico oficial, todos estos problemas deberían ir corrigiéndose con el simple paso del tiempo; aunque la realidad indique que sobra política de corto alcance y faltan políticas de mediano y largo plazo.

La película, por eso, aparece más borrosa. Si muchas cosas se mantienen como están, algunos logros podrían debilitarse y algunos problemas, agudizarse. Seguramente no este año ni tal vez el próximo, porque, salvo en el caso de la energía, ninguna situación es crítica. Pero han comenzado a encenderse ciertas luces amarillas.

Por primera vez en cinco años, el proyecto de presupuesto 2007 llegará al Congreso con una pauta de crecimiento del PBI más alta que en ejercicios anteriores: en lugar del 4% incluiría un 5%. No se trata de un mayor realismo, sino de admitir implícitamente que el mayor nivel de gasto público impedirá mantener el superávit primario con relación al PBI tan alto como en ejercicios anteriores.

En esta materia, conviene recordarlo, el Gobierno vino aplicando una exitosa táctica inaugurada por el ex ministro Roberto Lavagna, quien difícilmente vaya a recibir ahora un reconocimiento por ello en su nuevo rol de rival político. A diferencia de sus antecesores, que sobrestimaban el aumento del PBI y de la recaudación impositiva, y ajustaban hacia abajo el gasto si esos supuestos no se cumplían, Lavagna invirtió los términos. Calculaba por debajo (4%) y, como el crecimiento económico resultaba muy superior (9% anual), generaba un excedente de recaudación que permitía aumentar discrecionalmente el gasto público a través de decretos de necesidad y urgencia sin pasar por el Congreso. Ahora ese margen discrecional quedará más acotado, justo cuando la expansión del PBI tenderá a desacelerarse alrededor de un punto este año y quizás algo más el próximo, en relación con el récord de 2005.

Más allá de aquella picardía contable, lo concreto es que el gasto viene aumentando por encima de lo mucho que sube la recaudación, aun cuando en los últimos dos meses el Gobierno haya tratado de levantar el pie del acelerador demorando pagos a proveedores y contratistas. El superávit primario de 2006 será un punto de PBI inferior al de 2005 (4,5% de PBI), si bien este deterioro es atribuible principalmente a las provincias, comenzando por la de Buenos Aires. No es un secreto ya que la administración bonaerense cerraría este año con un déficit cercano a 1000 millones de pesos (que busca cubrir con nuevo endeudamiento) y que debió negociar con los bingos un aporte adelantado de 400 millones, a cambio de una extensión de los permisos para explotar el juego. Tampoco se necesita mucha suspicacia para advertir que en algún momento los problemas fiscales de este y otros distritos clave para las elecciones de 2007 terminarán repercutiendo en las cuentas nacionales.

Aunque el debilitamiento del robusto superávit primario por ahora no estropea la foto del conjunto fiscal y tampoco pone en riesgo este reaseguro de la política económica, la tendencia abre interrogantes. El economista Miguel Bein calcula que si el Gobierno hubiera establecido una regla por la cual el gasto aumente tres puntos menos de lo que crece la recaudación impositiva, para 2011 la deuda pública bajaría a 29% del PBI desde su actual nivel de 65% y el problema quedaría definitivamente resuelto.

Sin embargo, esto no es más que un ejercicio teórico. En la práctica, el Gobierno no sólo gasta cada peso adicional que recauda. También compromete, con subsidios y obras públicas, el gasto de futuros ejercicios como si el aumento de los ingresos fuera infinito y los derechos de exportación, eternos. Tal vez tenga razón si el actual ciclo de alto crecimiento mundial se mantiene, junto con la demanda y los precios de las materias primas que coloca la Argentina. Un dato a favor es que la producción agrícola equivale a dos toneladas por habitante, frente a un promedio de 1,2 en el período 1985/1996. El dato en contra es que siguen bajando las reservas y los excedentes exportables de hidrocarburos, mientras crece la importación de gas y de combustibles pesados sustitutos y se prevé que para 2008 la Argentina deba volver a importar petróleo crudo.

Las distorsiones en los precios de la energía también tienen su costo fiscal a través de los subsidios. A grandes rasgos, se estima que en 2006 existe un piso de 4300 millones de pesos, de los cuales 3900 millones corresponden a energía, combustibles y transporte. Dentro de este último rubro, más de 1400 millones se destinan a cubrir gastos de los ferrocarriles urbanos para mantener congeladas las tarifas y a subsidiar el gasoil para el transporte automotor. El cálculo no incluye los nuevos subsidios anunciados para las tarifas aéreas, ni los que habrán de sumarse en el futuro, por ejemplo, si se construye el tren de alta velocidad Buenos Aires-Rosario. Tampoco es posible estimar el impacto fiscal de grandes obras energéticas (centrales de ciclo combinado, terminación de Atucha II y ampliación de Yacyretá), ya que se desconoce qué proporción se cubrirá con los futuros cargos tarifarios.

En cambio, el Gobierno ya habría decidido alivianar el impacto que tendrá la futura ley que, a instancias de la Corte Suprema, reimplantará a partir de 2007 la movilidad de los haberes jubilatorios. En principio, no se incluiría la deuda retroactiva (que podría superar los 20.000 millones) y los ajustes se establecerían anualmente en función del incremento de los ingresos del sistema previsional.

Tal vez parezca poco, en función de la expectativa que se creó sobre el tema. Lo mismo ocurrió con los créditos para vivienda, donde hubo más ruido que nueces, ya que se facilita el acceso, pero no se abarata el costo al no subsidiarse las tasas. Al fin y al cabo, Kirchner no desconoce la paradoja del próximo año electoral: si se le va la mano con los gastos y subsidios para garantizarse el resultado político, será él mismo quien deba correr con los costos económicos.

Por Néstor O. Scibona

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