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Hacen falta ocho Atucha para cubrir el déficit de electricidad
Lo afirman ex secretarios de Energía en un duro informe; faltan inversiones por US$ 8000 millones
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Acompañar la explosiva demanda eléctrica que la Argentina tuvo entre 2003 y 2010 debería haber obligado al país a instalar otros 5300 megavatios de capacidad instalada, es decir, el equivalente a lo que generan ocho centrales del tamaño de Atucha. Eso habría costado 8000 millones de dólares, bastante menos que los más de 14.000 millones que el Estado argentino destinó a subsidiar la energía desde 2004 hasta hoy, según la consultora ASAP.
Es una de las conclusiones de un crítico informe que volvió a elaborar el grupo de ocho ex secretarios de Energía que desde hace tiempo viene provocando enojo en la Casa Rosada, con documentos sobre la gestión en el abastecimiento de combustibles, petróleo, gas y electricidad. Son Alieto Guadagni, Daniel Montamat, Enrique Devoto, Jorge Lapeña, Roberto Echarte, Raúl Olocco, Julio César Aráoz y Emilio Apud, los mismos a los que, por pedido del Gobierno, la Universidad de Buenos Aires (UBA) les prohibió una presentación en abril de 2009.
El documento sostiene que la Argentina sufrió un significativo desfase en generación eléctrica entre 2003 y 2010. Es, en realidad, en cifras, lo que lleva al Gobierno todos los inviernos, desde 2007, a llamar a las industrias para que dejen de consumir electricidad en los momentos de alta demanda, tarea que suelen asumir el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el subsecretario Roberto Baratta. "Puede observarse claramente -dice el informe- que el incremento de la oferta, medido por la ampliación de la capacidad instalada (21%), ha sido menos de la mitad del incremento de la demanda (44% en el caso de la carga máxima y 41% en el caso de energía) en el período. Esta circunstancia provoca aumento de costos de funcionamiento y restricciones de oferta. Si esto no se corrigiera en el futuro -y es un imperativo categórico hacerlo-, conspiraría contra el funcionamiento del sistema productivo y también el social".
También es duro en las palabras elegidas. Afirma, por ejemplo: "La gestión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner estuvo signada por la improvisación, la visión de corto plazo, el desaliento a la inversión; el manejo de los operadores del sector mediante subsidios; amenazas y concesiones arbitrarias; las licitaciones poco claras para favorecer a empresarios afines; el desaliento a la actividad hidrocarburífera local y la discrecionalidad en la toma de decisiones".
La difusión del trabajo provocó, como era de esperar, una respuesta del secretario de Energía, Daniel Cameron. "Parecen cronistas del diario Clarín -dijo ayer, según un cable de la agencia estatal Télam-. Es sorprendente que quienes condujeron los mayores fracasos energéticos de la Argentina sean ahora los iluminados que nos dicen lo que tenemos que hacer."
Cameron aprovechó para anunciar que Atucha II será inaugurada en septiembre próximo. Precisamente, una de las obras cuestionadas por el informe de los ex secretarios, que recuerdan que lleva dos años de retraso y que ya ha costado cuatro veces más de lo previsto. "Aún no se conoce la fecha de finalización de la central nuclear de Atucha II, anunciada para 2009, con un presupuesto original de US$ 500 millones. La información disponible indica que a la fecha ya se llevan gastados más de US$ 2000 millones".
Otra de las objeciones tiene que ver, según el texto, más con la imagen que con los hechos. "Se abusó como nunca antes de los anuncios sin fundamento técnico o económico de obras que nunca se iban a ejecutar. Fue paradigmático el antecedente que estableció el denominado «Gasoducto bolivariano» [N. de la R.: en realidad, se llamaba Gran Gasoducto del Sur], anunciado el 9/12/2005 por los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez. En otra oportunidad, también el año 2005, se anunció la construcción de una nueva refinería en la Patagonia de gran escala que ni siquiera avanzó en las etapas previas. Queda además pendiente el gasoducto GNEA, anunciado en 2004 para transportar el gas de Bolivia, cuyo inicio no se realizó".
Tema sensible: Cóndor Cliff
El texto se adentra en un tema caro a los intereses del kirchnerismo: el relato de lo que ocurre. "La estrategia comunicacional del Gobierno a lo largo de más de 7 años ha sido negar las evidencias y –sobre todo– ocultar las consecuencias de su mala gestión en el área energética. En este contexto consideramos necesario presentar a la sociedad una síntesis de los principales problemas que padece el sector y señalar los acuerdos sobre una política de Estado alternativa para superar dichos problemas."
El punto más crítico se refiere a lo que el propio informe llama "capitalismo de amigos". Cita, por ejemplo, el plan energético anunciado en 2004 por el Gobierno y su relación con una obra muy cuestionada: la usina prevista para ser construida en el río Santa Cruz, sobre la que pesan acusaciones de sobreprecios y escasa transparencia en la licitación.
"En el plan energético PEN 2004-2008 se estableció, a nuestro juicio con buen criterio, una revisión de proyectos hidroeléctricos existentes, mayores de 400 MW de potencia para «seleccionar los 3 o 4 más rentables». Sin embargo, en contra de las conclusiones de la revisión, se decidió priorizar la construcción del proyecto del río Santa Cruz, Cóndor Cliff y Barrancosa, cuando el mismo figuraba en la ponderación del inventario de la propia Secretaría de Energía en el puesto 23, postergando 22 proyectos más factibles localizados en Chubut, Neuquén, Mendoza y Río Negro."
El otro ejemplo son las áreas de explotación de hidrocarburos en Santa Cruz que se adjudicaron, por separado, Cristóbal López y Lázaro Báez. "Se ha dado de hecho un proceso no coordinado y hasta anárquico en los procesos de licitaciones de nuevas áreas provinciales, así como también de las renegociaciones de contratos vigentes antes de su vencimiento. Vaya como simple ejemplo de lo dicho que del total de las nuevas áreas petroleras licitadas en la provincia de Santa Cruz todas se adjudicaron a empresarios amigos del Gobierno luego de ser descalificadas o desalentadas empresas petroleras nacionales e internacionales con probados antecedentes en la actividad."
