¿Ingleses espiando el cielo argentino? Insólito entuerto por un radar para evitar choques en el espacio
Está instalado en Tolhuin y listo para funcionar, pero una decisión del último gobierno kirchnerista prohíbe su uso; hay cada vez más presión sobre la Casa Rosada para resolver el tema
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LA NACIONPablo Fernández Blanco
La historia tiene todos los condimentos para ser contada. Involucra una decisión del gobierno de Alberto Fernández que, meses después del visto bueno, fue revocada por el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, actual candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones de octubre.
También, una inversión millonaria de capitales extranjeros que está malograda, gestiones de la embajada norteamericana en la Argentina a un alto nivel, la sombra de una empresa británica en Tierra del Fuego y la consigna de peligro para la seguridad nacional. Todo, detrás de un objetivo genuinamente sideral: controlar el espacio desde una instalación en la localidad de Tolhuin.
El problema apunta a unos 2000 kilómetros de la Tierra. Por las órbitas denominadas LEO, las más cercanas, giran cada vez más satélites y la denominada basura espacial puede aparecer en el camino. El volumen es tanto que ciertas empresas consideran como una actividad rentable su control.
Es el caso de LeoLabs, una compañía que instaló en Tierra del Fuego —hay más campo de observación y monitoreo que en otros lugares del mundo— un radar para hacer un seguimiento en tiempo real de los objetos que orbitan alrededor de la Tierra.
La cantidad de satélites que circulan la denominada órbita terrestre baja (OTB) pasó de 800 en 2019 a más de 10.000 hoy. Giran por un lugar donde no hay fronteras nacionales y conviven unidades para distintos usos (comerciales, científicos y militares) de todo el mundo. Un satélite que orbita da la vuelta al mundo cada 90 minutos. Se calcula que pasan por la cabeza de una persona más de 1000 satélites por hora.
En noviembre de 2022, la gestión de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner le dio el visto bueno a LeoLabs para instalarse en Tolhuin. Fue a través de una disposición de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad. Menos de un año después, en agosto de 2023, Taiana le pidió a la Jefatura de Gabinete la cancelación de la autorización. Temía, según su texto, por la seguridad nacional.
El tema llegó a manos de su sucesor, Luis Petri, ministro de Defensa de Javier Milei. Según documentos oficiales está evaluando qué hacer. No solo por los pedidos de la empresa, sino también por los requerimientos que le llegan a Guillermo Francos, el jefe de Gabinete.
La empresa, además, está haciendo su parte. Tiene el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires y el respaldo de los ejecutivos estadounidenses en Washington, sede del Gobierno de Donald Trump.
A fines del año pasado, Francos recibió en la Casa Rosada a directivos de LeoLabs para tratar proyectos vinculados con la industria aeroespacial. La audiencia, que se hizo en el Salón de los Escudos de Balcarce 24, fue solicitada por su director de Operaciones, Daniel Ceperley, de nacionalidad norteamericana según figura en los registros, junto a Aaron Tiffany, agregado de Ciencia y Tecnología de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina. También participó Edward Li, ingeniero de la compañía.
El Gobierno tiene el tema bajo análisis, pero debe enfrentar una cuestión espinosa. En Tierra del Fuego se desató una polémica alrededor del origen de la empresa: dicen que es inglesa.
El eslogan antirradar, entonces, es demoledor desde el punto de vista patriótico. Se trata de la cesión de un pedazo de tierra patagónica, a unos 600 kilómetros de Malvinas, a una empresa que llevaría la bandera del invasor inglés para revisar la órbita terrestre y compartir información con el mundo.
Los documentos públicos dicen otra cosa. Además, la compañía, que no quiere que caiga el negocio, le hizo distintas propuestas al Ministerio de Defensa para subsanar la disputa.
Petri mandó a hacer una auditoría que incluya un análisis técnico a partir de informes de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), el Enacom (regula las comunicaciones) y su propia cartera. Todavía no tomó una decisión. Mientras tanto, el radar está instalado, pero inactivo.
La empresa americana le envió una propuesta formal a Guillermo Francos en abril de este año. Lleva la firma de Ceperley y el rótulo: “Confidencial”. Allí, sostiene que el radar espacial construido en Tierra del Fuego solo puede rastrear satélites y chatarra espacial, pero no cuenta con la capacidad para investigar a aviones, misiles ni interceptar comunicaciones.
Un informe de la Secretaría de Innovación y otro de la Conae hechos el año pasado lo confirman, según la empresa.
A cambio de conseguir el permiso para encender el radar, la empresa le ofreció al Gobierno permitir inspecciones técnicas y físicas, ver datos de telemetría en el lugar y hasta designar un observador que realice un control periódico de la operación.
También, “regalarle” por cinco años al gobierno argentino la información necesaria para detectar cuándo otros satélites o piezas de chatarra espacial podrían colisionar con un artefacto del país.
Según la información que maneja Defensa, LeoLabs es de capitales estadounidenses, pero tiene oficinas en Londres y en Dublín por cuestiones impositivas. Así se relata en uno de los informes al Congreso del jefe de Gabinete.
El hilo societario es el siguiente. LeoLabs Argentina S.R.L. declara como beneficiario final a LeoLabs Inc. (EE.UU.), que posee la totalidad de dos compañías extranjeras accionistas. La participación británica es “mínima y pasiva”. El 95% pertenece a LeoLabs Space Holding Limited (Irlanda) y el 5% a LeoLabs Limited (Reino Unido). Ambas son controladas íntegramente por la matriz estadounidense, sostienen.
La información que maneja el Gobierno indica que la empresa británica no aportó fondos para construir u operar el radar, no recibe datos ni participa en la conducción, y ningún ciudadano británico integra la gerencia o el directorio de la filial argentina.
El Gobierno británico tampoco posee participación directa en LeoLabs. Los dueños del radar le propusieron al Gobierno eliminar la participación británica indirecta, transfiriendo ese 5% a otra firma estadounidense.
La empresa, además, sostuvo que si bien tuvo un contrato con el Ministerio de Defensa británico, este expiró, aunque tiene un contrato con Gran Bretaña para el TT&C (Tracking, Telemetry and Control) de una red global de satélites.
El Gobierno acumula cada vez más presión sobre el tema. No solo porque la influencia norteamericana en el país se profundizó tras la promesa de salvataje financiero de Trump a Milei, sino debido a que la empresa parece haber dado vuelta el reloj de arena, ya que le avisó a la Casa Rosada que decidirá en los próximos meses si abandona la Argentina y construye un radar espacial en otro lugar de Sudamérica.
La Argentina tiene un historial cada vez más rico en polémicas espaciales. De hecho, en Neuquén hay una instalación china para misiones denominadas de espacio profundo, ubicadas a distancias que superan los 300.000 km de distancia de la Tierra. El radar de Tolhuin, en ese sentido, apunta mucho más bajo.
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