Críticas de especialistas: cómo afectaría al bolsillo la estrategia a la que apuesta la política para recaudar más

Es, para muchas empresas, emprendedores y contadores, el malo (o el más malo) de la película. Pero no se trata de una ficción, sino de la realidad del entramado de los impuestos en la Argentina. Y el “personaje” en cuestión, acusado por sus efectos sobre la actividad económica y la inflación, es Ingresos Brutos, el tributo que recaudan las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata de la carga que, a partir de la firma del Consenso Fiscal impulsado por el presidente Alberto Fernández –al que adhirieron todos los gobernadores pero no el jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires–, podría incrementarse en los próximos meses, pese a que en 2017, en otro pacto rápidamente suspendido, los mandatarios se habían comprometido a emprender un camino de reducción de las alícuotas, para llegar a que en el actual 2022 algunas actividades quedaran exentas y otras, con menores niveles de imposición que los de entonces. Dadas las alícuotas actuales, los topes del nuevo acuerdo habilitan aumentos. Algo clave (y riesgoso) ante las necesidades y las urgencias fiscales.

¿Por qué Ingresos Brutos está en el banquillo? ¿De qué se lo acusa?

“El impuesto alcanza a todas las etapas de la economía, desde la actividad extractiva o industrial hasta la venta minorista, y eso incide en el precio final de los bienes y servicios”, dice Cecilia Goldemberg, socia de Andersen Argentina. Esa modalidad plurifásica (la carga afecta a todas las actividades involucradas en la producción de un bien) hace que haya dos efectos “perniciosos”, agrega: la acumulación y la piramidación.

“El efecto de acumulación significa que Ingresos Brutos, como impuesto ya agregado al costo en una etapa, está incluido en la base para calcular el tributo en la etapa siguiente; es decir que forma parte de la base de cálculo para determinar el propio impuesto en las etapas siguientes”, explica. Y agrega que también tiene impacto en los servicios intermedios que pueden haberse incluido en el proceso, como la financiación (las provincias quedan habilitadas a fijar alícuotas de hasta 9% en los servicios financieros –eso encarece el crédito para cualquier persona o empresa–, mientras que en 2017 se había definido que este año no podría superarse el 5%).

Según las condiciones de mercado y otros factores, los efectos posibles del gravamen y de su aplicación “en cascada” son la suba de los precios y la baja de la rentabilidad. “En uno u otro caso, el impuesto influye y distorsiona en contra de la generación de valor”, apunta Félix Rolando, también socio de Andersen, que explica que la “piramidación” ocurre porque los precios al consumidor sufren, por Ingresos Brutos, un aumento que es superior a lo efectivamente recaudado.

Efectos regresivos

Al haber consecuencias acumulativas sobre precios, existe un rasgo regresivo, según advierte el tributarista Mariano Ghirardotti, porque las familias más pobres consumen el 100% de lo que les ingresa y los valores de lo que compran llevan el impacto del gravamen. “Desde lo ético, es curioso que políticos que enarbolan las banderas de la defensa del vulnerable usen un impuesto que no solo se traslada, sino que lo hace generando un efecto mayor en los precios que el de la propia alícuota, y a eso hay que agregarle que la tasa no distingue entre ricos y pobres; todos pagan igual”, analiza.

Otro factor distorsivo, agrega Ghirardotti, es que para calcular el impuesto solo se contemplan los ingresos, que son una parte de la manifestación de la capacidad contributiva de una persona o empresa. Así, “Ingresos Brutos impacta de modo feroz sobre las empresas que tienen dificultades o márgenes de utilidad muy bajos”, afirma. Y eso, sostiene, influye en las decisiones de inversión.

En cuanto a las exportaciones, si bien las de bienes están exentas, explica Rolando que “el impuesto conspira contra las operaciones quitando competitividad, porque no se contempla la devolución de lo pagado en diferentes etapas, que quedó integrado al costo del bien”. Respecto de las ventas al exterior de servicios dice que, en general, se las consideran no gravadas o exentas.

Otro efecto para la producción, apunta Andrés Edelstein, socio de Edelstein, Mariscal, Torassa & Asociados, es que a las altas alícuotas se suma la existencia de “innumerables regímenes de recaudación, con retenciones y percepciones que reducen, muchas veces indebidamente, el capital de trabajo de las empresas, y que producen para el contribuyente una carga administrativa de relevancia”.

Para el abogado Diego Fraga, especializado en temas tributarios, esos mecanismos de recaudación son uno de los principales problemas, porque suelen ser “perversos y arbitrarios” y no tener sustento normativo. Se terminan generando saldos a favor del contribuyente, que cuesta recuperar. “Los mecanismos para ser excluidos de esos sistemas de recaudación son engorrosos y los procedimientos para obtener la devolución, más aún”, dice Fraga.

Cuando la provincia es deudora suele aparecer la judicialización. Pero, según el abogado, los sistemas locales “suelen ser muy lentos y proclives a los intereses de los fiscos”.

En una encuesta hecha por KPMG en 2020 entre representantes de 70 empresas, dos de cada tres afirmaron que la carga fiscal con mayor impacto en sus precios era Ingresos Brutos, en tanto que solo dos de cada diez dijeron no tener saldos a favor.

Parte del origen de los conflictos está en el hecho de que algunas provincias diferencian alícuotas según si la firma que comercializa un bien está radicada o no en el territorio. Eso se había buscado eliminar en 2017.

Una gran piedra para un camino de cambios, dice Ghirardotti, es que el impuesto “explica entre 60 y 80% de la recaudación de las provincias”. ¿Cómo quitar esa fuente de fondos?

“Para el consolidado de las provincias, la presión efectiva del impuesto pasó de 1,9% a 4% medida sobre el PBI nacional, entre el año 2000 y 2013″, dice el economista Marcelo Capello, jefe del Área Fiscal del Ieral, de Fundación Mediterránea.

“La incidencia de su recaudación se duplicó y más aún en una década”, explica. Eso podría deberse a alícuotas más altas, a mayor imposición por cómo se recauda, o a mejoras en el cumplimiento. Capello agrega que tras el pacto de 2017 hubo una baja de la presión que, medida como porcentaje del PBI, se ubicó entre 3,5% y 3,8%, al menos hasta el primer semestre de 2021. “Con el Consenso Fiscal, que pone techos más altos para las alícuotas, lo más probable es que suba la presión este año”, analiza.

¿Podrían aprobarse en los próximos días o meses incrementos de alícuotas que rijan durante este año? “Si bien la postura oficial de las provincias es que Ingresos Brutos es un impuesto de los llamados de ejercicio, lo cual permitiría aprobar retroactivamente nuevas alícuotas, hay otra posición que sostiene que es un impuesto instantáneo, por lo que cualquier aumento solo podría afectar a futuro -explica Fraga-. Esa discusión, que se viene dando en relación al cómputo de la prescripción, podría reeditarse para determinar desde cuándo se podría aplicar un aumento de alícuotas”.

El abogado agrega que, en su opinión, “lo más prolijo sería que las provincias interesadas en subir alícuotas lo hagan con efectos hacia adelante”. Eso de abarcaría, según el momento de la aprobación de una nueva normativa, a los meses que aún no hayan transcurrido de este año. Más allá de eso, aclara que las jurisdicciones podrían tomar la decisión de hacer cambios incluso con consecuencias hacia atrás en el tiempo y, en ese caso, “las empresas evaluarán si es conveniente, en términos económicos, impugnar judicialmente”.

¿Hay alternativas?

En los últimos años llegó a debatirse cuál sería un posible tributo sustituto y se habló, por ejemplo, de un IVA provincial, un impuesto sin tantas acusaciones de ser distorsivo.

“Ingresos Brutos es muy rendidor desde el punto de vista recaudatorio y por eso ha habido resistencia a sustituirlo –señala Goldemberg–; una propuesta muy destacable fue la de implementar un adicional en el IVA recaudado a nivel nacional, con una alícuota suplementaria o adicional que se destinaría a las provincias”.

Más allá de esas ideas, el Consenso Fiscal indica que Ingresos Brutos seguirá su camino y que podría fortalecerse. Eso dependerá de las decisiones políticas y del cuadro fiscal de cada provincia, pero la tabla de alícuotas máximas indica que aquel sendero consensuado de baja general de la carga quedó en el olvido.

En actividades como agricultura y ganadería, el pacto permite una alícuota de hasta 0,75%, mientras que en 2017 se había fijado que este año esas actividades quedarían exentas. También se había acordado, en el gobierno macrista, que la industria quedara exenta, mientras que la alícuota tope ahora pactada es de 1,5%. Para el comercio, el techo es el mismo en el viejo y en el nuevo pacto (5%).

En muchos otros casos, los techos son más altos que los antes acordados. Por ejemplo, en la construcción (hasta 2% para 2022 según el pacto de 2017 y hasta 2,5% en el actual); la telefonía celular (5% y 6,5%); los servicios financieros (5% y 9%); los servicios inmobiliarios y a empresas (4% y 5%), y los servicios de salud (4% y 4,75%).

El “malo de la película” no es un actor revelación; es uno ya consolidado. En el libro Los argentinos y los impuestos, José Antonio Sánchez Román cuenta que los tributos “sobre las actividades lucrativas” cobrados en diferentes partes del país (el nombre de la carga que antecedió a Ingresos Brutos) “se convirtieron en una fuente de preocupación para la Unión Industrial Argentina, que se quejaba de que provocaban un problema de doble imposición [otra cuestión marcada como una distorsión actual] y exigía su supresión o al menos la unificación de impuestos en el territorio nacional”. ¿La fuente del autor? Una revista de la UIA de 1965.