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El PCT, una oportunidad histórica para que la Argentina impulse su innovación y atraiga inversiones
El PCT es uno de los tratados internacionales más importantes en materia de patentes; su objetivo central es desburocratizar y abaratar el proceso de patentamiento de invenciones en el exterior
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En las últimas semanas volvió a ponerse en agenda un tema largamente postergado en la Argentina: la adhesión de nuestro país al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty, PCT). Primero, con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, mediante el cual la Argentina se ha comprometido a hacer sus mejores esfuerzos para aprobar el tratado. Y con mayor énfasis aún luego del acuerdo bilateral firmado entre la Argentina y los Estados Unidos, en el cual la aprobación del PCT aparece directamente como un requisito.
Percibir la adhesión a este tratado como una simple exigencia externa, sin embargo, sería un gran error. Lejos de tratarse de una carga, la adhesión al PCT representa una oportunidad única para modernizar nuestro sistema de propiedad industrial, fomentar la innovación y mejorar de manera concreta las condiciones básicas para el desarrollo productivo y tecnológico del país.
El PCT es uno de los tratados internacionales más importantes en materia de patentes. Su objetivo central es desburocratizar y abaratar el proceso de patentamiento de invenciones en el exterior. En un mercado cada vez más global, este tratado se ha convertido en un estándar imprescindible. No por casualidad, ha sido aprobado por casi todos los países del mundo. Hoy son miembros del PCT más de 150 estados, incluyendo las principales economías desarrolladas y emergentes. La Argentina, junto con un puñado de países como Venezuela, Bolivia, Pakistán y Afganistán, permanece como una de las pocas excepciones.
¿Para qué sirve el PCT? El derecho de patentes se basa en un principio básico que se denomina territorialidad. Ello significa que, para que una invención esté protegida, el inventor debe presentar una solicitud de patente en cada país donde quiera obtener protección. Así, si un inventor argentino desarrolla una tecnología innovadora pero no la patenta en Estados Unidos, Europa o Asia, cualquiera puede explotarla allí sin infringir derechos. El problema es que patentar en múltiples países es muy costoso, especialmente para inventores individuales, startups, universidades o pymes.
El PCT ofrece una solución simple y eficaz, ya que permite que, luego de presentar una primera solicitud de patente en un país miembro, el inventor disponga de 30 meses para decidir en qué otros países solicitar protección. Durante ese plazo, se difiere el enorme costo que implica presentar múltiples solicitudes nacionales y, además, se recibe un reporte inicial que resulta muy útil para guiar al inventor, antes de hacer grandes inversiones, sobre las chances reales de que su invento sea patentable. Esto brinda un margen crucial para evaluar el potencial comercial del invento, buscar socios estratégicos o conseguir financiamiento. En cambio, los inventores argentinos hoy cuentan con apenas 12 meses, conforme al antiguo Convenio de París de 1883, y no reciben ese reporte preliminar.
Esta herramienta es clave no solo para incentivar la innovación, sino, sobre todo, para poder monetizarla. Sin protección internacional, muchas ideas valiosas quedan condenadas a no salir del laboratorio o a ser explotadas por terceros en otros mercados. No es casualidad que los países que lideran la innovación global utilicen el PCT de manera intensiva.
La reciente aprobación del PCT en Uruguay es especialmente relevante para la Argentina y debe servirnos como guía. En 2024, el vecino país ratificó el tratado por unanimidad y con el respaldo de todo el arco político. El Frente Amplio ya lo había promovido en años anteriores, y esta vez todos los partidos impulsaron su aprobación. Este consenso muestra que el PCT no es una cuestión ideológica, sino una política de Estado vinculada al desarrollo, la innovación y la inserción internacional.
Los beneficios del PCT no se limitan a los inventores individuales. Las empresas argentinas que buscan insertar sus desarrollos en mercados internacionales enfrentarían menores trabas regulatorias y costos más bajos para proteger sus invenciones. Lo mismo sucede con los organismos públicos de investigación, como el CONICET, que hoy se ven obligados a realizar complejos y costosos artilugios legales cada vez que quieren patentar una invención en el exterior, incluso recurriendo a inventores con doble nacionalidad o a costosas estructuras legales para sortear restricciones. La adhesión al PCT simplificaría estos procesos y potenciaría la transferencia tecnológica.
Un sector particularmente beneficiado sería el de las universidades. En todos los países más desarrollados, una parte sustancial de los inventos patentables y económicamente rentables surge en el ámbito universitario. El PCT es una herramienta fundamental para facilitar que esas invenciones lleguen al mercado global. Que la Argentina no sea parte del sistema implica perder oportunidades concretas de generación de valor, empleo calificado y divisas.
Además, los inventores no serían los únicos beneficiados. La protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual es un factor clave a la hora de atraer inversiones. Un país no puede pretender recibir inversiones de calidad mientras se mantiene al margen de estándares internacionales básicos. En este sentido, la adhesión al tratado enviaría una señal clara y positiva al mundo.
No se nos escapa que durante los últimos años han circulado, en torno al PCT, diversos mitos, impulsados principalmente desde ciertos sectores de la industria farmacéutica local. Uno de los más frecuentes es que el tratado permitiría extender la duración de las patentes y, con ello, prolongar monopolios. Esto es lisa y llanamente falso. El PCT no modifica la duración de las patentes. En la Argentina, una patente dura 20 años desde la fecha de presentación, y eso seguiría siendo exactamente igual con o sin PCT. No hay ningún tipo de extensión encubierta.
Tampoco es cierto que la adhesión pueda perjudicar los intereses nacionales, la industria local o la salud pública. Prácticamente todos los países del mundo son miembros del PCT y no existe evidencia de que su implementación haya generado daños económicos o sociales. Por el contrario, el tratado facilita, abarata y ordena el sistema de patentes, beneficiando al conjunto de la economía.
En lo que respecta específicamente a la industria farmacéutica, los mayores productores de medicamentos genéricos del mundo (como India, Canadá o Israel) son miembros del PCT desde hace mucho tiempo. En ninguno de esos países la adhesión afectó negativamente al sector. Asimismo, no hay impacto comprobado en el acceso a los medicamentos. De hecho, de los cientos de medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud, el porcentaje de los patentados es mínimo (entre el 1 % y el 7 %). En la mayoría de los casos, esas patentes pertenecen a grandes compañías internacionales que hoy igualmente presentan solicitudes de patente en la Argentina, aun sin PCT.
En suma, la discusión sobre el PCT no debería seguir postergándose. La Argentina tiene frente a sí una oportunidad histórica para modernizar su sistema de innovación, alinearse con estándares internacionales y dejar de autoimponerse barreras que frenan su desarrollo. La adhesión al PCT no es una concesión: es una inversión estratégica en el futuro del país.
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