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Irá a extraordinarias la protección del software
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La Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (Cessi) adelantó ayer que el proyecto de reforma de la ley 11.723, de propiedad intelectual, será incluido en las sesiones extraordinarias del Congreso.
El anuncio es un éxito para la entidad, que se encuentra combatiendo el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, según el cual la reproducción de software sin permiso de sus fabricantes no constituye un delito.
La inclusión del proyecto en el temario habilitará así el tratamiento de una iniciativa que se encuentra en el Senado.
Jorge Cassino, presidente de Cessi, señaló, en una conferencia de prensa organizada por la entidad, que "es imperioso que exista la ley para proteger al creador de software" y señaló que la disposición judicial "fue un acelerador para que se trate esta ley".
Los cálculos de la Cámara señalan que el 71% del software que se utiliza en el país es ilegal, por lo que las ventas del sector estimadas en US$ 270 millones al año indican, según Antonio Millé, asesor legal de la entidad, que "existen cerca de US$ 700 millones que se roban las empresas piratas".
En la Argentina, las firmas dedicadas a la actividad informática son aproximadamente 5000, de las cuales cerca del 90% son Pyme aseguró el presidente de Cessi.
"La informática es un mercado de inversión que debe ser protegido porque impacta en empresas nacionales y no sólo en compañías extranjeras", explicó Cassino.
Por otra parte, Eduardo Rossini, gerente general de Microsoft, señaló que "la Argentina y Uruguay son los únicos países de América latina que no tienen una legislación concreta que regule la actividad".
Destacó que en Brasil, "existe un proyecto de ley que conecta la piratería de software con la evasión fiscal" por las enormes cifras que moviliza.
En tanto, Millé adelantó que el Ministerio de Justicia está estudiando un anteproyecto de reforma de la ley de propiedad intelectual que agrava las penas de piratería para cualquier tipo de obra de creación intelectual que será remitido al Congreso para ser tratado en las sesiones ordinarias.
