Juan Grabois, impredecible: el proveedor que agita la interna en Juntos por el Cambio

En la noche del sábado, después de haber hecho retroceder a los empujones un camión hidrante de la Policía de la Ciudad en Recoleta, Juan Grabois habló con Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño. En la conversación quedó claro que, como anticipa Andrés Larroque cada vez que puede, la tensión callejera está recién empezando: el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y casi todos los kirchneristas tomaron aquella convocatoria frente al departamento de Juncal y Uruguay como un 17 de octubre para Cristina Kirchner y, lo más relevante, un motivo de unión para el PJ.

Nada nuevo: lo buscan desde que Massa empezó el ajuste. Pero lo curioso es que, en términos estrictos, D’Alessandro negociaba en realidad con un proveedor. A los militantes del MTE los incomoda esa palabra que, sin embargo, se ajusta a la realidad: la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, que pertenece al movimiento fundado por Grabois, tiene a su cargo el 60% del reciclado de residuos secos de la Capital Federal. A cambio, recibe 90 millones de pesos mensuales en concepto de salarios para 3838 recicladores ambientales que políticamente responden al líder del Frente Patria Grande y que forman parte de un universo más amplio, no en todos los casos de perfil alto, que le cuesta a Rodríguez Larreta unos 4000 millones de pesos por mes: en la ciudad operan en total 12 cooperativas y 6613 trabajadores.

Los funcionarios porteños podrán sufrirlo en público, pero admiten en privado una convivencia razonable con Grabois. “Podríamos hacer un sistema de reciclaje más eficiente si contratáramos una empresa, pero en esto hay también una función social”, acotan cerca del jefe de Gobierno. El espaldarazo para el referente de la CTEP casi no merece mención: gracias a este sector, sin el apuntalamiento explícito del PJ ni del kirchnerismo, consolidó en pocos años una fuerza que hoy tiene varios legisladores y hasta una funcionaria nacional, Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana.

“No me meto en nada de nada vinculado con las cooperativas cartoneras de la ciudad desde hace 10 años, cuando cumplí un ciclo militando en el sector”, aclara Grabois a LA NACION, y coincide con lo que contestan en Amanecer: “Nosotros separamos lo social de lo político. Juan es nuestro referente político”. Una verdad a medias. Es cierto que él está lejos de la administración, pero se involucra en esferas más altas si la situación lo requiere. En enero, cuando la ministra de Espacio Público porteño, Clara Muzzio, decidió instrumentar un sistema de monitoreo de asistencia a los lugares de trabajo mediante geolocalización con teléfonos móviles y empezaba a encontrar resistencia en parte de los recolectores, apareció Grabois para darle respaldo. “Obviamente, cuando me preguntaron si estaba de acuerdo con el presentismo dije que sí”, recuerda él. Y, hace cuatro meses, acusó públicamente a Matías Kulfas, entonces ministro de Desarrollo Productivo, de conspirar contra la actividad de los cartoneros. “El genio de Kulfas habilitó la importación de basura norteamericana y ahora de bobinas; le habíamos advertido con claridad los efectos devastadores en lo social, además de lo ambiental, que esto produce -dijo en Facebook-. Se lo dije personalmente, se lo dijo la Federación de Cartoneros. Además de dólares que se van a cambio de basura, los industriales amigos aprovechan la sobreoferta para voltearles los precios a los cartoneros, que perdieron el 20,7% de sus ingresos reales en la última semana”.

Cada reciclador cobra por mes del Estado porteño 41.000 pesos de incentivo más 3342 pesos por una productividad que surge del pesaje de lo colectado. Es un salario de 44.342 que, según la venta y el modelo de negocios de cada cooperativa, puede subir al doble si las ganancias se redistribuyen. “Es lo que hacemos”, dicen en Amanecer. La ciudad aporta además camiones, ómnibus para trasladarlos y sueldos más altos para quienes ocupan posiciones administrativas. Un chofer de camión gana 70.000 pesos. Un jefe de planta recicladora, 92.000. Un operador, 57.000.

Lo que saca cada cooperativa al vender la mercadería a empresas depende en realidad del valor agregado que esté dispuesta a aportar: con máquinas que muelen el PET de las botellas, por ejemplo, el kilo puede subir de 50 a 100 pesos. Y el papel, de 30 a 50. El Ceibo, la cooperativa de Cristina Lescano, líder social que murió en abril, era en ese sentido la más tecnificada. Grabois prefiere, en cambio, concentrarse en darle ocupación a más gente. “Ellos sólo enfardan”, dicen en el gobierno de la Ciudad. Ese volumen de trabajadores le ha reportado al líder del Frente Patria Grande adhesiones para una construcción personal que inició con la primera experiencia macrista en la ciudad, gracias a la relación que entabló con Fabián Rodríguez Simón, entonces funcionario de Juan Pablo Piccardo, ministro de Espacio Público en aquellos años. Un vínculo que mantuvo tiempo después y por el que hoy recibe también cuestionamientos en el propio espacio. De Luis D’Elía, por ejemplo. El año pasado, en una investigación que impulsa el grupo Indalo en la causa Mesa Judicial, y según reveló el sitio El Disenso, se supo que entre 2016 y 2019 se habían registrado 152 llamadas entre Rodríguez Simón y la Cooperativa de Trabajo Argentina de Marketing y Servicios Limitada, que pertenece al MTE. ¿Eran conversaciones entre el diputado del Parlasur y Grabois? “Los llamados fueron por el tema de los barrios populares. Lo negocié con Quintana [Mario] y Pepín”, explica Grabois.

Son razones que no alcanzan para aplacar las dudas de kirchneristas para quienes Rodríguez Simón representa la encarnación del lawfare y que ahora ven al líder del MTE abandonar el bloque oficialista. Nada tan disruptivo, sin embargo, como lo que provoca entre opositores que se preguntan lo opuesto: por qué la ciudad de Buenos Aires le da aire a quien es capaz de hacerle retroceder un camión hidrante. ¿Harían lo mismo Kicillof o Insfrán con un proveedor macrista? Los duros de Juntos por el Cambio seguramente dirán que no. Valiente novedad: es el mea culpa que varios de ellos le harían a la relación de Carolina Stanley con los movimientos sociales. En el fondo, la tensión por Grabois compendia el dilema del no peronismo.

Por Francisco Olivera

• Comunidad de Negocios

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