Jubilaciones deterioradas y un debate que vuelve: ¿cómo actualizarlas?

Un jubilado que cobró el mes pasado un haber bruto de $166.664 ($159.288 en términos netos) tuvo en los últimos cuatro años, es decir, en comparación con noviembre de 2019, una caída de su poder adquisitivo de 37,4%. En el actual diciembre, por la suba de 20,87%, su ingreso es de $201.447, en bruto y sin contar el aguinaldo ($192.532 en mano), un monto con el que podrá comprar alrededor de un 65% de los bienes y servicios de lo que podía adquirir con lo que percibió a fines de 2022, cuando estaba alcanzado por el pago de un bono que, limitaciones a esos adicionales mediante, desde hace unos meses ya no cobra.

La licuación de las jubilaciones y pensiones del sistema de la Anses es una realidad desde hace años, si bien el nivel de la pérdida no es igual para todos. El pago de refuerzos por fuera de las subas que son definidas por el índice de movilidad alivió el efecto para quienes tienen los ingresos más bajos. Pero, aun así, quienes cobran el haber mínimo más el bono de este mes, de $55.000, cerrarán 2023 con un ingreso que, considerando la inflación estimada para diciembre, servirá para comprar entre 10% y 15% menos que el del último mes de 2022.

La aceleración actual de la suba de precios lleva, claro, a un mayor deterioro. El año cierra con un incremento de los haberes según la fórmula de movilidad de 110,9%, mientras que la inflación podría trepar a un nivel de entre 197% y 210%, según las estimaciones de varias consultoras económicas. Entre enero y noviembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec registró un avance de 148,2%, en tanto que para este último tramo del año se proyecta que el aumento promedio de los precios será de entre 20% y 25%.

En ese contexto, el plan del gobierno del presidente Javier Milei incluye la pretensión de que se elimine la fórmula que está establecida por una ley del Congreso Nacional, para otorgar incrementos por la vía de decretos. Según afirmó en los últimos días el ministro de Economía, Luis Caputo, el objetivo será “proteger a los jubilados”. Dijo que, en caso de que se siga aplicando el mecanismo actual de reajustes, “en cuatro meses perderían entre 25% y 40%” de poder adquisitivo, dado que la inflación es creciente.

La promesa expresada por el funcionario es que con las subas que se decretarán (en caso de lograrse la eliminación de la fórmula, algo que requiere de una ley) se cobrarán ingresos superiores que los que se percibirían con la aplicación del cálculo de movilidad previsto en la ley 27.609, que rige desde 2021. Esa fórmula depende de la variación interanual que tiene, en un trimestre de referencia, la recaudación de los impuestos cuya recaudación se deriva, parcial o totalmente, a la Anses, y también de la evolución de los salarios.

Que en los próximos meses se otorguen, sin la atadura a un índice, subas más altas que las definidas por la fórmula vigente hoy, es algo posible. El Gobierno podría mostrar que hace tal cosa y, aun así, ajustar el gasto, si las recomposiciones quedan por debajo del aumento de precios. Habría margen para eso, porque en el contexto actual la movilidad va muy por detrás de la inflación. Para más adelante, si el incremento de precios comienza a aliviarse, entonces al haberse eliminado la movilidad se habrá quitado del camino un mecanismo de indexación que complicaría las cuentas del fisco. Una cuestión que es aún una incógnita es el criterio con el que se darían las subas por decreto.

Al estar basada en lo ocurrido varios meses atrás con la recaudación y los salarios –variables que, en parte, dependen de la suba de precios–, ocurre que, si la inflación tiende al alza, los haberes van en sentido contrario, es decir, pierden capacidad de compra, porque la recomposición se otorga en un momento en el que los precios corren más rápido que antes. Y, a la vez, si cae el índice de inflación, los ingresos de los jubilados se recuperan, pero se produce a la vez un efecto negativo para los números del sector público, porque se incrementa el gasto del Estado y, en este caso, eso ocurriría en medio de un plan que, justamente, busca eliminar los desequilibrios entre ingresos y gastos del fisco, como estrategia contra la inflación.

Dada esa dinámica, lo que se propone el Gobierno con la eliminación de la fórmula es tener la manija, vía el uso de decretos, para controlar lo que ocurra con los haberes y con el gasto previsional en ambos momentos (con la inflación al alza y con la inflación a la baja).

La fórmula tiene una particularidad que recibió cuestionamientos cuando se debatió el proyecto, y que este mes perjudica fuertemente a los jubilados. La ley impulsada a fines de 2020 por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner contempla un tope para la suba anual de los haberes y, en cambio, no prevé un piso.

Es un tope vinculado con la evolución de la recaudación de los recursos que se derivan al organismo de la seguridad social. De hecho, el cálculo dio para diciembre un índice de entre 28% y 29% y, sin embargo, por la vigencia del techo, se otorgó un alza de solo 20,87%, luego de un trimestre en el que el incremento promedio de precios medido por el Indec fue de 34,7%.

“En 2024 la movilidad va a tirar para abajo los haberes en términos reales”, afirma el economista Sergio Rottenschweiler, docente en la Universidad de General Sarmiento y especializado en seguridad social, quien analiza que, con inflación creciente y el tope anual para los aumentos, la baja del gasto se concreta de manera endógena. Según sus datos, elaborados sobre la base de información oficial, este año el pago de jubilaciones y pensiones (sin contar bonos) representará un 5,9% del PBI, mientras que en 2017 ese índice fue de 8%; en 2020, de 8,4% y en 2022, de 6,5%. El ajuste estuvo en marcha.

El gasto total de la Anses en prestaciones, sumando refuerzos a jubilados y también otros pagos, como la AUH y el salario familiar, pasó entre 2022 y 2023, según lo estimado por el economista, de 8,5% a 7,8% del PBI. Entre 2016 y 2020 ese índice se había mantenido por arriba del 9%, con un pico de 12,2% en el año en que hubo pagos especiales, como el IFE, por la pandemia y la cuarentena.

Para los jubilados, las pérdidas en los últimos años fueron diferentes dependiendo del nivel de ingreso, por dos razones. Una se deriva de la política adoptada en 2020. Apenas asumió como presidente, a fines de 2019, Alberto Fernández le pidió al Congreso la aprobación de un proyecto de ley que, entre otras varias cuestiones, previó la suspensión de la fórmula de movilidad que se había puesto en vigencia en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Aquel cálculo había determinado caídas de los haberes, en términos de su valor real, en 2018 y en 2019. En ese bienio se perdió un 14,5% de poder adquisitivo, con una suba de los ingresos acumulada de 94%, frente a una inflación de 127%. En 2020 la fórmula dio una suba anual acumulada de 42,1%, en tanto que los precios subieron 36,1%. Pero la recuperación parcial de los ingresos que podría haber llegado, en la práctica no llegó, porque con la suspensión del mecanismo legal de actualizaciones (que inicialmente fue por 6 meses y que luego se extendió a todo el año), las subas decretadas acumularon entre 24,3%, en el caso del haber máximo que otorga administrativamente la Anses, y 35,3%, en el caso del haber mínimo.

La diferenciación fue, en ese caso, porque en el primer reajuste del año, en marzo, se decidió dar las subas según un esquema que hizo que, cuanto más alto el haber, menor la suba. Al consecuente achatamiento de la pirámide se sumó que todos los jubilados terminaron el año con un alza menor a la inflación.

La otra razón de las subas diferenciales estuvo en la estrategia de otorgar refuerzos, como una forma de compensar la insuficiencia de la fórmula de movilidad, pero solo para los jubilados y pensionados de ingresos más bajos. Esa política se adoptó, como una práctica continua, en septiembre de 2022.

Desde ese mes, quienes tienen la jubilación mínima perciben un importe, sin descuentos, que no está integrado al haber. Esto último significa que, cada vez que se otorga una recomposición según la movilidad, ese adicional no forma parte del importe sobre el cual se aplica el porcentaje de la suba. Además, es un ítem del ingreso que puede quedar eliminado. De hecho, hay un grupo de jubilados (el que integra, de hecho, quien está representado en el ejemplo del primer párrafo de esta nota) que en septiembre de este año dejó de percibir el bono.

Qué ocurrirá con esos refuerzos desde enero es aún es una incógnita. Que el Gobierno decida no pagarlos ni otorgar, por ejemplo, un aumento de emergencia, provocaría que los jubilados de la mínima, o con ingresos levemente superiores a la mínima, reciban bastante menos dinero que el cobrado en los últimos meses. Este mes, quienes tienen el mínimo, de $105.713, perciben un bono de $55.000, en tanto que con haberes de hasta $160.713 hay un adicional del importe necesario para que se complete esa cifra (por ejemplo, con un haber bruto de $150.000, el plus es de $10.713).

En términos netos (es decir, una vez restado el aporte al PAMI), con la jubilación mínima se cobra este mes $157.542 (más $15.000 si la persona es afiliada al PAMI, por la ayuda alimentaria, también temporal, de la obra social). Sin refuerzos, el ingreso neto es de $102.542. Es lo que se percibiría en enero, de no mediar alguna medida. Esta vez, a diferencia de las anteriores, el bono fue establecido con vigencia solo mensual, y no trimestral.

Según Caputo, “no harán falta” los bonos cuando se otorguen, eventualmente, recomposiciones por fuera de la fórmula de movilidad, porque las subas serán, según él, de un nivel más alto. Pero lo cierto es que aún no se resuelven varias dudas y, por ejemplo, no se sabe qué pasará con los ingresos de los primeros meses de 2024. De acuerdo con la ley de movilidad, las recomposiciones se dan cuatro veces al año, en marzo, junio, septiembre y diciembre. Es decir, el esquema (que podría ser eliminado, pero aún no lo fue) no prevé subas para enero.

La frecuencia trimestral de las subas es, en un escenario como el actual, un elemento más de desprotección para los ingresos. “Lo mejor sería ir lo más rápido posible a un esquema de movilidad por inflación, con muy poco rezago [es decir, mirando los datos más recientes] y alta frecuencia en el otorgamiento de las subas –afirma el economista Rafael Rofman, especialista en materia previsional–. Si no pueden hacer eso, una alternativa es derogar el esquema actual e ir a aumentos discrecionales que, en la práctica, se parezcan mucho a la inflación, hasta que se pueda hacer una reforma integral” del sistema previsional.

Si no se hace algo para evitar que los haberes sigan perdiendo valor, “la brecha entre la inflación y la movilidad será tan grande, que hará inevitable que en algún momento haya una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que le haría pagar al gobierno actual y a los gobiernos futuros los errores del anterior”, dice el abogado previsionalista Adrián Tróccoli.

Antecedentes ya hay, claro. La falta de movilidad en algunos períodos, y las distorsiones y retrasos para los ingresos que se produjeron sobre todo en los “momentos puente”, es decir, en el pase de una modalidad de actualización a otra, fueron una fuente importante de juicios de jubilados contra el Estado.

Un caso muy resonante fue el de la política que derivó en el fallo Badaro. En el marco de esa causa, en 2006 la Corte Suprema les ordenó a los poderes Ejecutivo y Legislativo disponer un mecanismo de movilidad, luego de que, durante la presidencia de Néstor Kirchner, los haberes de cientos de miles de jubilados se mantuvieron congelados en años con inflación (solo se recomponía en ese entonces el valor del ingreso mínimo). Aquella situación y la palabra de la Corte, que rechazó esa política de retraso en los ingresos y de diferenciación entre jubilados para definir las políticas, provocó un nivel récord de litigiosidad. Después de varios meses sin respuesta a la sociedad en cuanto a la aprobación de un mecanismo de reajustes, los jueces emitieron en 2007 otra sentencia en la misma causa, y determinaron qué índice utilizar para recomponer los ingresos del demandante.

Ahora mismo, el tribunal supremo tiene pendiente pronunciarse sobre reclamos contra el ajuste a las jubilaciones hecho en 2020, el año en el cual se suspendió –como ya se mencionó– la aplicación de la movilidad aprobada en la gestión previa, para otorgar, por decisiones discrecionales, incrementos más bajos y diferenciados. Varios jueces de instancias inferiores y de diferentes lugares del país le ordenaron a la Anses dar mejoras a los haberes de quienes litigaron. A esa causa de judicialidad se le suma la política reciente del pago de bonos solo para algunos, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo para todos. Hay demandas iniciadas y, según Tróccoli, el argumento de los reclamos es que, con los refuerzos, “el Estado reconoce que la medida de la movilidad debería ser la inflación”.

Más allá de la movilidad, el sistema previsional y también el laboral tienen varios y enormes desafíos. Uno es resolver el problema de la baja cantidad de personas que llegan a la edad de retiro habiendo cumplido con el requisito de tener 30 años de aportes. La respuesta dada en las últimas dos décadas, con moratorias recurrentes que no previeron la manera de financiar los pagos y que provocan inequidades cada vez más fuertes, está muy lejos de resolver la cuestión de fondo: en la Argentina actual, uno de cada dos trabajadores no está registrado.

Por Silvia Stang

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