Jubilaciones nacionales perdieron peso en el presupuesto, mientras lo ganaron los planes sociales

CÓRDOBA.- En los últimos seis años, los jubilados que cobran el haber mínimo perdieron algo más de un tercio de poder adquisitivo. Si a sus ingresos se les suma el bono de $37.000 que pagó Anses en septiembre pasado, la merma se achica al 12%. Y en el caso de los que perciben la jubilación media, la reducción es del 32%, según datos de la consultora Idesa.

En paralelo, otro informe privado muestra que, con respecto a 2019, aumentó el gasto en planes sociales y en subsidios a la energía y el transporte.

Idesa, la consultora que dirige Jorge Colina, analiza qué pasó con las jubilaciones desde septiembre de 2017, cuando comienza la aceleración inflacionaria. Según datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Social, entre ese mes y el mismo de este año, la jubilación media se redujo 32%, y la mínima cayó 38%. Hoy, el haber medio es de $143.800. Para no perder poder adquisitivo, teniendo en cuenta la marcha de los precios, deberían recibir $212.500.

Así, en promedio, los jubilados perdieron casi un tercio de su haber en los últimos seis años. Incluso quienes se beneficiaron con el bono adicional –una decisión discrecional del Gobierno– cobran un 12% menos que en 2017. “Usando como herramienta la muy alta inflación, el Gobierno redujo el poder de compra de las jubilaciones. Mientras se anuncia el pago de bonos y esquemas de jubilación anticipada, la inflación es la que se encarga de hacer el ajuste en el exceso de gasto público, erosionando el valor real de las jubilaciones”, describe el reporte.

La realidad va a contramano de lo que había prometido Alberto Fernández en la campaña electoral que lo condujo a la Presidencia. Había sostenido que las jubilaciones iban a mejorar, entre otras cosas, porque iba a terminar “con el negocio” de las Leliq que hacían los bancos.

Para Colina, el desafío para el próximo Gobierno en materia previsional es “enorme”. Como la fórmula de movilidad actualiza con retraso las jubilaciones, si la inflación se reduce, los haberes van a recuperar automáticamente lo perdido durante la aceleración.

En esa línea, el especialista precisa que la expansión del gasto público es de “una magnitud suficiente como para desestabilizar la macroeconomía, impidiendo sostener la estabilidad de precios”.

Colina grafica que, en 2017, el gasto en jubilaciones era el 8% del PBI, con una tasa de inflación promedio anual de 27%, mientras que en 2022 los precios se aceleraron a una media del 72% y el gasto en jubilaciones cayó a 6,3% del PBI. “Es muy difícil sostener un plan de estabilización si las erogaciones previsionales recuperan ese 1,7% del PBI que se licuó en los últimos seis años”, define.

Colina señala que es “tentador” el “manipular la movilidad previsional” para evitar la recuperación del valor real de los haberes: “Es una estrategia éticamente cuestionable y financieramente inconsistente, ya que generará juicios previsionales que finalmente implicarán expansión del gasto público. La única manera de evitar que la previsión social sea un factor de desestabilización macroeconómica, que lleva a altas tasas de inflación, es ordenando el sistema, cambiar las reglas de organización previsional para que sean financieramente sostenibles en un marco de mayor equidad”.

En un análisis de las fuentes del déficit fiscal acumulado en los últimos cuatro años, el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba refleja que hubo un “fuerte ajuste” en las jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas, que resultaron durante los primeros nueve meses en una caída de 13% en términos reales con respecto a 2019 (en términos nominales, $1,8 billones menos), mientras que también las asignaciones familiares perdieron peso (21%, $450.000 millones menos con respecto a enero-setiembre de 2019).

El salto en el gasto, repasa el informe, se explica por tres conceptos: los planes y programas sociales crecieron un 314% con respecto a los primeros nueve meses de 2019 ($2,5 billones más); los subsidios a la energía subieron 76% ($1,2 billones más) en relación con el mismo lapso y el gasto de capital subió 53%. “Al menos la mitad de este gasto corresponde a la inversión registrada en energía”, concluye el documento.

El resultado es que el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner recibió una economía con un déficit fiscal “primario de 0,4% del PIB y deja como herencia un déficit casi 8 veces mayor (3% del PIB)”.