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Juicio por YPF: Preska rechazó suspender la búsqueda de bienes embargables y la Argentina apelará
Mientras se aguarda una resolución por el caso de fondo y la apelación a la sentencia de pago de US$16.100 millones, la jueza estadounidense decidió mantener el proceso que intenta identificar propiedades del Estado
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LA NACION
“Rechazada” y en mayúscula. Así está escrito el fallo que firmó la jueza norteamericana Loretta Preska con el que le negó a la Argentina suspender el proceso de discovery, que busca bienes del Estado que puedan ser embargados ante el eventual cumplimiento de una sanción por el caso de la estatización de YPF. En respuesta, fuentes de la Procuración del Tesoro confirmaron a LA NACION que el país apelará esta decisión.
Para la Argentina, la situación llegó a un “punto de no retorno”, tal como reconocieron fuentes con conocimiento del caso. La postura considera que el discovery ha sido “abusivo” y que no persigue el objetivo de buscar bienes embargables. Esto va en línea con lo que había expresado la Procuración del Tesoro, a fines de enero, cuando habló de “hostigamiento sistemático”.
El proceso de ‘discovery’ se desprende del caso por la estatización de YPF, por el que la Argentina ha sido condenada en primera instancia a pagar US$16.100 millones. Esto ya fue apelado y el país espera una resolución que logre revertir lo que Preska resolvió previamente. Del otro lado está el demandante -el estudio internacional Burford Capital- que compró los derechos a litigar de las sociedades (Petersen Energía y Petersen Inversora) creadas por la familia Eskenazi. Esta firma no sólo busca que la Justicia estadounidense ratifique la sentencia sino que, en paralelo, ha impulsado el expediente que busca bienes embargables.
“Suspender todo”, resumió una fuente con conocimiento del caso sobre la postura argentina. Esto hace referencia a la apelación que el país presentará luego de conocer el rechazo de Preska ante su solicitud de dejar sin efecto el discovery.
Desde la Procuración del Tesoro sostuvieron que se presentaron cerca de 115.000 elementos probatorios como muestra de la actitud colaborativa que demostraron en los tribunales estadounidenses. Entre esos documentos se encuentran declaraciones, expedientes públicos, información sobre actividades comerciales del Estado y chats de funcionarios y exfuncionarios.
Esto último representó un tema sensible en la discusión ya que se trata de las conversaciones personales de personas que pasaron por la función pública y otras que todavía continúan en ella. “De esos 36, algunos prestaron colaboración”, indicaron.
Otro asunto que generó cruces entre las partes fue el pedido de Preska dirigido a la Argentina para que informe dónde se encuentran las reservas en oro del Banco Central, algo que el país contestó que no podía hacerlo al alegar que la entidad monetaria es un organismo autárquico.
En frente de la Argentina está la iniciativa de Burford. Los demandantes del país, antes de que terminara el 2025, propusieron a la jueza Preska un cronograma de presentación de mociones de sanciones. Allí plantearon que el 15 de enero podrían entregar esa solicitud contra la Argentina. A su vez, según el calendario de los demandantes, el país tenía tiempo para responder hasta el 19 de febrero.
La defensa argentina presentó cerca del final del período de tiempo que tenía. Allí volcó su postura sobre lo “injusto” y “excesivo” que sería imponerle al país sanciones económicas por un presunto desacato, en el que el Estado niega haber incurrido.
Por lo tanto, el caso YPF comenzó a transitar semanas de progresiva tensión. El discovery trajo un revés para la Argentina, que no se quedará de brazos cruzados e insistirá con su apelación. De todos modos, este expediente pasa a un segundo plano ante la otra apelación que la defensa de la Procuración presentó por el caso de fondo y que hace referencia a la estatización de YPF.
Esto último está en manos de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. Su decisión podría dejar sin efecto todo esto, o consolidar los fallos de Preska, que han sido desfavorables para el país. La resolución de esta historia, de por ahora US$16.100 millones, todavía no tiene fecha.
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