La Argentina debe derogar con suma urgencia la ley cerrojo

Marcelo Etchebarne Mihanovich
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6 de julio de 2013  

Es imperativo que la Argentina derogue la ley cerrojo con urgencia y presente el cambio en los tribunales de Nueva York.

Esto mejoraría las chances de la República en las instancias futuras, sobre todo ante la inminente sentencia de la Cámara de Apelaciones en el juicio contra el país de un grupo de bonistas que siguen en default.

Además, sería lo jurídicamente correcto por un principio constitucional de igualdad ante la ley.

Todos aquellos bonistas a los que la República les dejó de pagar tienen el derecho a recibir el mismo trato y, desde ese punto de vista, la ley cerrojo es claramente inconstitucional. Si hubiera tenido alguna utilidad ya no existe y es causa de graves perjuicios para el país.

Recordemos que en el caso del pari passu los demandantes reclaman sentencias por aproximadamente US$ 1400 millones (sobre US$ 448 millones nominales y por los que Argentina ofreció US$ 210 millones). Sin embargo, según la información disponible en Public Access to Court Electronic Records (Pacer) estos litigantes tendrían sentencias totales por US$ 5500 millones (si no se hubiera realizado el canje 2010 el monto de sentencias contra la República sería de US$ 38.000 millones adicionales).

A ese monto deben sumarse las sentencias de otros litigantes. Lo único por determinar es si el tribunal emitirá el fallo antes del recambio de sus law clerks (asistentes letrados) a fin de este mes, o lo hace con los nuevos (en ese caso podría demorar un par de meses más).

La última demora se debió al inicio de un juicio por tenedores de bonos de los canjes 2005 y 2010 en Bruselas pidiendo que Euroclear cumpla con su obligación de pago. Luego solicitaron al tribunal de Nueva York que espere la sentencia de Europa que podría ser contraria a su fallo. El 28 de junio se rechazó inicialmente la demanda de Bruselas por ser prematura.

El tribunal europeo consideró que los demandantes actuaron bajo la presunción de que la Argentina efectivamente les pagaría en la fecha de vencimiento en violación de una orden de un juez americano.

Dijo que esa presunción era puramente especulativa, quizá asumiendo que sería inhabitual que una parte no cumpla con una orden judicial. Manifestó que los demandantes sólo se basan en las declaraciones del vicepresidente Amado Boudou, pero que ellas no establecen cómo ni cuándo se harán los pagos a los bonistas. Señala, en particular, que las declaraciones no establecen que los pagos se harán bajo el Trust Indenture (contrato que regula los pagos a través de Bank of New York o BoNY). Insinúa quizá que la Argentina podría cambiar la forma de pago.

Aún en caso de que la Argentina pague a BoNY Luxemburgo este debe transferir los fondos a BoNY Bruselas en Deutsche Bank (Francfort).

Recién ahí BoNY Bruselas podría transferir a Euroclear. Todas esas instituciones están sujetas a la orden del tribunal americano y, si el pago no llega a Euroclear, éste no puede pagar a los bonistas.

Es clave que la Argentina pueda encontrar una solución a los problemas legales del default.

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