La coparticipación redistribuye y genera sorpresas

Cualquier país del mundo se caracteriza naturalmente por tener en su geografía la coexistencia de jurisdicciones ricas y jurisdicciones pobres. Esto hace que las capacidades de recursos para llevar adelante la prestación de bienes públicos no sean homogéneas y, por ende, la creación de un sistema de transferencias es el instrumento que puede tender a equipararlas.

La pregunta casi obvia que surge es ¿equiparlas para qué? Si se tiene en cuenta el principio básico de "igualdad de oportunidades", se puede plantear que lo más equitativo es que cada jurisdicción, independientemente de su nivel de riqueza, esté en condiciones financieras de garantizar como mínimo la prestación de un paquete estándar de bienes públicos.

Bajado a la Argentina sería, por ejemplo, que un niño que vive en La Quiaca reciba el mismo paquete educativo (en cantidad y calidad) que otro que vive en Ushuaia. Este sería el concepto de nivelación fiscal, que obviamente no implica que cada una de nuestras provincias deba recibir un mismo monto de coparticipación per cápita.

¿Qué es lo que sucede en nuestro país con la coparticipación?

La discusión por la distribución de la renta fiscal entre Nación y provincias en primer lugar y, entre las propias provincias en segundo, es casi permanente y no vale la pena abundar en el hecho de que hace más de diez años que debería haberse establecido un nuevo sistema, cuyos lineamientos básicos están descriptos en la Constitución Nacional.

Si se va a los números y se clasifica a las jurisdicciones de acuerdo con el nivel de ingreso y la densidad poblacional, se pueden definir cuatro grupos bien diferenciados: el de altos ingresos y alta densidad; el de altos ingresos y baja densidad; el de bajos ingresos y alta densidad; y, por último, el de bajos ingresos y baja densidad.

Observando el gráfico adjunto se aprecian claramente las diferencias que existen tanto entre grupos como dentro de los mismos grupos. Analizando las jurisdicciones de alta densidad poblacional, se observa que el grupo de altos ingresos recibe, en promedio, una transferencia per cápita un 50% menor que la del grupo de bajos ingresos.

Esto permite decir que el sistema actual tiene características redistributivas, pero a partir de eso poder calificar si se está en línea o no con la nivelación fiscal es algo imposible de hacer.

Mirando dentro de los mismos grupos surgen también diferencias que vale la pena tener en cuenta a los efectos de elaborar un buen diagnóstico de situación.

Si se va al grupo de menores ingresos y densidad llama la atención que un habitante riojano reciba en promedio un 91% más de transferencias que sus compatriotas de Salta.

Como puede apreciarse, el esquema actual no responde a objetivos claros de distribución y ocasiona, en algunos casos, disparidades difíciles de explicar.

Algunos avances

Es interesante marcar que cuando se debatan este tipo de cuestiones es necesario hacerlo con un enfoque integral, que escape al punto único de la distribución de recursos fiscales.

La ley de responsabilidad fiscal sancionada hace poco avanza sobre muchos de los aspectos centrales. El gran desafío es darle un acabado cumplimiento en toda su extensión, para evitar nuevos fracasos, que directa o indirectamente terminan impactando negativamente en el bienestar de los ciudadanos.

Todos los instrumentos deberían apuntar a un progresivo alcance de un sistema que equipare capacidad con necesidad fiscal, garantizando siempre la "igualdad de oportunidades".

Planteada la cuestión como un juego de suma cero (el que gana participación lo hace a costa de al menos uno que pierde), resulta difícil encaminar una solución sostenible.

Hay que encontrar el mejor esquema de incentivos que permita que todos vean que si juegan adecuadamente pueden ganar sin que otro pierda.

Los ATN, sin el protagonismo de los 90

• A diferencia de lo que ocurría en los años noventa, los aportes del tesoro nacional (ATN) han dejado de ser una de las herramientas preferidas para enviar dinero discrecional a las provincias. El fondo, que se acumula en una de las cuentas del Ministerio del Interior, ha tenido un movimiento marginal, si se lo compara con otras cuentas. Según el Informe Fiscal que difunde le Ministerio de Economía en 2006 se canalizaron por esa vía 105,3 millones de pesos contra 79 millones que partieron en 2005. Ahora, la discusión por los ATN no cuestiona el reparto discrecional sino, paradójicamente, la falta de distribución ya que el fondo se integra en forma automática.

Por El autor es director de investigaciones del Ieral de la Fundación Mediterránea.

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