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La Corte analiza un pedido de vivienda al gobierno porteño
Los jueces llamarían a una audiencia para tratar el litigio de una persona que vive en la calle
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LA NACIONAdrián Ventura
La Corte Suprema podría realizar una audiencia pública para debatir una demanda que presentó una mujer en situación de calle que le reclamó al gobierno de Mauricio Macri el derecho a obtener una vivienda digna. Todavía no se tomó la decisión que los jueces del alto tribunal comenzaron a evaluar en el último acuerdo.
Pero, de realizarse ese acto público, el caso "Q.S." podría generar una enorme expectativa, no sólo por la importancia del derecho que se discutiría en esa audiencia, sino también por la enorme repercusión fiscal que podría tener tanto para el Estado nacional como para las provincias y municipalidades.
Los jueces estaban tratando de llegar a un consenso sobre la fecha de esa posible audiencia -que podría realizarse antes de fin de año-, aunque en la Corte no todos tienen el mismo grado de convencimiento sobre la conveniencia de llevar ese caso a un debate oral y público.
La demanda fue presentada hace seis años por Q.S. (una mujer de quien se conoce su nombre, pero se lo reserva para preservar su intimidad), que vive en situación de calle junto con su hijo discapacitado.
La señora obtuvo una sentencia favorable en un juzgado porteño y la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad rechazó el recurso que presentó el gobierno de Macri. Pero el Tribunal Superior, finalmente, lo revocó. Por eso, el tema llegó a estudio de la Corte por vía de recurso extraordinario.
El derecho a la vivienda digna está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, pero no hay acuerdo ni claridad sobre sus alcances. ¿Significa que el Estado debe regalarle una vivienda? ¿Debe dar un crédito blando para que la persona la compre y pague el crédito? ¿O se satisface dando alojamiento gratuito en inmuebles de la ciudad? En el caso, Q.S. pide que la ciudad le entregue una vivienda.
Obviamente, como todo caso que resuelve la Justicia, la sentencia que eventualmente se dicte tiene efectos para el caso particular. Y, además, la Corte, cada vez que enfrenta un caso cuya decisión puede tener efectos expansivos, trata de hacer hincapié en las particularidades del caso, para demostrar que su fallo no se multiplicará una infinita cantidad de veces.
Sin embargo, lo cierto es que la Corte, bajo la presidencia de Ricardo Lorenzetti, viene dictando una jurisprudencia marcadamente protectora de los derechos sociales.
Efecto multiplicador
En el caso de los jubilados, cuando resolvió el caso Badaro y reconoció el derecho patrimonial de un jubilado a obtener un ajuste de su haber, la Corte hizo hincapié en las particularidades del caso para decir que otras sentencias similares irían goteando de a poco. Pero lo cierto es que en la actualidad hay casi 400.000 jubilados que demandan la aplicación del caso Badaro y la Corte ya aplicó su fallo en otros miles de expedientes.
Lo mismo podría ocurrir con la sentencia que eventualmente se pudiera dictar en el caso Q.S.
En la Argentina hay un índice elevado de pobreza y muchas personas viven en situación precaria (según la evaluación muy conservadora que dio el último censo, son 444.000 personas).
Esto ocurre en todas las provincias, pero especialmente es más relevante en los grandes centros urbanos, que por su potencial atraen a personas de otras regiones que buscan trabajo y más oportunidades.
