La Corte de EE.UU. rechazó el pedido argentino y el millonario juicio por YPF seguirá en Nueva York

El juicio por la estatización de YPF estará a cargo de Loretta Preska, sucesora de Thomas Griesa. El gobierno argentino intentará probar que la demanda carece de fundamento porque la venta de acciones a los Eskenazi habría sido fraudulenta.
El juicio por la estatización de YPF estará a cargo de Loretta Preska, sucesora de Thomas Griesa. El gobierno argentino intentará probar que la demanda carece de fundamento porque la venta de acciones a los Eskenazi habría sido fraudulenta. Crédito: Shutterstock
Rafael Mathus Ruiz
Pablo Fernández Blanco
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24 de junio de 2019  • 11:00

WASHINGTON.- En un duro y previsible revés para la Argentina, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos asestó el golpe final a la estrategia del gobierno de Mauricio Macri para desactivar la multimillonaria demanda del fondo Burford por la estatización de YPF , y dio la luz verde definitiva para que el juicio continúe en Nueva York.

Meses de presentaciones judiciales, gestiones diplomáticas, viajes a Washington y Nueva York y el diseño de una estrategia judicial pulida resultaron inocuos para convencer a la Justicia de Estados Unidos, que ante cada oportunidad ha validado los argumentos presentados por el fondo Burford, dueño de uno de los principales juicios contra el país, valuado por abogados argentinos en unos US$3000 millones.

Hoy, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que declinó un pedido de la Argentina sobre la demanda por la estatización de la petrolera, en 2012, una decisión que dejó en firme los fallos anteriores de los tribunales estadounidenses, que fueron desfavorables para el país.

Tras la decisión del máximo tribunal, las acciones de Burford se dispararon, y la firma anunció la venta de un 10% adicional de su reclamo a 11 inversores institucionales por US$ 100 millones, lo que implica un valor total para su demanda de 1000 millones de dólares. Burford indicó que retiene el 62,5% del juicio, y que unos 40 inversores institucionales ya han invertido en el juicio.

Estrategia fallida

La apuesta de la estrategia oficial, comandada por la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías, era que el máximo tribunal norteamericano tomara el pedido y, en última instancia, desestimara la demanda en Estados Unidos para "mudar" el juicio a la Argentina. De esa manera, en el Gobierno esperaban que Burford desistiría de litigar porque tendría escasas chances de imponerse, y para iniciar el juicio debía pagar una tasa de justicia del 3% sobre una suma millonaria. Pero no sucedió.

Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sabat

A la par, el Gobierno preparaba la defensa para el juicio. La demanda por la estatización de YPF seguirá su curso en el tribunal de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, sucesora de Thomas Griesa, y una figura clave para el futuro argentino, no sólo por la demanda por YPF, sino también porque tiene otras dos demandas importantes contra el país. Saravia está en Nueva York, donde trabaja con los abogados del estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, en un escrito para Preska.

"Creo que ganamos el juicio. Tenemos muy buenos argumentos de fondo", indicaron fuentes oficiales.

El Gobierno también hará uso de la herramienta del "discovery" para buscar nueva información, como, por ejemplo, demostrar que la compra de las acciones de YPF por parte de los Eskenazi habría sido fraudulenta, algo que la familia niega taxativamente.

"Queremos que se investigue todo. Esto abre todo el espectro", indicaron.

La decisión

Antes de emitir su decisión, la Corte le había pedido al procurador General de Estados Unidos, Noel Francisco, el abogado de la Casa Blanca ante el máximo tribunal, su opinión sobre el caso. A mediados del mes pasado, en un revés que anticipó el desenlace final conocido hoy, Francisco había recomendado desechar el pedido argentino. Eso, pese a las gestiones diplomáticas y legales del gobierno de Mauricio Macri en Washington para que el gobierno de Trump, un aliado de la Casa Rosada, ayudara en la difícil misión de obtener una decisión favorable para la Argentina. No ocurrió.

Los demandantes sostienen que, al momento de la estatización, el gobierno de Cristina Kirchner violó los estatutos de la compañía, según los cuales debía hacerse una oferta al resto de los accionistas de la petrolera. El Gobierno intentó desestimar la demanda en EE.UU. amparado en el argumento de que la expropiación de YPF fue un acto soberano, y, por lo tanto, está amparado por la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA, según sus siglas en inglés).

Preska y la Corte de Apelaciones de Nueva York coincidieron con Burford, al considerar que la demanda estaba basada en la violación de los estatutos de YPF, y no en "los actos soberanos de intervención y expropiación de la Argentina".

Burford, un megabufete que compra juicios por poca plata con la expectativa de ganar mucho, adquirió en España la posibilidad de demandar a la Argentina por la quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, compañías que la familia Eskenazi creó en ese país para esquivar el riesgo jurídico doméstico antes de comprar una parte de YPF, en 2008.

El juicio por YPF en los Estados Unidos se cruza también con los caminos que tejerá la política argentina a partir de octubre. La estrategia oficial difícilmente subsista un triunfo kirchnerista. Dicho de otra manera: ¿Se atreverá el eventual presidente Alberto Fernández a cuestionar la transparencia de una operación favorecida por el gobierno del que él formaba parte y salpicar la gestión de los Eskenazi, de la cual él fue asesor? La práctica judicial no tendría dificultades con eso, aunque desde el punto de vista político se trataría de un entuerto.

Axel Kicillof, uno de los principales artífices de la estatización de YPF, hoy candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, había negado de manera rotunda extender la oferta de expropiación a todos los accionistas de YPF.

"Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF", había dicho Kicillof, en 2012.

Pese al fallo, YPF reabrió el mercado con un bono a 10 años

Pese al impacto del fallo, YPF logró reabrir el mercado internacional de deuda, que estaba cerrado para las empresas argentinas desde abril de 2018, al colocar un bono por US$500 millones a 10 años a una tasa del 8,875% anual. La colocación, timoneada por los bancos Citi, HSBC e Itaú, se pudo llevar a cabo porque estaba conversada previamente con grandes fondos de inversión, según explicaron a LA NACION en el mercado.

La compañía había anunciado que podía ampliar la emisión hasta US$ 1000 millones, lo que no hizo para cuidar su costo y poder dejarlo debajo del que rinde un bono argentino a ese plazo. El papel tiene fecha de emisión el 27 de junio (vencerá el mismo día de 2029) y pagará un cupón semestral de interés del 8,5% anual los 27 de junio y 27 de diciembre de cada año.

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