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La crisis autoinfligida de Erdogan
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La dramática batalla entre el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) gobernante en Turquía y su antiguo aliado, el movimiento religioso Hizmet, encabezado por el clérigo exiliado Fethullah Gülen, empezó a revelar las violaciones del Estado de Derecho que en gran escala esos dos grupos cometieron para consolidar su poder. Fiscales a los que se considera simpatizantes de Gülen lanzaron una investigación muy amplia sobre la corrupción que hasta ahora ha afectado a cuatro ministros y ha llegado hasta el hijo del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan.
Erdogan y sus asesores ahora contraatacan. Acusan a los gülenistas de montar un "golpe burocrático" y de recurrir a una gran diversidad de sucias artimañas: desde "colocar pruebas" contra generales que fueron condenados por conspirar para derribar a Erdogan hasta hacer "numerosas escuchas telefónicas".
Ahora se reconoce de forma generalizada lo que fueron en verdad los transcendentales juicios de los supuestos conspiradores para el golpe militar: cazas de brujas basadas en pruebas que en el mejor de los casos eran muy endebles y en muchos casos pura y simplemente fabricadas. Los juicios fueron orquestados por policía, fiscales y medios de comunicación gülenistas, pero contaron con el decisivo apoyo del gobierno de Erdogan. El intento por parte de su bando de lavarse las manos respecto de dichos juicios y culpar enteramente a los gülenistas no es sincero.
En cierta ocasión, Erdogan hizo la famosa declaración de que él era el fiscal en el caso Ergenekon, supuestamente encaminado a revelar y combatir el "Estado oculto" turco compuesto de oficiales militares y nacionalistas laicos, pero que iba destinado a una gran diversidad de oponentes políticos. Cuando salieron a la luz los documentos –horrorosos, pero enteramente fabricados– en los que se basaba la ficticia conspiración para el golpe de Sledgehammer, Erdogan les dio crédito al decir que estaba al tanto de esas tramas. Sus ministros atacaron a los acusados y pusieron en la picota al único juez que formuló una resolución a favor de ellos previa al juicio.
Además de esas declaraciones públicas, el gobierno de Erdogan hizo todo lo que estaba en su poder para velar por que ésos y otros juicios políticos (incluido uno enorme con centenares de activistas kurdos acusados) concluyeran del modo preparado de antemano. En particular, se nombró a jueces que o eran gülenistas o estaban dispuestos a cumplir las órdenes del movimiento. Hubo oídos sordos ante las innumerables quejas sobre las flagrantes violaciones del Estado de Derecho.
En estos días, Erdogan y sus asesores dicen cosas muy diferentes. Su nueva postura estriba en que en esos juicios hubo irregularidades. Los gülenistas han creado un Estado dentro del Estado. La razón para esa conversión es clara: Erdogan necesita aislar y avergonzar a los gülenistas, con quienes ahora se disputa el poder en una batalla enconada. Los gülenistas disfrazaron su campaña contra Erdogan de investigación sobre corrupción.
En agosto de 2010, Erdogan tuvo una oportunidad de oro con el referéndum constitucional. Su victoria confirmó que estaba afianzado en el poder y poco podía temer del ejército y otros elementos de la vieja guardia ultralaicista. Podría haber renunciado a las manipulaciones. En aquella época, yo escribí que, si no cambiaba de rumbo, "el país caer[ía] más profundamente en el autoritarismo, las divisiones políticas llegar[ían] a ser irreconciliables y otra ruptura política [podría] resultar inevitable". Lamentablemente, esa predicción se ha cumplido.
Erdogan hoy dispone de pocas opciones válidas, pero aún podría dar vuelta la situación. Las maquinaciones gülenistas han creado un gran espectro de oposición; casi todo el mundo –nacionalistas, activistas kurdos, laicistas, islamistas tradicionales, socialistas y liberales– ha sido blanco de intrigas en un momento u otro. En principio, Erdogan podría movilizar una coalición para apoyar reformas.
Naturalmente, a ninguno de esos grupos le importaría ver caer a Erdogan envuelto en llamas; así, pues, todos desearían algo a cambio para unirse a esa coalición. Esas concesiones serían el precio necesario que debería pagar Erdogan y que tiene bien merecido por haber conducido a Turquía a su actual embrollo.
Erdogan parece decidido a desaprovechar la oportunidad. Ha optado por endurecer su poder autocrático, al pasar a ser el organismo que nombra a fiscales y jueces un apéndice del Ministerio de Justicia. Parece creer que puede conservar suficiente popularidad para resistir la crisis sin ampliar su coalición.
La batalla entre Erdogan y el movimiento de Gülen llegó a un punto en el que resulta difícil una reconciliación. Lo bueno es que salió a la luz la corrupción y la manipulación judicial. Lo malo es que la democracia turca será la perdedora. Por lo menos a corto plazo.
El autor es profesor de Ciencia Social en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton
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