La deuda en penumbras

Aunque Cristina Kirchner haya recomendado "ver lo que pasa en el mundo (en alusión a la crisis griega) en vez de mirarnos el ombligo", una investigación realizada por dos especialistas locales aconsejaría lo contrario. Máxime cuando Axel Kicillof acaba de pronosticar "más de lo mismo" si el oficialismo gana las elecciones, mientras el déficit fiscal y cuasi fiscal en 2015 se aproxima a 10% del PBI.

El trabajo de los economistas Lisandro Barry y Carlos Quaglio (ex secretario y subsecretario de Finanzas en 2002), hace el inventario de los pasivos del Estado que denominan "deuda en penumbras" y revela que alcanzan a unos 60.000 millones de dólares (12% del PBI). Una cifra que compromete al futuro gobierno, al imponer limitaciones al acceso al financiamiento externo y también a futuras inversiones. En una apretada síntesis, sus datos hablan por sí mismos:

Deuda con los holdouts. Un cálculo más ajustado que el oficial la ubica en US$ 16.441 millones, incluyendo capital e intereses. De ese total, 1626 millones corresponden al juicio ganado por NML y otros fondos buitre; 8546 millones, a los denominados me too; 6190 millones, a acreedores europeos (incluyendo una demanda colectiva ante el Ciadi), y 78 millones, a japoneses.

Demandas pendientes en el Ciadi. Aunque Kicillof concretó en 2013 el pago de cinco sentencias a favor de compañías extranjeras, todavía existen 47 juicios pendientes por US$ 11.700 millones. Se desglosan en 4 con fallos en firme; 16 a la espera de sentencia, 17 en trámite y 10 en estado latente o suspendidos. Entre ellos se incluye una demanda de acción colectiva promovida por 75.000 acreedores con títulos públicos en default por US$ 1500 millones, que fueron deducidos del total e incluidos (junto con los intereses estimados) en el punto anterior.

Juicios en la Uncitral. En esta Comisión de las Naciones Unidas para Leyes de Comercio Internacional se tramitan 7 juicios por US$ 2850 millones contra el Estado argentino, promovidos por compañías internacionales a raíz de incumplimientos contractuales.

Juicios en la CCI. En la Cámara de Comercio Internacional existen reclamos del orden de US$ 450 millones, originados también en incumplimientos y diferendos contractuales.

Deuda flotante del BCRA con importadores. Según información divulgada por la Cámara de Importadores (CIRA), la deuda acumulada al mes de junio último asciende a unos US$ 5500 millones. Esta suerte de financiamiento compulsivo contribuyó al estancamiento económico de los últimos años.

Deuda acumulada del BCRA por utilidades, dividendos y regalías. Según la información recogida por los autores, el BCRA no llevaría actualmente registros debido a que, salvo contadas excepciones, tampoco acepta solicitudes de giros al exterior por estos conceptos desde el cepo cambiario. De ahí que hayan realizado una estimación sobre la base de los pagos concretados en los cinco años anteriores a 2012, que llevaría el total acumulado a US$ 14.700 millones. Dado que muchas firmas impedidas de girar divisas optaron por efectuar inversiones -especialmente inmobiliarias-, se estima de manera oficiosa una deuda de alrededor de US$ 10.000 millones. Esta deuda compulsiva también contribuye a explicar el magro desempeño de la inversión externa durante los últimos años.

Juicio contra YPF y el Estado. Fue promovido en Nueva York por el fondo Burford Capital Ltd. por incumplimiento de los estatutos de YPF al ser reestatizada en abril de 2012. El planteo es que cualquier adquisición de una porción de control de la petrolera (como la que tomó el Estado, de 51%) obliga a hacer una oferta por todas las acciones y dicha cláusula no se respetó. Aun cuando no está cuantificada, la demanda oscilaría entre US$ 1800 y 2500 millones, pero podría elevarse si otros accionistas adhirieran al reclamo judicial.

Deuda del Estado con empresas petroleras. Supera actualmente los 600 millones de dólares y se afecta a compañías beneficiarias del programa Petróleo Plus, lanzado en 2008 para incentivar el aumento de la producción y reservas de crudo y derivados. El programa, consistente en la entrega de certificados de crédito fiscal aplicables al pago de retenciones, fue suspendido por el Gobierno a principios de 2013 y posteriormente se redujo la alícuota de derechos de exportación. Como consecuencia, las empresas que habían acumulado acreencias previas a favor no pudieron canjear esos certificados. Posteriormente, la fuerte caída del precio del petróleo tornó más complejo el escenario, ya que las retenciones virtualmente desaparecieron. Aunque el Gobierno anunció su intención de ampliar la emisión del Bonar 24 para cancelar la deuda, el conflicto con los holdouts la mantiene frenada.

Además de estos pasivos y reclamos judiciales en dólares, que potencialmente suman US$ 47.000 millones, el trabajo incluye además la cuantiosa deuda estatal en pesos también pendiente y que superaría los $ 114.000 millones (equivalentes a US$ 12.500 millones de dólares al actual tipo de cambio oficial):

Deuda previsional. Actualmente existen unos 620.000 juicios previsionales contra el Estado nacional, de los cuales más de 214.000 tienen sentencia a favor pero no han sido liquidados. Como el valor medio de esas sentencias es de $ 278.000, la deuda ascendería a unos $ 59.500 millones. Entre los 406.000 casos restantes hay juicios que no llegaron a la instancia final y otros en los que ya nadie promueve el cobro. Pero unos 100.000 en proceso de sentencia agregarían otros $ 28.000 millones y elevarían el total de deuda a unos $ 87.800 millones. Una cifra que torna exiguos los recursos incluidos anualmente en el presupuesto para cancelar esas obligaciones y amplifica el problema ético de demorar pagos a jubilados en edad avanzada.

Deuda con obras sociales sindicales. Los atrasos del Estado en el giro de recursos que integran el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) para atender prestaciones de salud de alta complejidad y costo, así como auxiliar a obras sociales de bajo ingreso promedio, ascenderían a $ 26.000 millones a valor nominal, sin incluir actualizaciones ni intereses.

Deuda con exportadores por devolución o recupero del IVA. Con atrasos en los pagos por intervenciones de la AFIP, que promedian entre 8 y 9 meses sin ningún tipo de ajuste, no existen datos oficiales sobre la magnitud de esta deuda que, junto con el atraso cambiario, encarece las exportaciones y les resta competitividad.

Por Néstor O. Scibona

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