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La economía aún espera ver el pragmatismo de Alberto
Peronista, pragmático y negociador. Desde un comienzo, empresarios, inversores y actores políticos le atribuyen al presidente Alberto Fernández estas tres cualidades. Las tres, combinadas, eran para el sector privado (aun para quienes venían apoyando al macrismo) la garantía del lucimiento de la nueva gestión. A 90 días de haber asumido, el liderazgo de Fernández no termina de configurarse y sus virtudes se diluyen en medio de la puja de poder en la coalición gobernante.
Es una máxima refrendada por la historia reciente: sólo el peronismo puede gestionar un país al borde de la ebullición y hacer reformas de fondo como las que exige la economía argentina. La idea generalizada era que Fernández, con su pragmatismo, podía encarar, además, los dilemas económicos sin el ancla dogmática que supo apoderarse del gobierno de Cristina Kirchner. Negociador, llegaba con la promesa de romper con la cerrazón kirchnerista y la soberbia del macrismo que terminaron alejando por igual a empresarios e inversores.
Pero las demoras en las designaciones de las terceras, cuartas y hasta quintas líneas de la administración central alimentan las dudas del sector privado. Según un relevamiento exclusivo del Cippec para LA NACION, en los niveles más altos de la estructura organizacional del Gobierno -unidades de gabinete de asesores, secretarías y subsecretarías- aún quedan cantidad de sillas vacías.
Uno de los casos más graves es del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que al miércoles pasado sólo tenía cubiertas el 25% de las secretarías y el 60% de las subsecretarías. La cifra apenas mejoró el viernes, tras la publicación de la designación de Javier Fernández Castro como secretario de Hábitat. Su nombre había llegado a la oficina del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el lunes. Un cargo que parece fundamental en un gobierno que plantea hacer de la política social y de vivienda un puntal de la gestión.
"Pasaron casi 90 días y no deja de ser llamativo para un gobierno peronista [que haya todavía tantos cargos vacantes]. Hay una cuestión de negociación política que no está saldada y un estilo del presidente de querer mirar todo. Además del contexto de austeridad fiscal y de la renegociación de la deuda, que no ayuda", dice Gonzalo Diéguez, director del Programa de Gestión Pública del Cippec. Quienes conocen de cerca a Alberto Fernández avalan su análisis. "Alberto está haciendo equilibrio en su coalición y al mismo tiempo construyendo un liderazgo propio. Está encima de todo, porque no quiere designar a gente que después le puede jugar en contra", admite un colaborador. Al Fernández componedor pareciera estar costándole más de la cuenta la negociación con sus propios aliados.
Es cierto que la velocidad en el armado del organigrama de gobierno es bastante superior a la que supo existir en el macrismo, a quien le llevó varios meses poner en funcionamiento el Estado. Pero no parece propia de un gobierno peronista. Los ministerios que todavía tienen mayor cantidad de cargos incompletos son en su mayoría los que suelen tener mayor compromiso y consenso político: Obras Públicas (falta designar el 50% de las subsecretarías), Transporte (están incompletas el 33% de las secretarías y el 29% de las subsecretarías), Justicia y Derechos Humanos (25% de las subsecretarías) y Turismo y Deportes (el 33% de las secretarías y el 14% de las subsecretarías).
Las demoras en las designaciones no escapan a la mirada de los actores económicos. En paralelo (o como consecuencia) hay también una alarmante subejecución presupuestaria. El periodista Gabriel Ziblat escribió en Perfil el fin de semana anterior que el Ministerio de Hábitat sólo ejecutó hasta fin de febrero el 0,2% de su presupuesto; el de Obras Públicas, el 2,3%.
Dudas con la deuda
El pragmatismo del líder de la coalición es otra virtud que empieza a ponerse en duda. La estrategia elegida por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para negociar la deuda privada despierta no pocos cuestionamientos. Se espera que en los primeros días de esta semana se dé a conocer el decreto con los primeros lineamientos del canje. Poco anticipó el ministro a los representantes de los fondos internacionales con los cuales se reunió la semana pasada sobre la propuesta que planea presentarles. El problema, advierten los negociadores más experimentados, es que la oferta no dependerá de lo que quiera ofrecer la Argentina, sino de lo que están dispuestos a aceptar los fondos.
Algún gestor de fondos describió a Guzmán a la salida de su encuentro como un "Sturzenegger heterodoxo", en alusión al presidente del Banco Central de Macri, por su visión de la realidad académica y algo intransigente. Guzmán podrá cumplir a rajatabla el cronograma que se impuso para la deuda, pero eso no le garantiza un final exitoso. Pocos en Wall Street creen que pueda postergar pagos por tres o cuatro años si no ofrece además algún tipo de compromiso que garantice un sendero macro, como podría ser un acuerdo con el FMI o una ley de responsabilidad fiscal. "Aunque después no los cumplan", admite con resignación un gestor de uno de los fondos con asiento en Wall Street.
El default es, al final del día, una decisión política. Los inversores que confían en que en última instancia prevalezca el pragmatismo de Fernández le asignan bajas probabilidades, a pesar de las duras declaraciones que en los últimos días hicieron en Economía.
Lo que nadie desconoce es que Fernández sabe jugar al límite. Lo hace al menos en su política exterior, donde por momentos no deja de desconcertar. Por ejemplo, pese a haber sido crítico del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ahora envía señales de apertura y encarga informes de impacto. Hay incluso una convocatoria de Cancillería para el jueves para una nueva ronda de consultas con el sector privado; a los asistentes se les pidió que bloquearan cuatro horas de sus agendas.
Al mismo tiempo, con Estados Unidos muestra una vocación de diálogo opuesta a la que existió en el cristinismo. El embajador Edward Prado viene manteniendo encuentros con los principales ministros, que muestran interés por mantener muchos de los programas de cooperación vigentes. Pero luego en Estados Unidos miran con recelo la postura de Fernández ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde promueve la salida del uruguayo Luis Almagro, que tiene el apoyo del gobierno de Trump.
Son muchos los frentes abiertos. Uno que promete complicarse en las próximas semanas es el que mantiene el PAMI con los laboratorios. La industria farmacéutica no logra ponerse de acuerdo con la obra social de los jubilados y pensionados sobre el programa de 170 medicamentos esenciales gratis que prometió el Gobierno a mediados del mes pasado. No hay garantías, dicen, de cómo se va a controlar que no se desmadre la dispensa de unidades (hoy ya se dan 4,5 millones de unidades gratis).
Tampoco hay acuerdo con respecto a la deuda de $10.000 millones que el PAMI acumula con la industria desde la era Macri ni de cómo se pagarán las prestaciones actuales (no hay desembolsos por parte del organismo desde el 10 de diciembre). Y mucho menos, no se logra discutir cómo será el convenio marco que regirá para la compra de medicamentos a partir de abril, cuando vence el acuerdo actual. La semana pasada hubo dos reuniones entre el PAMI y la industria. Una tercera se suspendió luego de que los representantes de dos de las cámaras, Cilfa y Cooperala, directamente pegaran el faltazo.
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