La injusticia de un régimen impositivo debido a la inflación

Dentro del esquema interminable de recaudación implementado por el Gobierno para sustentar su modelo de distribución de la riqueza, saciar su apetito político y financiar empresas públicas ineficientes, resulta interesante analizar cómo, sin hacer nada, se queda con cada vez más dinero de los trabajadores argentinos, sean empleados en relación de dependencia, autónomos, profesionales o empresarios. Un pluralismo envidiable en este aspecto.

El eje es el impuesto a las ganancias para las personas físicas, cuya determinación se basa en una tabla con escala creciente y progresiva sobre la ganancia obtenida por la persona en un año. La tasa más baja para ganancias anuales de hasta $ 10.000 aplica una alícuota de 9%, en tanto la tasa más alta aplica, para aquellas de $ 120.000 en adelante, con una alícuota de 35%. En el medio de estos extremos, las tasas son, en distintos tramos, de 14, 19, 23, 27 y 31%, en base a ganancias de 20.000, 30.000, 60.000 y 90.000 pesos. Como resultado, el impuesto sería justo y progresivo: quien más gana, más paga.

Ahora bien, si ante la altísima inflación de los últimos años no se adecuan las tablas de ganancias, el resultado es que aumenta la carga impositiva considerablemente, llegando a convertir a este impuesto en una mera apropiación de la riqueza al estilo de los viejos señores feudales.

La tabla de determinación fue establecida en diciembre de 1999, en lo que se denominó "impuestazo", sin haberse modificado nunca para reflejar el efecto inflacionario, lo cual la hace hoy sumamente distorsiva.

¿Cuál ha sido la inflación entre 2000 y 2014? Veamos algo simple: una persona que ganaba $ 10.000 anuales -piso de la escala- en 2000, equivalía a 10.000 dólares. Hoy, el que gana $ 120.000 anuales -tope de la escala- equivale también a 10.000 dólares (pura realidad de la calle, sin discutir los distintos tipos de dólar). Pero en el año 2000, esa persona que tiene el mismo ingreso ajustado por inflación (asumiendo que el dólar es una moneda constante) y la misma capacidad de compra, tributaba 9% de impuesto a las ganancias, en tanto en 2014 debe pagar 35%, porque la escala progresiva nunca se modificó pese al impacto de la alta inflación. Es decir, si aplicamos el impuesto de 2014 en moneda constante, el tramo inferior de la tabla debería pasar de 10.000 a 120.000 pesos, de lo que resulta un impuesto de 9% sobre 120.000, es decir, de $ 10.800, en lugar de los $ 42.000 que debe pagar hoy. Prácticamente, cuatro veces más. ¿Confiscatorio? El lector tiene la respuesta.

Podría pensarse que es temerario usar como parámetro de medición inflacionaria el dólar, que aumentó 12 veces entre 2000 y 2014. Pero veamos otros ejemplos cotidianos: la nafta súper valía en 2001 $ 1 (sí, un peso) el litro. Hoy supera los 12 pesos. El kilo de pan valía $ 1,63, y hoy se acerca a $ 20. En ambos casos, 12 veces más, igual que el aumento del dólar. El kilo de carne valía $ 3,50 en 2001. Hoy supera con creces los $ 60, es decir, ¡17 veces más!

Se debe terminar de medir la inflación en forma engañosa. Ésta es la única verdad, la que encuentra todos los días la gente común y corriente, que no entiende de índices, pero si de bolsillos flacos.

Mientras que en la década pasada una muy baja proporción de contribuyentes estaba alcanzado por la tasa máxima de 35 %, actualmente afecta a gran parte de ellos, sin tratarse de nuevos ricos. Son los mismos que antes pagaban 9% pues tienen el mismo ingreso en términos reales, y la tasa de 9% ha quedado en el olvido, sin aplicación en la realidad: el que gana hoy $ 9000 por año, es decir $ 750 por mes, no puede pensar en pagar impuesto alguno: su preocupación está en cómo hace para comer. Increíblemente, se ignora la brutal tasa de inflación.

Si se aplicara la inflación a las escalas del impuesto, hoy debería partir de un valor cercano a los $ 120.000 anuales de piso, para aplicar la tasa mínima de 9%, en tanto que la máxima alcanzaría a quien gana desde $ 1.200.000 anuales, lo cual sí es un alto ingreso, merecedor del 35%.

La gran mayoría de los argentinos está siendo asfixiada por una presión impositiva absolutamente desmedida. Parecería que este gobierno pretende reformular los históricos principios de los impuestos que estableció Adam Smith en "La riqueza de las naciones", especialmente el de justicia: "Los súbditos de cada Estado deben contribuir al sostenimiento del Gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades, es decir, en la proporción de los ingresos que gozan bajo la protección del Estado. De la observancia o menosprecio de esta máxima depende lo que se llama equidad o falta de equidad de los impuestos". En algo acertaba Adam: muchos argentinos somos hoy súbditos del Estado y contribuimos al sostenimiento del gobierno, pero en una desproporción que el mismo gobierno fija en función de sus necesidades financieras. ¿Es eso equidad? ¿Es eso justo?

Los autores son contadores públicos nacionales y consultores impositivos

Carlos Balter y Eduardo Fierro