La inversión en infraestructura significa más desarrollo

La volatilidad económica de los últimos cincuenta años llevó a que gran parte de las políticas públicas se enfocaran en lo urgente relegando lo importante. En las infraestructuras física y social la ausencia de inversión, en algunos casos, y los malos modelos elegidos, en otros, dieron lugar a que se reproduzcan episodios de crisis en la provisión de bienes públicos esenciales y, finalmente, en debacles macroeconómicas. Menos infraestructura fue el equivalente a menos dólares, más déficit fiscal y más inflación.

Con recurrencia, el cortoplacismo optó por mejorar la competitividad devaluando y castigando los salarios reales, antes que por generar las condiciones esenciales para aumentar la productividad a través de inversiones en infraestructura. El facilismo del atajo permanente estancó la potencialidad de las actividades productivas y excluyó a millones de argentinos de los servicios básicos.

La inversión en infraestructura en los últimos años fue aún inferior a la de los años 80 y 90. La Argentina, en cualquier ránking internacional, aparece siempre por debajo de países como Brasil y Chile. No sólo faltan ferrocarriles, puertos o carreteras para reducir costos e integrar territorial y socialmente muchas regiones, sino que hoy 1,5 millones de hogares no cuentan con acceso a redes de agua, 3,3 millones no están conectados a la distribución de gas y 4.2 millones no disponen de cloacas. El sueño de la casa propia para varias generaciones se frustró y hoy el déficit cuantitativo y cualitativo supera los 3,5 millones de viviendas. La deuda con los argentinos ya alcanza ribetes groseros para una sociedad democrática.

Nuestro plan de infraestructura, el más ambicioso de los últimos 50 años, procura atacar todos estos frentes en forma simultánea, para integrar y articular económica y socialmente a todas las regiones y provincias. Apuntamos a invertir 6% del PBI por año en infraestructuras, tres veces más que ahora, para generar nuevo empleo privado (gran parte de calidad), desarrollar nuevas Pymes y equilibrar territorios y actividades productivas.

Romper con la lógica de crecer en forma espasmódica por algún tiempo y estar en condiciones de saltar al desarrollo sostenido requiere de un estado inteligente y moderno que ofrezca las condiciones para que la inversión privada pueda mirar el largo plazo. Un estado facilitador de la nueva inversión que a la par regule y promueva conductas para que sea destinada hacia donde más se la necesita.

Estamos convencidos de que una vía de alta potencialidad para apalancar infraestructura es el modelo asociativo público-privado, que estamos debatiendo en el Senado. Con las nuevas reglas los inversores y contratistas tendrán la certeza necesaria que los incentivará a hundir capital a 20 o 30 años en el -hasta ahora- "país urgente". Bajo estos contratos, los riesgos se distribuirán de forma más eficiente entre los inversores, los proveedores de financiamiento, los constructores y el propio estado, y los privados serán retribuidos según su desempeño. Rutas, hospitales, cárceles, riego, hasta viviendas sociales son ejecutadas en América latina bajo estos formatos.

Pero hay otra condicionalidad que debe removerse para generar un proceso sostenido de inversión en infraestructura. Modelos opacos, pocos jugadores, precios fuera de línea ahuyentan la inversión de riesgo. Estas áreas demandan más transparencia y la adopción de las mejores prácticas en la gestión de las obras. Por ello estamos terminando de pulir un proyecto de ley que apunta a la publicidad de todos los actos licitatorios, a que los precios de las obras estén alineados a presupuestos definidos con mayor nivel de detalle; a que se evite la cartelización y aumente la competencia, y a establecer pautas para resolver posibles conflictos de interés, por citar algunos de los aspectos más relevantes.

Buscamos inversiones para mejorar la calidad de vida, ni más ni menos. Más y mejor infraestructura significa más y mejores empleos, nuevos accesos a servicios básicos, y un mayor equilibrio social y productivo en el territorio, pero sobre todo es la herramienta principal para alcanzar el objetivo supremo de nuestra gestión: superar de una vez y para siempre la pobreza en la que viven aún hoy millones de argentinos.

El autor es subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal

Ricardo Delgado