La judicialización de la economía

Desde el corralito a esta parte, los jueces intervienen cada vez más con sus sentencias en la vida de las empresas y, últimamente, también en la distribución de los ingresos del Estado
Diego Cabot
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24 de septiembre de 2006  

Se trata de uno de los movimientos de la economía más sigilosos producidos en el último tiempo. Casi imperceptible.

Dispersados y silenciosos, enfundados en sus fueros, los jueces de los más variados tribunales del país cada vez se inmiscuyen más en la vida económica argentina con sus decisiones.

A veces impulsados por su propio protagonismo; otras, por los diversos reclamos de las partes, y muchas, influidos por los aires de cambio que llegan desde los despachos de la Corte y –¿por qué no?–, desde cada una de las tribunas en las que resuena un discurso oficial.

No importan demasiado las motivaciones; lo cierto es que cada vez más la Justicia influye con sus fallos en el mundo de los negocios, y hasta en algunos sectores de la gestión del Gobierno.

La judiciacilización de la economía es un fenómeno prácticamente intangible, pero constante. Es una tendencia de la que no hay cifras; apenas, sentencias y sus consecuencias.

Si de poner un mojón se trata, el corralito podría servir. En ese momento, cerca de 200.000 ahorristas recurrieron a la Justicia para que les devolvieran sus depósitos.

A falta de reglas claras, fueron los jueces quienes trazaron un sistema de devoluciones parciales que reposó más en la equidad que en la ecuación financiera que por ese entonces hacían los bancos y el Gobierno. Fueron, claramente, miles de sentencias que causaron un fuerte impacto en la economía.

Desde entonces, cambios en la Corte Suprema mediante, la Justicia no ha parado de producir fallos con fuerte rebote económico. Por citar algunos casos, se pueden listar la oposición a los aumentos de algunas tarifas energéticas que algún juez paró cuando Roberto Lavagna era ministro de Economía. O la renegociación del contrato de Aeropuertos Argentinas 2000, que fue dolarizado, pero que la Justicia permitió que algunas empresas pagaran en pesos y decidió que otras lo hicieran en dólares.

Y más acá en el tiempo, aparecen la batería de fallos en materia laboral que cambiaron el sistema vigente, con indudable impacto en las empresas, pero también, con la creación de lagunas de incertidumbre para los trabajadores como en el sistema de riesgos del trabajo, en el que aún no hay una nueva ley que ordene el desmadre que se produjo con el fallo que la declaró inconstitucional.

Podrían contarse cientos de ejemplos, como la distribución de la cuota Hilton para la exportación de carnes que año tras año se dirime en la Justicia; o los fallos que extienden la responsabilidad de las empresas sobre el personal que contratan sus empresas tercerizadas o las interpretaciones diversas que los tribunales hacen de las tasas municipales en el interior.

En materia social, por ejemplo, surge la exigencia de un juez al gobierno porteño para que le entregue una casa a una familia necesitada, o las prestaciones que suelen obligar a dar a las empresas de medicina prepaga.

Y si de ejemplos se trata, es imposible dejar de mencionar dos recientes decisiones de la Corte: uno que obliga al Gobierno a volver a dotar de movilidad a las jubilaciones de más de 1000 pesos y otro en el que reclamó soluciones para la cuenca del Riachuelo.

“Al haber incluido los nuevos derechos en la Constitución y sin depender de ley que los reglamente, se está colocando a los jueces como los legisladores”, fue la primera reflexión de Héctor Mairal, uno de los socios del estudio Marval, O’Farrell & Mairal al ser consultado por LA NACION.

Después de esa primera aproximación, Mairal resumió: “La inseguridad es muy grande, y las causas se terminan resolviendo sin pautas precisas. Ni los particulares ni el Estado sabe hasta dónde va a llegar la intervención judicial". Sucede que los derechos pueden ser programáticos y operativos. Los primeros son aquellos que necesitan de una ley que establezca las pautas y para que tengan vigencia, mientras que los segundos, no necesitan de una ley posterior.

"Antes, los operativos, se ejercían contra el Estado, mientras que los derechos frente a los particulares estaban previstos por las leyes. Ahora, el juez no tiene pautas que permitan precisar el alcances de esa ley y eso crea una situación muy difícil en nuestra teoría de división de poderes", dijo Mairal.

Alguna vez, un fallo de un juez de primera instancia resolvió que el gobierno porteño le debía entregar una vivienda a una familia necesitada. Seguramente nadie discuta la decisión particular y no existan argumentos para atacar la sentencia. Sin embargo, también será fácil concluir que esa no es función específica de los jueces.

"Es imposible que un juez pueda tener una visión general porque no es función de ellos. Por su función, le toca administrar Justicia en el caso particular. Pero dígame -dijo en tono de profesor Mairal a LA NACION- ¿que podría pasar si 500.000 personas se presentan ante un juez y piden que se les entreguen una vivienda?"

Quienes siguen los pasos de la Corte, y de los tribunales menores, se preguntan hasta dónde podrán este tipo de sentencias. Aunque claro, no todos están en desacuerdo con el nuevo lustre que ha tomado la Justicia.

Ese es el caso del director de la Maestría en Derecho y Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, Eduardo Baistrocchi. "Las reglas centrales de la sociedad están encapsuladas en la Corte y ahora, básicamente desde 2003, hay razones para creer que se está saliendo de un período oscuro cuyos continuos cambios producían mucha inseguridad", dijo.

Según sus números, desde 1946 hasta 2003 hubo 63 cambios de jueces en la Corte, de los cuales sólo 6 fueron por renuncia voluntaria o muerte, que son las causas naturales de dimisión.

"Esta nueva Corte empieza a tomar en cuenta los efectos económicos de sus fallos y funda su doctrina en función de costo beneficio. Hay un cambio para mejor", resumió.

Para Rafael Manóvil, uno de los socios del estudio M. & M. Bomchil Abogados, hay un impacto por las decisiones de la Justicia sobre el ambiente de negocios.

"Sin embargo -dijo el especialista en derecho societario- creo que la vía le es mucho más difícil para las pymes que para las grandes empresas, por qué muchas veces no pueden prever este tipo de contingencias."

Para Manóvil, este tipo de sentencias crea mucha inseguridad. "Hoy es el Riachuelo y mañana no se que será. Y yo no digo que esto está mal, sino simplemente que crea incertidumbre", agregó.

Un juez civil, que prefirió no dar su nombre por el excesivo celo que hay por las declaraciones de los jueces, dijo a LA NACION que mucha veces los magistrados no tienen opción entre dictar un fallo justo y crear un desbarajuste económico. "Nosotros atendemos el caso particular y es muy dificil que un juez, con la cantidad de sentencias que tiene que dictar, pueda hacer un análisis económico de las consecuencias. Tratamos de ser justos en ese caso, y punto", resumió.

Visión común

Pero más allá de que alguna discrepancias, las decisiones en materia laboral son las que más críticas arrastran. "La cuestión laboral está absolutamente fuera de control. Ya nadie sabe a donde pueden llevar estos fallos ni cuanto cuestan los continuos cambios de la jurisprudencia laboral", dijo un abogado que suele visitar al presidente Kirchner en su despacho y que se jacta de tener una muy buena relación con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

"Definitivamente, la excepción al buen rumbo de la Corte son los fallos en materia laboral que no arrojan certidumbre", explicó Baistrocchi.

Enrique Cárrega, del estudio que lleva su nombre, es especialista en derecho laboral. Con sólo mencionarle el tema, es posible recibir una catarata de citas y fallos que, según su visión, entorpecen los el mundo laboral. "Hay fallos de todo tipo, desde algunos que desvirtúan el derecho de huelga porque consideran que un manifestante encapuchado y con palos haciendo un reclamo no es un caso de intimidación pública, hasta otros sobre la solidaridad de una empresa", sostuvo Cárrega.

Si bien es cierto que los fallos más notorios siempre provienen de la Corte, no es menos cierto que en la vida de los negocios muchas veces se ve más influenciada por decisiones de tribunales inferiores. De hecho son las cámaras las que, por estos días, desvelan a no pocos empresarios.

Cada vez es más frecuente ver sentencias que avanzan en soluciones y que ignoran las cláusulas que hayan pactado los particulares. Un ejemplo de ello, bien podría ser la discusión en torno a las cláusulas de las franquicias de los seguros: mientras las partes acuerdan que la compañía pagará desde un determinado monto para arriba, los jueces condenan por todo a las aseguradoras. La consecuencia de estos fallos es simple: suben los costos de los seguros.

Ya no están solas las empresas a la hora de tener que hacer frente a decisiones judiciales. El Gobierno debe buscar una solución para devolver la movilidad a las jubilaciones, si quiere evitar que la propia Corte le imponga una fórmula a la que deberá ajustarse.

"El expediente judicial no es la vía adecuada para hacer política, y menos aún es una forma de asignar recursos", dijo, como al pasar, Mairal. Quizá sea la síntesis más ajustada de lo que, cada vez con más frecuencia, sucede en los Tribunales.

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