La ley antievasión frenó las ventas

La sanción en enero último de la ley de prevención de la evasión fiscal, que limita las transacciones de dinero en efectivo por valores superiores a los 10.000 pesos/dólares, hizo que se frenara la incipiente reactivación que empezó a mostrar el mercado inmobiliario a comienzos de año.

Ocurre que mediante el decreto 22/2001 se decidió exceptuar de la aplicación de la ley a las escrituras (siempre que se firmen ante escribano público), pero no se liberó de esa obligación al boleto de compraventa de propiedades, que generalmente se pacta por el 30 por ciento del valor total del inmueble.

Es decir que esa promesa de venta por escrito ahora sólo se puede pagar por medio de cheques cancelatorios (creados expresamente para cerrar operaciones de más de 10.000 pesos/dólares), cheques, depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias y tarjetas de crédito. El desconcierto generado por la decisión de excluir de la ley antievasión sólo una parte de la operatoria con inmuebles fue tan grande que muchas inmobiliarias, ante la duda, aconsejaban a los interesados dejar una seña en efectivo por 10.000 pesos/dólares (el tope que permite la ley antievasión) o menos, y hacer la escritura directamente, opción que siempre está disponible para las partes.

Pero otros, en cambio, prefirieron no hacer ninguna transacción hasta tanto no quedaran claros los alcances de la nueva normativa. Los más perjudicados, en este sentido, fueron los tomadores de créditos hipotecarios, mucho más cautelosos por la incertidumbre generada y sin la posibilidad de contar con el dinero en forma inmediata para ir directamente a la escrituración.

Para despejar dudas, hoy la Cámara Inmobiliaria Argentina emitirá un comunicado informando a sus socios sobre la legislación vigente. Por su parte, el Sistema de Ofertas Múltiples o SOM (un club de inmobiliarias) informó con "papers" a sus asociados o mediante consultas con sus asesores legales.

Recomendaciones

Según Eduardo Sabaris, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro, "la utilización del cheque cancelatorio es engorrosa y encarece innecesariamente las operaciones". Por eso recomendó que "el comprador deposite el dinero del boleto en una caja de ahorro o cuenta corriente del vendedor". Sabaris opinó que "en la práctica esta operatoria frenará el acceso a la vivienda de las personas de menores recursos porque no todos están en condiciones de tener una cuenta bancaria, ya que quizá perciben sus ingresos en negro".

Pero hay quienes no comparten este pesimismo. Juan Carlos Vega, presidente del SOM, dijo: "La aplicación de la ley no nos ha resultado complicada y no hemos notado demasiadas trabas. Sí algunas demoras, porque tanto el comprador como el vendedor tienen que abrir necesariamente una caja de ahorro o cuenta corriente".

Según Vega, esta situación les exigió "un gran esfuerzo personal y mucho más trabajo". El directivo insistió en el hecho de que cualquiera que sean las opciones elegidas, deberán constar en el boleto y si se trata de giros o cheques, aconsejó que -una vez acreditados los fondos- ambas partes estén presentes para asentar nuevamente en el boleto la acreditación del dinero. La Cámara Inmobiliaria especificará que también la seña o la plata entregada a cuenta o como cancelación total del precio (además del boleto de compraventa) deberán entregarse a través de los medios de pago contemplados en la ley antievasión cuando superen los 10.000 pesos/dólares.

Oferta peligrosa

Eso sí, en el sector advierten que la opción menos recomendable para quien adquiere una propiedad es tentarse con la oferta de algunas inmobiliarias: hacer varios pagos parciales en efectivo por 10.000 pesos/dólares o menos hasta completar el valor del boleto de compraventa. Es que aunque esos desembolsos consten en el boleto, pueden ser considerados una violación a la ley antievasión y hasta podría suceder que el vendedor argumente que nunca recibió esas sumas.

Por Sofía Wachler

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