La lucha por evitar el default y la devaluación
Por Domingo Cavallo Para LA NACION
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Cuando asumí el Ministerio de Economía por segunda vez ya existían pronósticos de default. Comenzaron en octubre de 2000, luego de la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez, y provocaron una salida de depósitos bancarios de $ 789 millones en octubre y de $ 1038 millones en noviembre. El ministro José Luis Machinea y el secretario de Finanzas Daniel Marx lograron revertirla con el "blindaje".
Se trató de un programa económico para 2001 que recibió apoyo del FMI, del BID, del Banco Mundial y de los principales bancos comerciales. Preveía apoyo financiero que se desembolsaría a lo largo de 2001 y 2002. Para evitar el default era necesario que los bancos comerciales renovaran US$ 10.000 millones en letras del Tesoro que vencían en 2001 y que además el mercado proveyera fondos frescos para pagar amortizaciones por aproximadamente US$ 7000 millones.
El "blindaje" permitió revertir el retiro de depósitos hasta inicios de marzo, cuando comenzaron a circular evidencias de que no se cumplirían las metas de gasto y déficit y comenzaron a peligrar los desembolsos.
Rumores y renuncias
Los rumores de default se reiniciaron y con ellos, la salida de depósitos. En ese contexto renunció José Luis Machinea y lo reemplazó Ricardo López Murphy. Cuando el nuevo ministro anunció su programa de ajuste de $ 2000 millones para el resto del año se produjo una reacción popular y la renuncia de varios miembros del Gabinete, lo cual acentuó los pronósticos negativos.
En ese contexto acepté ser el nuevo ministro de Economía, con la convicción de que era posible producir simultáneamente un ajuste imprescindible y la reactivación de la economía.
Pero mientras ocurrían todos estos cambios políticos se produjo la mayor salida mensual de depósitos de toda la historia argentina: $ 5543 millones en marzo. Hasta entonces la mayor era la de marzo de 1995, en medio del tequila, con $ 4622 millones.
Revertir las expectativas de default y detener la salida de depósitos fue la tarea más difícil que debí afrontar. Había que evitar el default porque significa la cesación de pagos del sector público. Normalmente se produce luego de la pérdida del crédito público y significa un gran perjuicio para los acreedores. Algunos dirigentes argumentan que es bueno para el país porque alivia el servicio de la deuda. No es así por razones fundamentales:
- Porque buena parte de los acreedores son los ahorristas argentinos. La contrapartida de los depósitos son los activos de los bancos, como títulos de la deuda pública, préstamos al gobierno nacional y, principalmente, a los provinciales. Además, muchos ahorristas argentinos son tenedores de bonos del gobierno nacional o de los gobiernos provinciales.
- Porque los acreedores externos no aceptan pasivamente la cesación de pagos y su proceder impide la recuperación del crédito mientras continúa el default. Los tenedores externos de bonos no son los bancos, sino fondos de pensiones, fondos de inversión e inversores individuales que no volverán a comprar títulos de un país que deja de pagar.
- Porque provoca el default de muchas empresas privadas.
- Porque pone en marcha expectativas de desvalorización de todos los activos del país, y ello se trasunta en expectativas de devaluación. Se acentúan las tendencias recesivas y hay caídas de recaudación que agravan la situación fiscal .
El default termina en devaluación y ambos crean un caos económico y social del que cualquier país demora mucho en salir. Era imperativo luchar para evitarlo. Es lo que hice.
En nueve meses conduje tres negociaciones con el FMI para evitar el default y revertir la salida de depósitos. Dos de ellas fueron exitosas y la última quedó inconclusa. Los gobiernos que sucedieron al de De la Rúa declararon formalmente el default y devaluaron.
A sólo cuatro meses de esas decisiones mucha gente, incluidos los dirigentes que las proponían, comienza a entender que había buenas razones para luchar contra el default y la devaluación.
Apenas asumí me propuse rehabilitar el "blindaje" para que no se interrumpieran los desembolsos. Era necesario adoptar medidas para que al cabo del primer semestre se cumpliera con las metas acumuladas, que se revirtiera el desvío del primer trimestre en el segundo.
Había que reemplazar las reformas estructurales del sistema previsional y de obras sociales, que no estaban siendo aprobadas por el Congreso, por otras aceptables para los organismos multilaterales.
Facultades delegadas
Solicitamos la delegación de facultades contemplada en el artículo 76 de la Constitución al Congreso, que la aprobó con una limitación importante: no autorizó afectar la recaudación impositiva como garantía de la deuda pública, a pesar de que aprobó el nuevo impuesto a las transacciones financieras, que comenzó a recaudarse a partir de abril.
La delegación de facultades permitió que adoptáramos medidas de aliento de la inversión y la recuperación de la competitividad e imprescindibles medidas de reforma del Estado y de administración tributaria.
La decisión de reestructurar la deuda, incluyendo la de las provincias, para descongestionar de amortización los próximos años y reducir la carga de intereses, era una parte integral del plan de competitividad que presenté cuando asumí. La limitación al uso de los impuestos como garantía impedía un canje que incluyera la deuda provincial, garantizada por la coparticipación. Ningún tenedor la hubiera canjeado por bonos nacionales sin garantías. Y no se podía apuntar a reducir la tasa de interés. La ausencia de garantías obligaba a ofrecer tasas de mercado para que los tenedores accedieran al canje.
Esta operación limitada fue imprescindible para que el FMI considerara que el programa para rehabilitar el "blindaje" cerraba.
En el resumen oficial del FMI sobre la reunión del Comité Ejecutivo del 21 de mayo se expresó: "Los directores elogiaron los esfuerzos de las autoridades para interesar a los acreedores en una operación de canje voluntario de deuda orientada a reducir los requerimientos financieros del gobierno (...) Ellos enfatizaron la necesidad de concluir esta operación voluntaria rápidamente".
Peronistas a favor
Mientras diseñábamos el megacanje no cejé en mis empeños por lograr que el Congreso permitiera utilizar la garantía de los impuestos para incluir la deuda provincial. Logré convencer a los gobernadores justicialistas, quienes llamaron al presidente De la Rúa para decirle que apoyarían mi iniciativa en la medida en que hubiera un acuerdo para reestructurar la deuda provincial. El presidente les manifestó que lamentablemente no contaba con el apoyo de la Alianza.
Ocurrió el 16 de mayo de 2001. El día anterior, en Brasil, el ex presidente Raúl Alfonsín había advertido que no concordaba con que los nuevos títulos fueran garantizados con la recaudación. Dijo: "Este tipo de garantía no deberá ser aprobada por el Congreso, si es que llega". Propuse al presidente que fuéramos adelante con el megacanje con un objetivo limitado: descongestionar de vencimientos y de intereses los próximos tres o cuatro años.
El 16 de mayo firmamos el decreto 648, que autorizó el megacanje con esas características. Aun con ese objetivo limitado la operación era imprescindible para obtener la aprobación del programa por el FMI y la rehabilitación del "blindaje".
El éxito del megacanje facilitaría en el futuro una reestructuración definitiva de toda la deuda que significara una reducción de la carga de intereses, en la medida en que se dieran las condiciones políticas para ofrecer garantías.
El autor fue dos veces ministro de Economía. Actualmente está detenido en Campo de Mayo.
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