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La película de la deuda es más fuerte que la foto
La reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera permanecerá como una moneda en el aire durante los próximos 35 días, antes de caer hacia el lado de un incierto acuerdo con los acreedores privados o hacia otro default real, que complicaría seriamente la recuperación de la economía argentina cuando finalice -nadie sabe en cuánto tiempo- la pandemia global del Covid-19.
Tras el anuncio de la propuesta unilateral del Gobierno, ahora se sabe que incluye un período de gracia (tres años) y quita de capital (5,4%, equivalente a US$3600 millones) menores que los esperados, a cambio de una agresiva reducción del cupón promedio de intereses (0,5% anual en 2023, hasta llegar a 2,33% en los años siguientes) para evitar pagos por casi US$38.000 millones. Pero los tenedores de bonos solo podrán calcular el valor presente neto de los que recibirían en canje cuando conozcan, a través de la letra chica publicada anoche, los plazos de amortización de los nuevos títulos; si se capitalizarán o no los intereses del período de gracia o si podría surgir algún "endulzante" como un cupón ligado al PBI (pese a su dudoso prontuario), para transitar el inminente período de abstinencia ante la escasez de reservas.
La única certeza en este sentido partió de los labios de Martín Guzmán. "Hoy no se puede pagar nada", afirmó el virtual ministro de Deuda Pública, que hace un par de semanas ya había dispuesto la postergación hasta fin de año de las obligaciones con ley argentina. Esa declaración confirma que, por primera vez en su gestión, no abonará el próximo miércoles 22 el vencimiento de intereses de un bono bajo legislación extranjera (tres series del Global, por US$500 millones) y abrirá un período de 30 días antes de que la Argentina sea declarada formalmente en default. Si hasta el 22 de mayo no se llega a un acuerdo con la mayoría de los bonistas (con cláusulas de acción colectiva que requieren 66% o 75% de adhesión, según los casos), se activarán las cláusulas de aceleración de pago de todos los títulos y los reclamos judiciales ante tribunales extranjeros, más el apetito de los "fondos buitre".
Este sería solo el comienzo de una película ya vista, cuya remake incluye ahora la incertidumbre en los mercados mundiales provocada por la pandemia, que los países con mayores recursos buscan atenuar con abultados paquetes de rescate en medio de una fuerte volatilidad.
Por eso las opiniones están divididas entre los especialistas. Hay quienes sostienen que la propuesta, sondeada oficiosamente por Guzmán con los grandes fondos de inversión, será rechazada debido a la fuerte quita de intereses. Y quienes piensan que esas cuatro semanas abren un espacio de negociación para acercar posiciones, ya que hay mucho dinero en juego y riesgos para las dos partes. En el segundo grupo, el economista Miguel Kiguel (exsecretario de Finanzas), no cree que se trate de una última oferta y supone que la definición podría llegar "cinco minutos antes del 22 de mayo".
Mientras tanto, el gobierno de Alberto Fernández buscará capitalizar la foto del jueves en Olivos, con Cristina Kirchner y 18 gobernadores del oficialismo y la oposición sentados a la mesa rectangular como muestra de respaldo político, aunque la mayoría de ellos desconocía previamente la propuesta.
Con esa puesta en escena similar a la de "Argentina Unida" contra el coronavirus, tratará ahora de trasladar esa épica a la renegociación de la deuda. Si no hay acuerdo, los enemigos serán los acreedores privados y, por carácter transitivo, quienes puedan cuestionar la estrategia diseñada por la Casa Rosada. Aun así, el exministro Alfonso Prat-Gay no se privó de recordar ayer que en la salida del default parcial de 2016 se había acordado una quita de 60% del capital y una reducción de intereses al 2,9%, con la salvedad de que se negoció previamente con los acreedores externos.
Para reforzar este incipiente relato político, el PowerPoint difundido poco después por el Ministerio de Economía no solo suma la deuda total en dólares y en pesos (incluso la contraída intrasector público), sino que detalla que el potencial ahorro de intereses de este año (US$4500 millones) equivale a 387.000 respiradores de industria nacional o al pago del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) a 29 millones de personas, entre otros rubros. Pero va más allá al proyectar el ahorro del período 2020-2025 (US$34.100 millones) y relacionarlo con la compra de 2,9 millones de respiradores, que en ese hipotético caso supondría una catástrofe sanitaria.
Contra la tradición peronista-kirchnerista, esta vez queda exculpado el Fondo Monetario Internacional, que pasa a ser aliado después de que su nueva directora gerente, Kristalina Georgieva, avalara que la deuda argentina es insostenible al igual que todo ajuste fiscal adicional hasta 2023 y pidiera un esfuerzo compartido a los acreedores privados mediante quitas significativas de capital e intereses. Según el Presidente, el rol del organismo será revisar y auditar la situación argentina. Pero el FMI también deberá postergar los vencimientos por US$44.000 millones concentrados mayormente entre 2022 y 2023 y parece difícil sin que el Gobierno presente un programa económico de mediano plazo.
Quienes hilan fino indican que el board (donde deciden los países desarrollados, con EE.UU. a la cabeza) aún no se pronunció sobre este reperfilamiento. Un primer indicio podría ser la respuesta del Club de París al pedido argentino de postergar por un año US$2100 millones que vencen en mayo y reducir la tasa de 9% anual negociada en 2014 por el entonces ministro Axel Kicillof. Aunque ayer se produjo una alentadora suba de los bonos argentinos de duración más corta y el riesgo país retrocedió a 3487 puntos en una jornada favorable para los mercados, la película de la deuda puede tener dos finales.
Con un eventual canje, la clave dependerá del valor que alcancen los nuevos títulos (exit yield en la jerga), que debería ser significativo. Pero en caso de default, la Argentina se mantendría sin acceso a los mercados financieros por varios años, lo cual afectará inversiones públicas y privadas, así como garantías y financiación de exportaciones, que harán más difícil la salida de la estanflación y reducirán el modesto crecimiento del PBI (1,5/2% anual) proyectado por Guzmán antes de la pandemia.
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