La piratería discográfica, una industria que crece

Cuando a las cuatro de la madrugada del último 30 de octubre la policía entró por sorpresa en su casa de Almagro, el hombre no tuvo tiempo para esconder las evidencias: reproductoras de discos compactos, computadoras, ecualizadores y docenas de paquetes de CD vírgenes. Entrepreneur de la ilegalidad, el sujeto en cuestión, con su mujer y sus dos hijos, se dedicaba a editar música con recopilaciones de temas de moda en forma ilegal. No le iba mal. La serie a la que festivamente había bautizado "J..." estaba por salir a la calle con su volumen número 22.

Su caso es apenas la punta del ovillo en una de las pocas industrias de la Argentina que florece en medio de la crisis: la de la piratería discográfica. En 1997 se vendieron 7,5 millones de copias de CD y cassettes falsificados, y al término de este año el volumen de unidades superará los nueve millones.

Las estimación realizada por la Cámara Argentina de Productores de la Industria Fonográfica (Capif), reúne a las 12 compañías discográficas más importantes de la Argentina, trasunta la preocupación del sector por el crecimiento inusitado de este mercado negro. Teniendo en cuenta que se venden legalmente en el país 25.000.000 de unidades por año, se puede deducir que una de cada cuatro copias adquiridas es trucha .

El fenómeno tiene dos caras:una cosa es la piratería de cassettes y otra la de CD. Son dos negocios diferentes.

Los cassettes representan el 70% de la producción ilegal y se venden especialmente en los barrios de menor poder adquisitivo. "El foco principal de distribución son los partidos del conurbano bonaerense -explica Carlos Misurelli, director ejecutivo de Apdif, la entidad que protege los derechos intelectuales fonográficos en la Argentina-. Se despachan en las 40 ferias que existen en el Gran Buenos Aires, y las más importantes por el volumen son las del Mercado Central, Solano, La Plata, Diarco, en el Oeste, y la Persa, de San Miguel".

Pero no hay que limitarse únicamente a la geografía bonaerense. Salta, Jujuy, Misiones y Chaco también son territorios fértiles para la comercialización de estos productos.

En la industria de la falsificación no hay margen para improvisar: se editan solamente títulos de artistas muy exitosos. A juzgar por el material incautado en los casi 300 procedimientos realizados por la Policía Federal y la Gendarmería en lo que va del año, Soledad Pastorutti, la folklorista teenager nacida en Arequito, es la número uno en el top ten de los piratas. Después siguen Luis Miguel, Ricky Martin, Los Nocheros, Enrique Iglesias, U2, el colombiano Charly Zá, los brasileños de So pa´ contrariar y los eternos Rolling Stones.

¿Cuál es el atractivo de comprar un cassette pirata? El precio. Lo que en una disquería se paga 15 pesos, en una boca de expendio marginal se consigue a tres pesos. "Yel costo para el puestero también es mínimo. Cada unidad le sale entre 80 centavos y un peso", grafica Roberto Piay, el director de Capif.

Las ediciones truchas de cassettes no son ninguna maravilla: la calidad del sonido es deficiente y las carátulas son fotocopias en blanco y negro de pésima calidad. Fuentes de las compañías discográficas y de la Aduana sostienen que la mayor parte de los cassettes ilegales se fabrican en Paraguay y en Bolivia, por lo que además de infringir la ley de propiedad intelectual, las organizaciones que controlan la actividad practican el contrabando.

Más sofisticado

Distinto es el cantar para los falsificadores de CD, que apuntan a un mercado más sofisticado.

A pesar de que es posible encontrar discos compactos en las ferias populares (cuestan 9 o 10 pesos), la mayor parte se dedica a satisfacer la demanda de coleccionistas que buscan piezas raras y de comerciantes necesitados de bajar sus costos.

Un clásico en la industria de la falsificación son los CD con registros de actuaciones en vivo de las grupos y solistas más importantes. Rolling Stones, U2 y todas las grandes bandas que pasaron por Buenos Aires en los últimos años cuentan con ediciones piratas, que se venden por entre 25 y 40 pesos.

Para poner en la calle estas piezas no basta con ir al recital y registrarlo con un grabador de bolsillo. Las grabaciones, sospechan las compañías, son realizadas por personas que tienen acceso a las consolas de sonido.

La sofisticación tecnológica representa un dolor de cabeza para los investigadores. Es prácticamente imposible distinguir una copia legal de una ilegal.

"Más allá de los conciertos en vivo, que sabemos que son ilegales porque ninguna compañía los ha lanzado a la calle -dice Piay-, resulta muy difícil identificar una copia pirata. La calidad de sonido es la misma y las láminas se imprimen con la misma calidad."

En material de tecnología digital, la nueva pesadilla se llama Asia. Honk Kong, Taiwan y Singapur son los centros de la piratería discográfica mundial.

Un envío de 209.000 discos incautado en Posadas, el mes último, le permitió a la Policía Federal reconstruir la ruta del delito. Las cajas contenían obras de Caetano Veloso, Eliana de Lima, Gal Costa y Roberto Carlos.

"Las mafias que operan en la Argentina y Brasil eligen los títulos a copiar y los envían a Asia para que se los reproduzca en forma masiva. De esa forma el precio de cada unidad se reduce a 0,35 centavos", señala Carlos Misurelli, el hombre de Apdif.

El costo industrial de un CD en la Argentina es de $1,20 por ejemplar, y a eso hay que sumarle los derechos de autor, el monto del contrato suscripto con el artista y la erogación por marketing y publicidad. Fuera de los 0,35 centavos, el único gasto para el falsificador es el flete.

Pero no siempre es necesario ir tan lejos para copiar un CD. Instalar un laboratorio digital en la Argentina para realizar una producción mediana no demanda más de $ 5000. Las reproductoras múltiples de CD que hace dos años costaban $ 15.000, ahora se pueden importar desde el sudeste asiático por un tercio de ese valor.

Equipados con un cabezal maestro y entre 8 y 16 cabezas de grabación, según el modelo, los artefactos permiten realizar entre 200 y 400 copias por día.

Por esta actividad ilegal que le infringe un perjuicio a las compañías discográficas, a los artistas y al fisco, que deja de percibir impuestos, no hay ninguna persona detenida en la actualidad. Pese a que la estadística judicial indica que 29 de cada 100 casos reciben condena, las penas correspondientes nunca superan los tres años, por lo que las sentencias no son de cumplimiento efectivo... y la música sigue sonando.

Por Juan Aznarez

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