La reducción del gasto, el mayor desafío actual

El proceso de elaboración del proyecto de ley de presupuesto 2019 tiene una característica especial, dado que se plantea como objetivo explícito la reducción del déficit fiscal primario nacional del 2,7% del PBI con el que terminaría este año al 1,3% del PBI el año próximo. Es decir, el desequilibrio debe bajar 1,4 puntos porcentuales en solo un año, desafío que no se le plantea a la política desde hace mucho tiempo.

Para entender bien la situación resulta esencial conocer aspectos vitales. Uno de ellos es que 53% del gasto público primario (jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, entre los principales componentes) se ajusta de manera automática con la inflación pasada. Por ende, si se está en un sendero de baja de la tasa de inflación, esta importante porción del gasto crece por encima de la inflación del momento, generando un aumento del gasto en términos reales.

Este es el escenario esperado para 2019. En efecto, lo que se podría llamar gasto público automático, crecería nominalmente un 29%, lo que en términos del PBI significaría un aumento de 0,6 puntos porcentuales.

Otro de los aspectos relevantes es que está en marcha una reducción de impuestos nacionales, que resulta lógico y razonable sostener, en línea con mantener reglas de juego que no comprometan la toma de decisiones, principalmente en materia de inversiones. Se necesita que el empleo privado formal se transforme en el motor de la creación de empleo, a diferencia de los últimos años. El impacto de esta política tributaria sería una reducción de recursos del orden de 0,55 puntos porcentuales del PBI.

Como hay que bajar el déficit primario en 1,4 puntos para ir a la meta del 1,3% en 2019, hace falta que el gasto primario no automático baje 2,55 puntos porcentuales del PBI (0,6+0,55+1,4). Este es el verdadero ajuste del gasto que se requiere y que significa lisa y llanamente una reducción nominal de ciertas erogaciones. Hay que bajar nominalmente un 11% este gasto, en un año en el que la inflación se espera que sea del 17%.

Este componente está constituido por subsidios a la energía y al transporte, por los gastos de funcionamiento del sector público, por las transferencias corrientes no automáticas a provincias y por obra pública. Este gasto debe caer desde $1.233.700 millones en 2018 a $1.094.715 millones en 2019.

En las discusiones que se llevan adelante se ha planteado que el esfuerzo se distribuya dos tercios para Nación y un tercio para provincias. Esto implica que la reducción del gasto que afecte a provincias es de $46.000 millones. Por diferencia, el ajuste de gasto de la esfera netamente nacional debe ser de $93.000 millones.

La discusión actual es clave, como antesala de la discusión en el Congreso de la Nación a la hora de debatir el proyecto de ley de presupuesto 2019. Para sintetizar de manera sencilla la dimensión del recorte, se puede dar el siguiente ejemplo. Si se supone que todo el gasto no automático se destina a la construcción de viviendas, por cada 100 viviendas que se están haciendo este año, el año que viene solo se podrán hacer 70. Se mire por donde se lo mire, es un gran esfuerzo. Por lo tanto, es muy importante que los representantes del pueblo garanticen que sea totalmente equitativo.

El autor es economista y director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal