La reforma energética está más cerca en México, pero surgen nuevos obstáculos

CIUDAD DE MÉXICO—El Senado de México aprobó un histórico proyecto de ley que pondría fin al monopolio de 75 años de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y abriría el sector de hidrocarburos a la participación de las petroleras privadas.

No obstante, el martes surgió una nueva amenaza a la iniciativa, cuando la Cámara de Diputados aprobó una ley sobre referéndums que podría abrir la puerta para que los políticos de izquierda sometan la reforma energética a la votación del público en 2015.

El proyecto de ley, que fue aprobado el martes por un margen superior a los dos tercios necesarios para enmendar la Constitución, se traslada a la Cámara de Diputados, donde se espera que obtenga el visto bueno en los próximos días. Una mayoría de las legislaturas de los estados también debe sancionar la reforma, lo que se espera hagan en forma holgada.

La iniciativa de la cámara baja autorizaría la convocatoria de un referéndum sobre temas de importancia nacional si se reúnen 1,6 millones de firmas, las que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) dice tener. El resultado del plebiscito sería vinculante si participan más de 40% de los votantes registrados, lo que significa que cualquier rechazo de la ley petrolera la anularía.

Las encuestas muestran que muchos mexicanos se oponen a la inversión privada en la industria energética, si bien los resultados varían según como se formula la pregunta. "Es un factor de incertidumbre", reconoció Jorge Chávez, un ex funcionario gubernamental y consultor de energía en Ciudad de México. "De aquí a 2015, ¿habrá compañías que van a querer invertir?".

No obstante, miembros del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Enrique Peña Nieto insisten en que hay muchos obstáculos antes de que se produzca una votación de esta naturaleza. La agencia electoral tendría validar las firmas y la Corte Suprema tendría que pronunciarse sobre si un referéndum sería legal puesto que el resultado repercutiría en las finanzas del Estado.

Un ejecutivo petrolero dijo no estar especialmente preocupado sobre un referéndum.

A pesar de tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, México cuenta actualmente con una de las industrias energéticas más cerradas del mundo desde que en 1938 se convirtió en el primer productor importante en expulsar a las petroleras privadas y nacionalizar los hidrocarburos.

La reforma energética, la iniciativa insignia de Peña Nieto, permite que las compañías privadas extraigan crudo y gas mediante contratos flexibles y licencias que les otorgan una participación en el petróleo a cambio de asumir todos los riesgos exploratorios. Además, pueden contabilizar el efectivo que esperan recibir del petróleo en sus libros.

El fin del monopolio de Pemex es considerado por algunos como el mayor cambio económico en México desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. "Si el proyecto de ley es aprobado tal cual, podría desatar una ola de inversión local e internacional en México", indicó Luis Robles, presidente del consejo del grupo financiero mexicano BBVA Bancomer. Robles señala que la escasez de suministro de gas en México le costó al país aproximadamente 3,6 puntos porcentuales de crecimiento económico el año pasado debido al incremento en los precios para los productores.

Cualquier apertura ayudaría a México a revertir el declive en la producción de crudo que ha sufrido a lo largo de los últimos 10 años, de 3,4 millones de barriles diarios a 2,5 millones. Los defensores de la ley aseguran que para 2025, México podría producir 4 millones de barriles al día. "El cambio sísmico en México debería tener un impacto crucial en los mercados globales de petróleo (…) el equilibrio energético en el hemisferio occidental seguiría reconfigurándose en detrimento de los productores de Medio Oriente", dice Pedro Burelli, consultor económico y petrolero.

Aunque la aprobación de la reforma energética en el Congreso parece segura, el gran reto de Peña Nieto será implementarla. Intentos pasados de abrir sectores controlados por el Estado a la inversión privada, tales como la industria telefónica y la ferroviaria, fueron criticados por enriquecer a unos cuantos empresarios mientras hicieron poco por mejorar el servicio y los precios. El escepticismo es compartido por los grupos de izquierda, que han organizado decenas de manifestaciones durante los últimos meses para tratar de bloquear la reforma.