Las condenas a ejecutivos de empresas globales, acusados por delitos económicos, impulsaron en la Argentina más denuncias contra el fraude

Nada se ha modificado demasiado, apenas hubo un cambio de escenografía.

Cómo sucedió siempre, los delitos que afectan a las empresas, más conocidos como fraudes corporativos, terminan dirimiéndose en una sala, sólo que antes era en una sala de directorio frente a unos pocos y con la certeza de que nada iba a trascender; y ahora, en una sala de audiencias de un tribunal, frente a por lo menos un juez y con la seguridad de que el resultado va a ser público.

Con este nuevo escenario tendrán que convivir ejecutivos y empleados de las empresas de la Argentina, si es que la tendencia de recurrir a la Justicia para determinar las responsabilidades frente a un ilícito, finalmente se convierte en una regla para los hombres de negocios.

Como suele suceder en los cambios culturales de las organizaciones, nada es de domingo para lunes, menos aún, si de cambiar la estrategia frente a un delito interno se trata.

Lo cierto es que en sintonía con lo que ocurre en los Estados Unidos, donde han sido condenados los máximos ejecutivos de empresas como Worldcom o Enron, por citar los dos ejemplos que se han transformado en símbolos de mala conducta empresarial, las empresas nacionales parecen decididas a romper con el silencio cómplice con el que convivieron durante años.

Hay quienes dicen que esta nueva postura frente a ilícitos tiene que ver con la tendencia mundial, otros con que ahora hay una mejor receptividad de este tipo de procesos en la Justicia. Algunos buscan la explicación en cuestiones prácticas como mostrar el ejemplo dentro de la organización y evitar que se vuelva a producir una situación similar.

Pero más allá de cual sea la razón, a los jueces, en particular los de la Capital Federal, cada vez les resulta más común toparse con los llamados delitos de cuello blanco en medio de los juicios tradicionales.

"Nuestros clientes quieren denunciar este tipo de delitos, por los menos en los casos en que hay evidencias suficientes. Ahora hay menos tolerancia a estas irregularidades, especialmente en la empresas con capitales extranjeros", dijo uno de los socios Forensic Service de KPMG, Gerónimo Timerman.

Fernando Dellagogna, otro de los socios de la auditora, contó a LA NACION que las empresas tienen otra actitud frente a estas conductas. "Antes la facturación de KPMG en esta división estaba compuesta en un 100% por servicios reactivos frente al fraude. Ahora ya un 30% de nuestros ingresos en este área son por servicios preventivos. Las compañías buscan mejorar sus procesos para estar mejor preparadas", indicó.

Según la encuesta anual de Corrupción y Fraude en la Argentina elaborado por KPMG en 2004, el 85% de los empresarios consultados considera que el fraude es un tema importante dentro de sus estructura empresarias y uno de cada tres reconoció hacer sufrido algún acto de corrupción interna.

Empresas extranjeras

Para Martín Caselli, socio del estudio Alfaro Abogados, este fenómeno es más común entre las empresas extranjeras. "Los casos resonantes como Enron y Worldcom impactaron más en las empresas con socios de los Estados Unidos. En ellas hay una mayor propensión a denunciar", sostuvo Caselli.

Ventura Daniel Bustos, abogado del estudio Mauricio de Nuñez & Asociados, sostiene que estas conductas no son nuevas pero que sí está cambiando la forma de tratarlas.

"El fraude en las empresas no es nuevo, lo que pasa es que se está tomando conciencia a nivel corporativo de que es necesario denunciar estos hechos", indicó.

Para Bustos, antes no se denunciaban los ilícitos por temor a una afectación comercial de la empresa. "Eso ha cambiado", agregó.

Entre los casos que más repercusión tuvieron, con alguna investigación menor en el país, se encuentran la firma láctea italiana Parmalat, la cadena de supermercado Disco -a raíz de la denuncia sobre fraudes contables que pesó sobre Royal Ahold de Holanda- o las investigaciones sobre el Banco Mayo y el Banco General de Negocios.

Actualmente, por citar un caso, la Unidad de Funcional de Instrucción 11 de San Isidro investiga un fraude en la empresa Aventis Crop Science en la que están siendo investigados 8 altos ejecutivos del laboratorio. "Esta es una investigación que no se inició en la Argentina, sino que fue la decisión corporativa global. Se inició por pedido de una empresa que compró parte de sus actividades", comentó un allegado a la causa.

Las formas delictuales utilizadas a la hora de burlar los controles de las organizaciones son variadas, sin embargo hay algunos sectores que suelen estar en la mira de los investigadores.

"El sector de compras de las empresas es un área crítica", dijo Timerman, que además destacó que otro ramo donde se da mucho el fraude y la corrupción privada es el retail o la venta minorista.

Pedir comisión para ser proveedor de una determinada empresa, falsificar facturas, crear clientes falsos o vender datos de la firma empleadora, son los casos más comunes en la Argentina.

Ahora bien, más allá del diferente modo en que se tratan estos comportamientos en el mundo, ¿hay alguna motivación local que ayuda para que ahora se recurra a la Justicia? "Por supuesto que sí -se apura en contestar Bustos-. Las empresas buscan principalmente una sanción ejemplificadora para que no vuelva a suceder una situación similar."

Menos impuestos

Otra de las motivaciones empresarias tiene que ver con la tributación de impuestos.

Sucede que la compañía que no cobró una determinada suma de dinero debido a alguna maniobra fraudulenta, podría argumentar a la Administración federal de Ingresos Públicos (AFIP) que inició un proceso judicial para investigarla , y de esa manera, no pagar impuestos por ese importe.

"En algunos casos es utilizado como un argumento de defensa ante el fisco -dijo Bustos-, aunque hay que estar en un estado procesal avanzado. No sirve con una simple denuncia."

Aunque no es el principal objetivo perseguido, las compañías también buscan con estos procesos recuperar el dinero del fraude.

En realidad, no son demasiados los casos en los que se rescate el dinero directamente por la acción de la Justicia. Lo que sucede es que la causa penal ejerce mucha presión sobre los denunciados y muchas veces se termina haciendo un acuerdo extrajudicial.

Hay otra razón apuntada por varios de los consultados: la Justicia, a diferencia de lo que ocurría antes, trata mejor a la causas que tratan sobre delitos económicos.

Con todo esto, ¿se llenarán las cárceles de presos acusados de fraudes empresarios?

Nada de eso sucederá.

Más allá de las denuncias, la ley penal local trata con piedad a este tipo de delitos, con penas que generalmente, no terminan con los acusados tras las rejas.

Por Diego Cabot

---

Conforme a