Las consecuencias de la distorsión
La imprecisa información pública genera ineficacia en las decisiones y falta de financiamiento
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Falta de financiamiento, aumento del riesgo país, incertidumbre, ineficacia de las decisiones corporativas y en el diseño de políticas son algunas de las consecuencias de la distorsión de la información pública en la Argentina, según los especialistas consultados por LA NACION. "Los principales afectados son los que menos tienen. Las cifras de pobreza y desempleo están distorsionadas y esto condiciona las políticas", dijo Juan Llach, economista del IAE, la escuela de negocios de la Universidad Austral.
Una directora del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Luciana Díaz Frers, dijo: "Hay variables, como el índice de pobreza, que quedaron afectadas porque la canasta alimentaria está mal medida". Y advirtió que esto afecta la credibilidad y que, eventualmente, podría tener un impacto en el diseño de políticas de pobreza.
Llach explicó que el riesgo país elevado, impulsado en parte por las cifras distorsionadas, genera una menor disponibilidad del crédito y favorece la salida de capitales. "Esto obliga al Gobierno a una política fiscal mucho más contractiva, en momentos en que se debería hacer lo contrario", agregó.
La actividad económica privada está condicionada también, según el economista. "Parte de las cuentas nacionales no reflejan la realidad y esto genera incertidumbre a la hora de tomar las decisiones. Es probable que ahora que la economía se está reactivando no haya credibilidad sobre la recuperación de la Argentina", sostuvo.
Enrique Blasco Garma presentó días atrás un informe en el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima) del Eseade sobre cuánto les cuesta a los argentinos la distorsión de la información pública. Según él, hay cinco fuentes de distorsión: supresión de la información (especialmente de entes y organismos públicos), regulaciones, derechos de propiedad difusos, cambios continuos de reglas y la intromisión de la ideología en el procesamiento de datos. "El proceso de decisión se apoya en la información y los modelos de procesamiento de datos. Para negociar tiene que haber un idioma común, y parte de éste son las mediciones aceptadas", sostuvo Blasco Garma.
El informe analiza la relación entre el deterioro del ingreso por habitante y la poca eficacia de las decisiones colectivas generadas en parte por la distorsión de la información. "La Argentina se estancó, ninguna de las naciones estudiadas tuvo peor desempeño. Hubo decisiones colectivas menos eficaces que en el resto del mundo", sostuvo Blasco Garma.
El ingreso por habitante de la Argentina, comparado con el promedio mundial, declinó en la última década. La Argentina tuvo en 2008 un ingreso promedio de US$ 8147 por habitante al año, mientras que el ingreso mundial promedio fue de 9210.
El economista Manuel Solanet coincidió con que el déficit de información, en cantidad y calidad, perjudica el grado de calidad de las decisiones. "La asimetría de la información puede convertirse en abuso o delito. La sociedad debe pronunciarse para evitar la asimetría y promover una mayor eficiencia en las decisiones", agregó.
Tanto las decisiones de invertir como las de consumir caen bajo el influjo de esta asimetría. Solanet señaló que esto trae como consecuencia un déficit en la toma o no de decisiones y una menor movilidad de factores, sobre todo del factor trabajo, que se retrae y genera un crecimiento menor.
La especialista de Cippec se refirió al efecto de las distorsiones en las negociaciones salariales. "Los salarios se negocian en función del poder adquisitivo. Ahora se generan confusiones porque el índice de precios al consumidor está distorsionado. Entonces se toma en parte el índice oficial y también se toman como referencia índices privados", dijo.
Díaz Frers mencionó que esto también incide sobre las tasas de interés que sobran los bancos y que esto repercute directamente en el sector privado. "Se hace difícil calcular la tasa real de interés", agregó.
Además de referirse al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Blasco Garma mencionó que se suprimieron datos agropecuarios, sobre delincuencia, accidentes y energía.
Por Emilia Subiza <br/> LA NACION
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