Las empresas ya incumplieron el pago de US$ 988 millones

Hasta el año pasado, las Pyme eran las que cesaban en los pagos de su deuda o encontraban serias dificultades para conseguir financiamiento. El corralito, el default del Estado, la devaluación, la pesificación de tarifas, créditos y depósitos, y los cuatro años de recesión llevaron a que 28 grandes empresas incumplieran en los primeros siete meses de este año los pagos de 43 obligaciones negociables (ON, títulos que se cotizan en los mercados internacionales de deuda, a los que sólo tienen acceso las grandes firmas) por un monto de US$ 988 millones, según un informe de la Fundación Capital.

Pese a la aguda crisis del país, la suma de deuda privada impaga representa sólo el 19% del total. Las situaciones más difíciles se registran en los sectores que dependen del mercado interno, en el que se generan pesos para saldar las cuentas pendientes en dólares.

Los medios de comunicación incumplieron con el pago del 100% de los vencimientos de sus ON. Detrás figuran las empresas de telecomunicaciones (45%), las gráficas (42%) y las gasíferas (26 por ciento).

En cifras absolutas, el sector de telecomunicaciones encabeza el default, con US$ 316,1 millones sin abonar. Le siguen los medios (US$ 306,6 millones), los bancos (US$ 110 millones) y las eléctricas (US$ 79,3 millones). También están complicadas las compañías de gas y las concesionarias de autopistas, según la Fundación Capital.

Las suspensiones de pagos y el temor de los inversores a que se multipliquen deterioraron el patrimonio neto de las empresas y, por lo tanto, su posibilidad de acceder al crédito. Unas 15 corporaciones emitieron este año US$ 2100 millones en ON. El monto de empresas y de bonos cayó a menos de la mitad respecto del mismo período de 2001. Las firmas deberán afrontar vencimientos de ON por US$ 2602,8 millones entre agosto y diciembre de este año. El 34% de esa suma corresponde a las operadoras de servicios públicos privatizados, cuyas tarifas fueron pesificadas y congeladas en enero.

En un principio, los vencimientos hasta fines de año iban a ascender a US$ 3043 millones, pero seis compañías reestructuraron su pasivo en bonos. Tales son los casos de Aeropuertos Argentina 2000 (del grupo Eurnekian), Banco de Galicia (de las familias Escasany, Braun y Ayerza), Impsa (holding del grupo Pescarmona), Pecom Energía (que el grupo Perez Companc vendió a la brasileña Petrobras), la española Telefónica de Argentina y Tecpetrol (petrolera de la Organización Techint). Cinco son firmas de capital nacional. Una de ellas pasó a manos extranjeras.

Mayor flexibilidad

Las que acordaron con sus acreedores lograron diferir los plazos de vencimientos de títulos, de modo de alcanzar mayor flexibilidad de acción en el corto plazo y destinar recursos a mantener las operaciones hasta que la situación macroeconómica se estabilice. Aún no se registraron casos de quita de capital o reducciones de intereses.

"Esto parece reflejar la decisión de las empresas en priorizar su reputación y la pronta recuperación del crédito", dice el informe de la Fundación Capital. También habrá influido la decisión de los tenedores de bonos de evitar mayores pérdidas de las que ya les produce la demora en el cobro de sus acreencias.

Un tercio de las empresas en default está en proceso de reestructuración de su deuda. Las restantes batallan con sus acreedores, algunas en el contexto de un concurso preventivo, o congelaron las negociaciones hasta que se aclaren las variables económicas (tarifas, inflación, devaluación, ayuda del Fondo Monetario Internacional) y políticas (quién sucederá al presidente Eduardo Duhalde y cuándo).

Las empresas precisan, según los economistas de la Fundación Capital, la estabilización de la economía y la intervención del Gobierno para resolver la crisis de su deuda. Pero los analistas no recomiendan al Estado un auxilio financiero a las compañías (como el seguro de cambio de 1982), sino generar certezas en las variables clave, dar el ejemplo iniciando la reestructuración de la deuda pública (luego de pactar con el FMI) y ayudar en las conversaciones entre empresas deudoras y acreedores. Para ello, la Fundación Capital recomienda crear un organismo específico, que sirva para evitar litigios.

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