Las estadísticas fehacientes son una herramienta y también un derecho

La estabilidad que presentan las estadísticas públicas en la mayoría de las democracias modernas es el resultado de acuerdos político-institucionales y científico-técnicos sobre los problemas considerados relevantes para sus sociedades y los mejores métodos para evaluarlos. Esto hace que los diferentes actores en conflicto acepten como válida la información generada por los gobiernos, de manera independiente de la interpretación o uso que se haga de ella. Los cambios en las metodologías devienen cuando las preocupaciones sociales –y los hechos en que se apoyan- ya no encuentran una adecuada identificación a partir de la información disponible.

Datos como el índice de precios, pobreza, empleo y desigualdad, entre otros, constituyen medidas cruciales para evaluar la calidad de vida de la población. Sin duda, se trata de información sensible en el orden político. En primer lugar, porque no sólo está en juego la evaluación de las acciones, logros o fracasos de las políticas públicas, sino sobre todo el reconocimiento de situaciones que demandan actos de justicia, reparación o restitución por parte del Estado. Dichas estadísticas sociales hacen visible dichas deudas, compromete moralmente a los dirigentes políticos y obligan a un debate democrático sobre los posibles y mejores cursos de acción a emprenderse. En este sentido, datos precisos, agudos y fiables no sólo constituyen información diagnóstica sino sobre todo un dispositivo de desarrollo social.

En sentido contrario, la decisión de un gobierno de manipular las estadísticas públicas con el fin de ocultar déficits sociales, no sólo constituye una ruptura de acuerdos públicos sino sobre todo un bloqueo autoritario a reclamos de justicia y debates democráticos. De manera inevitable esto genera resistencias entre quienes se sienten afectados por la imposición de un relato que bajo la forma de "discurso único" (sentido común) intenta pintar un país sin deudas sociales.

Es en este contexto que la difusión del último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (http:

/www.uca.edu.ar y ahí ir a Observatorio de la deuda Social) generó una vez más una serie de ataques verbales por parte de funcionarios, especialistas y consultores del oficialismo. Lamentablemente, la mayor parte de estas críticas estuvieron más preocupadas en negar los problemas, descalificar su metodología o denostar a sus autores como "opositores" que en convertir la información en una herramienta para la discusión pública, el empoderamiento social y la acción política.

Incluso, la mayor parte de los detractores ni siquiera han revisado el informe. Si lo hubiesen hecho se darían cuenta de que en el mismo se destaca el impacto positivo de las políticas sociales en importantes campos de la vida social. Por ejemplo, la inversión en infraestructura y educación permitió reducir la pobreza estructural en varios puntos.

A la vez que el informe también advierte sobre el aumento de la pobreza por ingresos y la persistencia de marginalidades estructurales, así como en el hecho de que de no mediar un cambio de rumbo seguiremos sumando más oscuros que claros en materia de integración social. Afortunadamente, tal como muestran nuestros estudios, la AUH, las jubilaciones, el salario mínimo y otros programas han funcionado como sistemas de contención social, dado que sin ellos la situación sería peor. Pero a pesar de ello, según el método de pobreza que se aplique, todavía un 11%, 15% o 29% de la población urbana enfrenta situaciones extremas, agudas o crónicas de exclusión social.

En cualquier caso, estamos muy lejos del 1,2% o el 4,7% de indigencia y pobreza, índices oficiales ratificados hace unas semanas atrás por el director del Indec y representantes del gobierno nacional. Cifras que no parecen indignar a los críticos. ¿Será qué el compromiso con el poder político es más importante que los derechos sociales de los sectores débiles?

De ahí la importancia de que estos problemas sigan estando en la agenda pública. Mucho más si desde el propio Estado se siguen ocultando las estadísticas de la pobreza. Dichosamente, el Observatorio de la Deuda Social no tiene compromiso con ningún poder político, gobierno o fuente de financiamiento. Sepan disculparnos los críticos, quizás necesiten que lo seamos pero no somos "opositores", "oficialistas" ni "usinas" de nadie. Sólo buscamos que la información se traduzca en políticas de Estado orientadas a una efectiva superación de la pobreza en la Argentina.

Investigador jefe del Observatorio?de la Deuda Social Argentina-UCA

Por Agustín Salvia

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