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Las prepagas pelean por las obras sociales
Cambio: próximo a vencer el plazo para elegir un nuevo servicio de salud, las empresas privadas tratan de captar afiliados gremiales; por ahora sólo puede optarse por otra obra social.
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LA NACIONSilvia Stang
El próximo 30 de abril vence el plazo que dispuso el Gobierno par ejercer la opción de cambio de obra social. Hasta el momento, sólo 7749 personas iniciaron el trámite ante la Anses, lo que refleja las dudas que aún despierta el tema.
No se trata de una opción obligatoria, pudiendo mantenerse la afiliación a la actual obra social. Lo que no está permitido es derivar los aportes sobre el salario a una empresa de medicina prepaga.
Una vez vencido este plazo, habrá que esperar hasta mayo del año que viene para hacer el cambio.
La proximidad del límite para optar desató una ofensiva de algunas prepagas por entrar, antes de la desregulación total, en el mercado de las obras sindicales. Se trata de un negocio superior a los U$S 2500 millones anuales, del que los privados apuntan a captar al público de altos ingresos.
Para entrar a la competencia, los privados deberán esperar a que el Gobierno apruebe el marco regulatorio del sector. Un primer paso es la obligación de esas compañías de cumplir con el Programa Médico Obligatorio (PMO), vigente desde mañana. Esto incluye la atención de enfermos de SIDA y drogadependientes sin aranceles adicionales, además de los servicios generales.
Los límites para optar
El 30 de abril vence el plazo para cambiar de obra social; algunas empresas privadas se lanzaron a ganar al menos una parte de esos potenciales clientes, motivando una investigación de la Anssal; están en juego U$S 2500 millones
A un mes del vencimiento del plazo con el que cuentan los trabajadores para optar por una nueva obra social, si es que quieren abandonar la propia, los prestadores de la salud son protagonistas de un profundo proceso de transformación, que incluye una fuerte disputa por un negocio que mueve unos U$S 5000 millones al año entre todos los sectores. Este escenario deja planteadas varias dudas sobre cuáles serán las posibilidades de acceso de la población a la cobertura básica de salud.
La lista de obras sociales que están habilitadas para recibir afiliados de cualquier actividad incluye, además de las sindicales, a las que fueron constituidas en el seno de distintas empresas para su personal.
Esto dio lugar a un caso muy particular: el de OSDO. Se trata de la obra social creada hace 20 años para el personal de Duperial y Orbea. Cuatro años atrás, el manejo administrativo quedó en manos de la prepaga Docthos, del grupo Roberts, que ahora lleva adelante una agresiva campaña de captación de nuevos afiliados.
Esa forma de entrar en la competencia generó críticas (y denuncias) de las propias prepagas, pero ya generó imitaciones. En el mercado es un secreto a voces que el grupo Exxel -que controla a Galeno Life SA, Vesalio y TIM- sale a ganar afiliados para la obra social originada en la papelera Witcel.
Si bien, ante una consulta de La Nación , sus directivos intentaron negar el hecho, opinaron que una acción como la emprendida por OSDO "da respuesta a los requerimientos de la sociedad sobre una mejor calidad médica". Por esta vía, las empresas logran competir en un mercado que, por ahora, les está vedado y que, de cara al futuro, no les muestra perspectivas claras.
Si la posibilidad de optar por otra obra social es una realidad desde el 1° de enero último, la entrada en el mercado de los agentes privados -lo que sería la segunda etapa del proceso de desregulación- es un tema que aún no logró consenso dentro del propio Gobierno.
La fricción se nota en las posturas que mantienen los ministerios de Salud y de Economía. Hace pocos días, Roque Fernández aseguró que en 1998 habrá desregulación total. De hecho, el acuerdo con el FMI incluye este compromiso.
Pero ante el anuncio, los empresarios prefieren aplazar el optimismo hasta ver señales más concretas. Porque el titular de Salud, Alberto Mazza, insiste en que el tema ni siquiera entró aún en discusión.
Para algunos analistas, la competencia entre todos los agentes de la salud va a llegar, tarde o temprano, "porque se trata de un fenómeno universal".
Más allá de todo argumento, la palabra final estará en boca de quien representa la instancia más alta del Gobierno, el propio presidente Carlos Menem. "Estamos trabajando para optimizar el sistema de obras sociales. Cuando pasemos esa etapa, llegará la decisión política del Ejecutivo para determinar cómo sigue la desregulación", afirmó Alberto Abad, secretario de Control Estratégico de la Jefatura de Gabinete.
Transformaciones
Es una etapa que llegará después de terminados dos procesos: el de reconversión de las obras sociales, apoyado por los préstamos del Banco Mundial, y el del establecimiento de un marco regulatorio para las prepagas, un tema pendiente en el que hoy se trabaja contrarreloj en el Ministerio de Salud.
"Es necesario un marco jurídico que dé seguridad a los inversores y que garantice un respaldo económico a los usuarios", consideró John Cunny, gerente general de Galeno Life SA. "La norma dejará establecidos los mecanismos para que el cliente se defienda ante el incumplimiento de los contratos", agregó Abad.
Con estos objetivos en la mira, uno de los aspectos por legislar es el del capital mínimo y las reservas técnicas exigibles. "Se está discutiendo si el patrimonio del prestador debería ser mayor a los $ 100.000. Esto es poco serio, porque habría que pensar en no menos de $ 1.000.000, y en reservas del 15% sobre las cuotas", opinó el consultor Daniel Marcú.
Para Marcú, la necesidad de una norma está empujada por el momento histórico al que llegó el mercado de las prepagas, surgido hace 30 años. "A esta altura, la cartera de clientes comienza a envejecer y eso se nota en los costos. Era previsible, pero hasta ahora no se hicieron reservas, sino que el dinero pasó a engrosar las ganancias de las empresas", explicó. La facturación del sector (unas 175 empresas con 2,9 millones de clientes) supera los U$S 2000 millones anuales.
Además de los requisitos para garantizar la solvencia de las empresas, se entiende que debería legislarse sobre algunos conceptos de los contratos. Por caso: qué pasa con el aumento de la cuota cuando la persona va sumando años de vida y, por lo tanto, riesgo de enfermedades, o cuáles deberían ser las condiciones de ingreso y de renovación de los contratos, para que no se rechacen afiliados con criterios discrecionales.
"Hoy nadie discute la conveniencia de una regulación", señaló Marcú. La disconformidad de los operadores parece estar ahora en que se los desplazó de las negociaciones. "Hasta hace unos meses tuvimos la posibilidad de analizar los puntos del proyecto con los funcionarios. Pero ya no tenemos acceso", replicó Pablo Giordano, presidente de la Asociación de Entidades Médicas Privadas (Ademp).
No es lo único que preocupa a los empresarios. En los próximos días comienza regir una ley que obliga a las prepagas a cumplir con el Programa Médico Obligatorio (PMO), que fue en un principio establecido para las obras sociales, y a dar atención a los enfermos de SIDA y a los afectados por la drogadicción.
Los peros son muchos frente a esta obligación, y se basan en que existen varios aspectos que los legisladores "olvidaron" tener en cuenta. En primer lugar, la norma no prevé ninguna discriminación entre prepagas de cobertura general y especializada.
El tema va aún más allá. "Ningún plan de ninguna prepaga cumple con el PMO, y hacerlo va a repercutir en un aumento de las cuotas -aseguró Luis Zorraquín, gerente general de Docthos-. No cumplen, por ejemplo, en lo que se refiere a la atención a los enfermos crónicos, o a la provisión de prótesis".
Las cuotas podrían verse afectadas por otro aspecto. En el nuevo escenario actuará un ente para controlar el funcionamiento del sistema, la Superintendencia de Salud -que surgirá tras la desaparición de la Anssal-, a la que los agentes del mercado deberán mantener con un aporte del 10% de las cuotas.
Hay muchos hilos aún sueltos. Y las puntadas que se deben dar no admiten más demoras si, como espera el Gobierno, se pretende tener antes de fin de año un sistema curado de las falencias que hoy lo afectan.
Los gremios pelean su lugar
La crisis del sistema llevó a una racionalización administrativa y de servicios
"Tuvimos que hacer de empresarios y buscar soluciones imaginativas que afectaran lo menos posible a los afiliados". El apoderado de la obra social de periodistas de Buenos Aires, Raúl Barr, resumió así el proceso, a veces conflictivo, que viven prácticamente todas las obras sociales sindicales desde que les llegó la era del ajuste.
La racionalización de servicios, gastos administrativos e incluso de personal (algo impensado en otros tiempos) fue parte del proceso que las entidades de salud se vieron obligadas a encarar especialmente a partir de enero de 1994, cuando comenzó la rebaja de aportes patronales, dejándolas así sin una considerable masa de recursos.
Aunque muchos lo criticaron al principio, las obras sociales se vieron obligadas a encarar planes de ajuste en el marco del programa lanzado por el Gobierno con la asistencia financiera del Banco Mundial.
El Gobierno destinó a ese fin un total de 360 millones de dólares (210 millones de la Administración Nacional del Seguro de Salud, Anssal, y 150 millones de la entidad financiera internacional), y está previsto destinar otros 400 millones "como ampliación para cubrir a todas las que finalmente califiquen", según precisó a La Nación el titular de la Anssal, José Luis Lingieri.
La lista de los que están en condiciones de pelear por el traspaso de afiliados comprende a 272 obras sociales entre las que se cuentan las sindicales, las de empresa o de convenio y otras de carácter provincial o municipal.
En este contexto, esas entidades no parecen muy entusiasmadas con pelearse entre ellas por ganar nuevos afiliados del padrón ya existente, aunque admiten la competencia, mientras ésta no incluya a las empresas de medicina prepaga.
"No queda nadie"
"Si entran las prepagas, con los capitales financieros internacionales que están detrás, aquí no queda nadie", sentenció con temor Francisco Gutiérrez, miembro del secretariado nacional de la Unión Obrera Metalúrgica.
El planteo de los dirigentes es que, mientras ellos están obligados a dar prestaciones a todos sus afiliados sin distinguir por el nivel de aportes, "a las prepagas sólo les interesa el público de altos ingresos". Ysi se llevan a su cartera a quienes resultan clientes más rentables, resentirán las finanzas de las obras sociales.
La diferencia quedará acotada al menos en parte con la obligación a las prepagas de cumplir con el programa médico obligatorio (basado en un aporte de $17 por afiliado y que cubre un nivel general de prestaciones), que rige desde mañana. Sólo podrán cobrar aranceles diferenciales por los servicios adicionales a ese plan.
"La publicidad de OSDO es engañosa, porque no aclara que todos los servicios que promete sólo son para las personas de determinado poder adquisitivo. El resto tiene que pagar diferenciales", se quejó un dirigente sindical.
Aunque por ahora no son más que anteproyectos, algunos gremios ya están trabajando en planes de asociación o fusión entre sí. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) está en conversaciones con el gremio de la alimentación, que lidera el actual titular de la CGT, Rodolfo Daer, mientras que los albañiles de la Uocra (con Gerardo Martínez a la cabeza) están en tratativas con gremios afines. En una tarea similar está la obra social de periodistas de Buenos Aires.
La idea es avanzar hacia una federación de obras sociales, sea por actividad, región o incluso por afinidad política. El objetivo es no superponer servicios ni estructuras administrativas sino complementarse. "De esta forma -resumió el dirigente metalúrgico- se pueden ahorrar gastos improductivos".
En el ojo de la tormenta
La campaña encarada por la prepaga Docthos para conseguir afiliar trabajadores a OSDO, la obra social de las ex empresas Duperial y Orbea, generó cuatro denuncias en la Anssal. Dos provienen de entidades de personal de dirección, OSDE y APS; una tercera, del Sindicato de la Televisión y la restante, de la Unión Obreros de la Construcción (Uocra).
Los argumentos de las acusaciones son los siguientes:
- OSDOes una pantalla bajo la cual actúa Docthos que, como prepaga, no está habilitada para competir.
- La empresa Duperial fue vendida a ICI. Orbea ya ni siquiera existe.
- OSDO aporta, como las obras sindicales, el 10% de su recaudación al fondo de redistribución de la Anssal. Pero también afilia personal de dirección, y las obras de este nivel contribuyen con el 15 por ciento.
- Hay una prohibición respecto de que una obra social subcontrate a una prepaga, algo que OSDO hizo hace cuatro años, y que dio origen a esta forma de operar, por la que hoy tiene 45.000 afiliados, que pertenecen a empresas con las que acordaron.
- La inversión en gastos administrativos de una obra social, incluyendo la publicidad, no puede superar el 10% de la recaudación.
"OSDO está incluida en el listado de la Anses, por lo que no veo el inconveniente de salir a competir", se defendió el gerente general de Docthos, Luis Zorraquín, que explicó que la empresa mantiene una doble vinculación con la obra social: "Somos prestadores junto a AMSA y nos ocupamos de la comercialización, por un contrato de tercerización".
Zorraquín también aclaró que el estatuto dispuso que la obra social sería para la empresa Duperial "o su continuadora", y que la acusación sobre el porcentaje de aportes a la Anssal puede ser una confusión "porque podemos afiliar, por ejemplo, a los gerentes de los bancos, que antes eran personal de convenio y ahora pueden ser considerados personal de dirección".
Ahora, la Anssal estaría por dar un dictamen sugiriendo la intervención de OSDO. La decisión es del Ministerio de Salud.
Una difícil negociación política
"Los sindicalistas, con tal de no perder el control de las obras sociales, son capaces de ceder en todo, de firmar lo que sea, ellos no quieren perder su caja." La frase partió de la boca de un dirigente empresarial de los que se sientan seguido a negociar con la CGT, intentando -hasta ahora sólo fue eso, meros intentos- lograr una reforma laboral consensuada. Los empresarios del Grupo de los Ocho que discuten con la CGT saben que el tema más urticante de la modernización laboral es, sin ninguna duda, la desregulación de las obras sociales.
Pero por más que desean la liberación del mercado de la salud, hasta ahora deben aceptar que la pulseada por las obras sociales está siendo ganada por los sindicalistas, que lograron retirar el dedo empresario de la llaga. En las discusiones tripartitas que comenzaron el 6 de febrero último, lograron anteponer otros temas que ellos consideraron prioritarios: convenciones colectivas, ultraactividad e indemnizaciones. Inclusive llegaron a proponer que se discuta el papel gremial en el Mercosur.
Así, los sindicatos sacaron la pelota afuera de la cancha, y, como diría cualquier buen hincha de fútbol, "piensan aguantarla afuera todo lo que puedan". Esto significa que la desregulación está lejos de ser tratada en la mesa de negociaciones. No es todo. Hay empresarios que aseguran que los popes que mandan en los gremios grandes podrían llegar a aceptar la desregulación, siempre y cuando se les asegure que sus obras sociales perdurarán en el mercado libre.
