Las prepagas rechazan la intervención

PUERTO IGUAZU.- "La salud es uno de los sectores que más requiere la inversión permanente para mantener un nivel de calidad que en todo el mundo va mejorando", sostuvo Marcelo Mastrángelo, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami). Y desde ese convencimiento de la necesidad de una inyección constante de recursos para un sistema que maneja contratos privados, el directivo critica las pretensiones del Gobierno de intervenir y decidir si se van a aumentar y cuánto las cuotas, y de regular los contenidos de los planes.

"Cuando [el secretario de Comercio Guillermo] Moreno dice «no le permito aumentar la cuota porque su balance es equilibrado» -y es mucho esfuerzo tener un balance equilibrado-, ¿por qué no me pide ver cuál es mi plan estratégico y en qué pienso invertir en los próximos cinco años?", desafió, a la vez que evaluó que desde el Gobierno preocupa más cuidar cuánto da el índice de inflación que actuar en beneficio de los afiliados.

Mastrángelo, que es gerente de marketing del Hospital Alemán, consideró que no es necesaria una regulación para la actividad de las prepagas, como la que se estudia dictar por ley, ya que la administración pública tiene todas las herramientas necesarias para controlar si se cumplen los contratos.

"Está bastardeado el valor de la salud", sentenció el directivo, durante un diálogo que mantuvo con LA NACION, en un descanso de las actividades del IX Congreso Argentino de la Salud, que se realizó frente al imponente paisaje de las Cataratas.

El presidente de Acami defendió el rol de las entidades sin fines de lucro, "que tienen una capacidad instalada de muchísima inversión" y un largo tiempo de trabajo, como el caso del Alemán, "que va a cumplir 140 años". "El centro de la calidad de la atención se basa en nosotros, sin desmedro de instituciones públicas que son muy buenas", dijo.

-¿Cómo evalúa la necesidad de nuevos ajustes de cuotas en los próximos meses? ¿El sector se mueve en forma similar a las empresas comerciales?

-A veces, sí; a veces, no. Cuando la medicina prepaga aumentó un 15%, aprovechamos la coyuntura porque teníamos necesidad, pero las cuentas nos daban el 8% y aumentamos el 8 por ciento. Ahora, los hospitales de colectividad fuimos los primeros en reconocer el aumento del 19% para los trabajadores de la salud, y no lo pudimos absorber, por eso salimos con un 6% en junio [por el Hospital Alemán]. La decisión era parar las inversiones y dar el aumento de sueldo, o pedir un reconocimiento de nuestros socios y seguir con las inversiones, que son para ellos. Ahora la decisión depende del plan estratégico de cada entidad; estoy muy en desacuerdo con la política de la Secretaría de Comercio, que pide un balance para ver si permite aumentar, como si fuera una potestad de ellos. En salud la inversión es clave y la innovación es permanente. Si esto no se va financiando, se perjudica el que supuestamente se beneficiaba porque el Gobierno le dijo «quédese tranquilo que la cuota no se la van a aumentar»... Ahí el objetivo tal vez no es beneficiar al que paga la cuota, sino beneficiar un índice del Indec, cuando tampoco es cierto que influya tanto en la inflación. Los aranceles de salud son los que menos aumentaron; desde la salida de la convertibilidad estamos en un 29%. No puede ser que un médico del interior cobre 9 pesos una consulta y en la Capital en el mejor de los casos cobra 16, cuando a mí el peluquero me cobra 20 pesos.

-¿Los aumentos de cuotas de las entidades financiadoras no trasladaron más recursos a aranceles y honorarios médicos?

-Se trasladó, con cuentagotas, un 10 por ciento. Lo que pasa es que un médico que cobraba 13 pesos, pasó a cobrar 14,30 pesos.

-¿Hubo otras prioridades o se repartieron los recursos entre otros fines, como la tecnología?

-La inversión en tecnología la hacemos los prestadores. Pero para los financiadores se sigue aumentando la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO), y los amparos pasaron a ser una carga inverosímil, porque no hay rigor científico de lo que se reclama, como el caso de la equinoterapia. Todos hablan del derecho a la salud, que es incuestionable, pero ¿quién tiene el deber? Las privadas deberían tener un contrato dentro del marco regulatorio y el Estado debería controlar que el contrato se cumpliera; pero si alguien reclama una práctica que no estaba incluida, la debe dar el Estado.

-El proyecto de ley de la Superintendencia de Salud prevé regular las subas de cuotas por edad y exigir que no haya tope de edad para la admisión. ¿Qué efectos tendrían esas medidas?

-Sería como decirle a una compañía de seguros que asegurara autos chocados y contra todo riesgo; es un disparate. Si en la práctica no se quiere admitir a los mayores, siempre va a haber un motivo para ejercer el derecho a admisión por patologías preexistentes; eso no está penalizado como discriminación. En cuanto al aumento de cuotas por edad, si no existiera habría que prorratear (el mayor costo que generan las personas mayores) entre todos los afiliados. El sistema tiene que funcionar, y a veces hay que mirarlo objetivamente.

-¿Cómo ve el rol más activo que toma o está buscando asumir el Estado?

-Es difícil analizar cuál es el objetivo. Lo que sé es que el sistema de seguridad social es el que está más al margen de eso. Una obra social cubre hasta que la persona deja de trabajar y, qué casualidad, se deja de trabajar a la edad de la jubilación. Las obras sociales cubren en el período de menor gasto. Ahora, al sector privado se le dice «tenés que tomar a los mayores de 65 años sin cuestionar y tampoco les podés aumentar la cuota». Según Mastrángelo, la falta de un plan hace que el Gobierno se enfoque en las prepagas cuando hay "17 millones que deben acudir al hospital público, problemas en el PAMI y obras sociales con sus vicios, aunque algunas mejoren".

Por Silvia Stang

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