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Las privatizaciones más difíciles
El gobierno de Eduardo Frei se resiste a vender la minería, pero se apresta a abrir los puertos y los servicios sanitarios a la entrada de nuevos capitales
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SANTIAGO, Chile.- El gobierno chileno considera que las principales privatizaciones ya están hechas y que sólo resta que el sector privado asuma el manejo de las 13 empresas de servicios sanitarios del país y de las instalaciones portuarias.
Esa es, al menos, la posición que el presidente Eduardo Frei y las autoridades económicas así lo han expresado en forma rotunda en respuesta a las demandas de opositores derechistas que exigen la privatización de las pocas empresas que aún se mantienen en el sector público, entre ellas la importante industria cuprífera.
A fines de 1997, el Congreso aprobó -luego de tres años de trámite legislativo- una ley que permitirá la privatización de los puertos, mientras se encuentra pendiente, pero en los últimos pasos, la iniciativa legal que también abrirá al capital privado las empresas encargadas del suministro de agua potable y del alcantarillado.
Una treintena
Esas son las únicas empresas, junto con el deficitario ferrocarril del Sur, de las casi treinta empresas estatales, que serán licitadas o abiertas al capital privado.
El gobierno de Frei descarta de plano la privatización de las compañías del cobre, como demandan empresarios y los mismos sectores de la derecha.
El argumento para rechazar la venta de las cinco grandes minas de cobre estatales es que este mineral es estratégico para Chile.
El cobre representa alrededor del 40% de las exportaciones totales del país, con lo cual es el principal producto que Chile vende al mundo.
Pero, además, aporta a las fuerzas armadas unos 300 millones de dólares anuales, según la obligación que tienen la Corporación del Cobre (Codelco), de entregar a esas instituciones el 10 por ciento de sus ventas. Uno de los argumentos de los funcionarios que rechazan la privatización se basa en la duda sobre quién podría adquirir los cinco yacimientos minerales estatales, cuyo valor se calcula en unos 30.000 millones de dólares.
La industria cuprífera fue denominada "el sueldo de Chile" y "la viga maestra" por los gobiernos de los años 60 y 70, cuando primero la "chilenizaron" (sociedad del Estado chileno con capitales norteamericanos) y luego la nacionalizaron.
El régimen militar, que privatizó todo cuanto pudo, no se animó a vender las cuatro empresas dependientes de Codelco, aunque le sacó parte de sus recursos para dárselos a las fuerzas armadas.
Pese a eso, las utilidades netas de la Corporación superan los US$ 1000 millones anuales.
También se descarta la privatización del Banco del Estado, una de las instituciones financieras más importantes del país.
La ley que privatizó la actividad portuaria -que continuará bajo la tutela de la Armada- permitirá que los capitales privados inviertan en esas tareas y amplíen su capacidad operativa.
La infraestructura portuaria ha hecho crisis por el fuerte crecimiento del comercio exterior chileno.
La semana última, la Empresa Portuaria de Chile, encargada de manejar los puertos, inició el proceso de formación de diez compañías portuarias autónomas que abrirán sus puertas al capital privado. El proceso, que el gobierno llama de descentralización de los puertos, es resistido por los trabajadores, que temen la reducción de personal que implicaría el cambio de manos.
Aeropuertos y trenes
Similares características presenta la privatización de los aeropuertos.
La estación aérea Arturo Merino Benítez, de esta capital, fue adjudicada recientemente a consorcio canadiense-chileno que deberá invertir por lo menos 150 millones de dólares para duplicar su capacidad operativa actual.
Aparte del cobre, la única gran empresa que se conserva en el sector público es el ferrocarril subterráneo de Santiago o metro.
El moribundo tren de pasajeros de Santiago al Sur está desde hace años en los planes de privatización, aunque en sociedad con el Estado, pero su deterioro es tal que requiere millonarias inversiones previas para hacerlo rentable y atractivo al capital privado.
Periódicamente, se anuncia el próximo llamado a la asociación con privados, pero se dilata por la falta de recursos para el mínimo mejoramiento.
El transporte ferroviario de cargas fue licitado hace cinco años. El Estado conserva aún una minoritaria participación en la empresa eléctrica Colbún, una de las principales del país, pero en sus planes figura desprenderse del capital accionario que posee allí.
También se contempla que el Estado venda este año una pequeña central eléctrica en la austral provincia de Aisén.
La infraestructura
Pero si bien el Gobierno desecha nuevas privatizaciones -a excepción del puñado de empresas sanitarias, portuarias y eléctricas, la política oficial es entregar a los privados, mediante concesiones, obras de infraestructura tales como carreteras y aeropuertos.
El izquierdista ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, ha emprendido un vasto plan de nuevas vías camineras o de mejoramiento de autopistas, con inversiones previstas por más de US$ 2000 millones hasta el 2000, con fondos que deberían provenir en su totalidad de aportes privados por medio de concesiones.
"Todas aquellas obras que nos permitan obtener recursos para destinarlos a la inversión social serán licitadas a privados", señaló Lagos.
Por Por Federico Quilodrán <br/> Corresponsal en Santiago
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