Las siete reformas que necesita la Argentina para aprovechar la oportunidad

El contexto internacional es muy favorable para los países de la Cuenca del Plata, entre otros, nuestro país. Ello obedece a la lejanía de nuestra zona de las áreas de conflictividad bélica, a la ausencia de riesgos atómicos, debido a los acuerdos institucionales con Brasil, y a circunstancias sumamente favorables en materia de depreciación de la moneda de Estados Unidos, que tanta influencia tiene en Latinoamérica. Contribuye a ello la complementariedad de nuestros recursos naturales con la enorme revolución tecnológica de la inteligencia artificial. Otro aspecto estructural a destacar es la ausencia de conflictos raciales, religiosos e identitarios en nuestra tradición y costumbre nacional.

Para utilizar plenamente estas circunstancias favorables, nosotros planteamos la implementación de siete reformas de las políticas públicas, las cuales tenderían a volver a nuestro país más competitivo y receptivo a estas transformaciones.

Las secuencias de la reforma son muy importantes, las reformas a corto plazo que resultan imprescindibles son: fiscal, tributaria, laboral, previsional y federal. El resto de las reformas pueden tomar mas tiempo ya que son de carácter institucional, su impacto no es inmediato.

La razón de ello es que están entrelazadas entre sí, su impacto en un programa conjunto ofrece sinergias formidables en reglas de juego como en expectativas. La visión que encontramos frente a un cambio muy sesgado, en favor de la producción nacional y la acumulación de valor agregado, facilita la recuperación de la confianza y la caída sistematica del Riesgo País. Si ello ocurre, propicia una aceleración del crecimiento económico, que además de resolver inmediatamente los problemas de empleo, genera los excedentes para financiar la inversión adicional requerida y sobretodo, permite elaborar un balance intertemporal para los sectores productivos de mayor rentabilidad, que favorece el ritmo de acumulación de capital.

Debemos recordar que el rasgo dominante de la economía argentina después de 20 años de Kirchnerismo, es su descapitalización.

La reforma tiende a recrear las condiciones de acumulación de capital de una economía vibrante y expansiva.

Reencauzar el criterio de la orientación de la política macroeconómica hacia el espíritu de los acuerdos con los organismos multilaterales. Resumiendo, ellos, en tres definiciones, la reducción sistemática de la deuda pública respecto al PBI, en el programa se asumía que bajaba del 37% al 20% del PBI, la reconstrucción de las reservas internacionales hasta alcanzar niveles similares a las métricas vigentes en la experiencia comparada, y finalmente aumentar el superávit primario hacia niveles próximos al 2,5% del PBI, tal cual se comunicó en la revisión de agosto de 2025 en el acuerdo con el FMI. En resumen, esta reforma tiende a reducir el problema de intolerancia a la deuda de la Argentina, a fortalecer nuestra capacidad para enfrentar los choques externos e internos que reciba nuestra economía, y a sesgar el crecimiento hacia exportaciones, inversión y creación de empleo privado.

Las marchas y contramarchas en la orientación de la política monetaria socavan la previsibilidad institucional, erosionando la confianza en nuestra moneda y generando un clima de incertidumbre financiera. Para evitarlo, es vital fortalecer la independencia del BCRA. El rediseño institucional se basa en cuatro pilares: (i) fijar la estabilidad de la moneda como meta principal, (ii) decidir libremente los instrumentos para lograr esa meta, (iii) garantizar la estabilidad de sus autoridades y (iv) contar con recursos propios sin depender del Tesoro.

Ello implica en materia de fortalecimiento institucional: restablecer límites estrictos al financiamiento del Tesoro por parte del BCRA; garantizar la duración fija y no renovable de los mandatos de sus autoridades; establecer procesos de designación con mayor transparencia y control parlamentario.

Extremar el blindaje legal: tipificar penalmente la intromisión indebida de funcionarios públicos en las decisiones del BCRA, sancionando con inhabilitación a quienes presionen o condicionen la política monetaria con fines electorales.

Reglamentación operativa: fijar reglas claras y públicas sobre intervenciones cambiarias, asegurar la libre disponibilidad de divisas para los importadores y exportadores, excluir la capacidad de establecer cepos cambiarios y proteger el respaldo de los depósitos de los abortistas, tanto en moneda local como extranjera.

Supervisión democrática: fortalecer el rol de las comisiones del Congreso especializadas que analicen el desempeño del BCRA, para equilibrar independencia técnica con rendición de cuentas. En fin, un compromiso con la estabilidad: la Argentina necesita un Banco Central que deje de ser rehén de los ciclos políticos y se convierta en una institución creíble, capaz de proteger el valor de la moneda y de garantizar un sistema financiero sólido. Subordinar la política monetaria a los vaivenes electorales es hipotecar el futuro de los argentinos en nombre de ventajas políticas efímeras.

Dotar al BCRA de verdadera independencia no es un capricho académico ni una concesión tecnocrática: es una condición básica para erradicar la inflación, recuperar la confianza en el peso, favorecer la inversión y generar un sendero de crecimiento sostenible a largo plazo.

El desafío, en definitiva, es construir consensos políticos que reconozcan que la estabilidad monetaria es un bien público de todos y no una herramienta de manipulación política. Solo así será posible superar la inestabilidad crónica y dar a la Argentina una moneda en la que sus ciudadanos puedan volver a confiar.

El objetivo central es reconstruir el empleo formal, incrementar el número de empresas en la Argentina, a niveles similares a los países de población equivalente, y devolver un espíritu vibrante a la competencia y la innovación. A los fines de tal reforma, se han propuesto leyes de aprendizaje y pasantías, reformas a la ley de contrato del trabajo, reformas al nivel de negociación entre empleados y empleadores y una serie de otras iniciativas que apuntan a dotar de la máxima aptitud a nuestro sector empresarial, para generar empleo y adaptarse a la revolución de la inteligencia artificial y a los desafíos de la competencia mundial.

En particular, también forma parte de esta iniciativa una significativa reducción en la tributación sobre el factor trabajo, compensándola con un aumento de impuestos sobre otras bases tributarias que no exhiban los niveles extraordinarios de evasión que se verifican en este factor de producción.

La reforma tributaria se basa en reducir los impuestos al uso de mano de obra, a la utilización del sistema financiero y a las exportaciones. El sistema financiero está afectado en un mayor grado que el resto de la economía, por un impuesto muy distorsionante como el de los Ingresos Brutos, el cual, al igual que el impuesto a los sellos, deberá ser reemplazado de modo general por un impuesto al valor agregado.

Esta reforma abarata dramáticamente los costos de producción, inversión y empleo de las empresas argentinas, en particular las pymes por el carácter multietápico del impuesto.

En la misma línea debería eliminarse el impuesto a los débitos bancarios, que reduce la utilización del sistema de pagos más moderno.

También debe eliminarse el impuesto a las exportaciones que discrimina el uso de tecnologías modernas en el sistema productivo.

La propuesta es reemplazar todos estos impuestos por ampliaciones al impuesto al valor agregado, al ingreso y a los combustibles, afectando los ingresos a favor del gobierno federal, reconociendo el menor potencial evasor y la menor elasticidad a la carga tributaria, así como un sesgo menor en la discriminación negativa de la actividad productiva doméstica.

Uno de los temas más delicados de la organización económica argentina es la insuficiente coordinación del Estado federal con los estados provinciales y gobiernos locales. En general, el criterio más eficiente, de mayor énfasis en la productividad y de mayor congruencia institucional, es aplicar el principio de subsidiariedad, esto es, que el gobierno federal no realice acciones que puedan llevar adelante los gobiernos provinciales o locales, tendiendo de esta manera a aumentar en la mayor medida posible la correspondencia fiscal.

Entendiendo por esta última que quienes llevan adelante las erogaciones fiscales deben ser los que demanden de los ciudadanos los recursos tributarios correspondientes. Esta propuesta en materia de gastos y recursos públicos recreará el conflicto natural entre la coalición de contribuyentes y la coalición de demandantes de erogaciones estatales.

Este planteo fue realizado por el diputado López Murphy en relación con unidades hospitalarias, escuelas de distinto grado y universidades administradas por el Estado federal. Debe recordarse que este diseño institucional fue formulado originalmente en un libro de 1992, “Hacia un nuevo federalismo fiscal”, y expuesto en sucesivas oportunidades en seminarios, conferencias y presentaciones públicas.

Estamos frente a una bomba demográfica, la tasa de crecimiento de la población tiende a cero o a una caída nominal, al mismo tiempo que los adultos de más de 85 años han crecido en los últimos 35 años más de 1500%, y la tasa de natalidad ha caído dramáticamente a niveles que no permiten la reproducción y mantenimiento de la población.

En este aspecto, llama la atención que la República de China, que tuvo durante muchas décadas la regla de solo un hijo por matrimonio, ahora fomenta fiscal y tributariamente la regla de familias más numerosas.

En general, esta cuestión demográfica afecta a la utilización de las escuelas, al sistema del cuidado de la niñez y al diseño del sistema sanitario, pero en particular su mayor impacto es en el régimen de previsión social y los seguros de salud. En nuestra tarea en el Congreso de la Nación, elaboramos dos proyectos sobre esta temática, uno relativamente menos ambicioso, con la diputada Alejandra Torres, basado en un régimen que contemplaba la PUAM como pilar solidario, un pilar contributivo que era 1,5% por año de servicios, sin límites para computar los años correspondientes, sobre la remuneración efectivamente aportada a lo largo de la vida, y un tercer pilar de ahorro, donde se permite deducir el 3% de Ganancias a los efectos de reconstruir el sistema institucional de ahorro para la vejez.

También avalamos otro proyecto de la Diputada María Eugenia Vidal, más complejo y amplio, que, utilizando el principio de igualdad ante la ley, elimina las diferencias de trato entre los 250 regímenes provisionales vigentes. La idea nodal en ambos es la correspondencia previsional, es decir, que exista un vínculo estricto, en el margen, entre el esfuerzo de ahorro y contribución y la pensión que se recibe del sistema estatal. Sin ese incentivo, propio del régimen de libertades y propiedad privada, es muy difícil normalizar la relación entre aportantes y jubilados, cuyo número ha venido cayendo dramáticamente a lo largo de las décadas.

La experiencia comparada muestra el enorme impacto que la reforma previsional tiene sobre la evaluación de la solvencia fiscal. Los casos de referencia son, la reforma Reagan (comisión Alan Greenspan), la reforma Sanguineti en Uruguay, la reforma Schoeder en el 2000 en Alemania, la reforma Renzi en Italia, la reforma Rajoy en España y la llevada a cabo en Grecia bajo el programa conjunto de apoyo entre el FMI, la comunidad europea y el Banco Central Europeo.

Todas ellas sirvieron de forma sustantiva, son correcciones de un orden de cino veces el tamaño de la deuda publica argentina, por su carácter intertemporal. En el caso de Uruguay, la reforma Sanguinetti fue complementada por la Reforma Lacalle en 2023.

Reconstruir la reputación de nuestro país para propios y extraños requiere no solo disciplina fiscal, monetaria, regulatoria y tributaria, sino también reglas que reconstruyan la gobernanza y gobernabilidad de los procesos presupuestarios y fiscales.

Entre otras cuestiones, es vital registrar todas las deudas del Estado, no solo las que han sido instrumentalizadas en títulos públicos o créditos. Esta transparencia permitirá una evaluación correcta de nuestros problemas y al mismo tiempo evitará que se induzcan hipótesis negativas sobre nuestro futuro. La segunda cuestión tiene vinculación con registrar los compromisos intertemporales. Las leyes públicas afectan muchas veces no solo el ejercicio en curso, sino también el futuro, o sea, tienen expresión intertemporal; en particular, ello es muy decisivo en materia de previsión social y en el sistema de seguro de salud. La idea central es que, al presupuesto general de la nación, lo acompañen, como es habitual, el plan financiero, el programa monetario y un anexo de explicitación de las deudas contingentes provenientes de la seguridad social en sentido amplio.

Las reglas de responsabilidad fiscal deben complementar la ley de administración financiera, inhibiendo las iniciativas de gasto por parte del Congreso, excepto en el momento de la formulación del presupuesto. Toda esta reforma contribuirá decisivamente a recuperar la credibilidad en un mundo cuya abundancia de liquidez permite que los países emergentes y más ordenados tengan indicadores de riesgo país de solo dos dígitos; allí debemos tratar de llegar para abaratar de un modo sustancial los costos que el desmanejo fiscal y monetario le han causado a nuestra sociedad civil.

Por Ricardo López Murphy y Bianca Dell’Aquila Smith

• Comunidad de Negocios

---

Conforme a

Tipo de trabajo:

análisis