Ley de presupuesto: claves y dudas sobre que pasará con las jubilaciones en los próximos meses
Milei dijo que se prevé aumentar el gasto un 5% por encima de la inflación, pero no hubo precisiones sobre el plan; en rigor, ese incremento se derivaría de aplicar la actual fórmula de movilidad, sin un reajuste adicional; incertidumbre por el bono de $70.000
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LA NACIONSilvia Stang
En su discurso trasmitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei afirmó que el proyecto de presupuesto para 2026 enviado por el Gobierno al Congreso Nacional “aumenta el gasto en jubilaciones un 5%” por encima de la inflación que, según la proyección oficial, sería el año próximo de 10,1%. ¿Qué significa eso, en concreto, para los jubilados y pensionados del sistema previsional de la Anses?
En principio, vale tener en cuenta que no se anunció ningún incremento inmediato para los ingresos jubilatorios, ni tampoco se especificó, con miras a 2026, que el plan sea otorgar un reajuste extraordinario, más allá de las actualizaciones surgidas del esquema de movilidad vigente, que contempla subas mensuales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec.
Por otra parte, el “gasto en jubilaciones” hace referencia al monto agregado de las erogaciones del Estado, que depende no solo de los haberes, sino también de otros factores, como la cantidad de beneficiarios, o el plan de pago de sentencias judiciales.
Una suba de los ingresos por arriba del alza de los precios en un cierto período, es algo que podría ocurrir solo con la aplicación del mecanismo de reajustes de haberes por inflación que está vigente desde abril de 2024 y que, según lo previsto, continuará en 2026. Es decir, es muy probable que en los planes del Gobierno no haya ningún aumento extra para los jubilados.
Esa variación de los ingresos por sobre la inflación es algo que ya ocurre este año. Es un efecto que, más allá de cuál sea la sensación en los bolsillos, se observa cuando se considera la evolución de las prestaciones contra la inflación del Indec, sin incluir el refuerzo que percibe un grupo prestatarios y que, pese al alza del costo de vida y al retraso de los montos en general, está congelado desde hace más de un año y medio.
De hecho, entre agosto de 2024 y el octavo mes de 2025, el aumento promedio de precios fue, según el Indec, de 33,6%, en tanto que los haberes jubilatorios subieron un 39,4%, algo que se traduce en un incremento real de 4,3%. Eso, claro, está muy lejos de compensar las fuertes pérdidas de valor real que tuvieron las jubilaciones durante años. Solo entre enero de 2021 y marzo de 2024, quienes no perciben bono -por ganar, por ejemplo, una jubilación de $500.000- perdieron nada menos que un 50% de su poder de compra.
Lo ahora previsto por el Gobierno, incluso si implicara un alza real de 5% para todas las prestaciones -algo que, en todo caso, dependerá de varios factores-, tampoco estará cerca de generar una recuperación de esas pérdidas. No se trataría de sumas de dinero demasiado significativas.
En cuanto a quienes cobran el ingreso más bajo (conformado por el haber mínimo más el bono) el porcentaje de alza fue, sin embargo, bastante inferior en ese mismo período: fue de 30,1%, algo que determina una caída de la capacidad adquisitiva de 2,6% en los 12 meses considerados (septiembre de 2024 a agosto de 2025).
Entonces, en 2026 se podría dar también una suba por arriba de la inflación sin que se concreten reajustes especiales (por fuera de la movilidad) para los ingresos. ¿Cuál es la condición para que ello ocurra? Que el nivel de tienda a la baja.
Y eso es así, porque el dato del Indec que se considera para definir la suba de las prestaciones tiene un rezago de dos meses. Por ejemplo, el alza de octubre será de 1,88%, porque esa fue la variación del IPC en agosto. Con un IPC a la baja, ocurre que, al momento de aplicarse la actualización a los haberes, la inflación es de un nivel más reducido que la del período que se usó para determinar el porcentaje del incremento.
En el caso de 2026, la suba de las prestaciones de todo el año se definirá por la inflación del período extendido entre noviembre de 2025 y octubre de 2026. Si el índice de precios va cediendo (que es lo previsto por el Gobierno), ese incremento de ingresos será superior al avance que acumule el índice de precios entre enero y diciembre del año próximo.
El bono mensual
Una de las grandes incógnitas es qué pasará en los próximos meses y el año próximo con el bono de hasta $70.000 que perciben quienes tienen los ingresos más bajos en el sistema contributivo, y también los beneficiarios de prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones por invalidez. Se trata, en total, de algo más de 4,5 millones de personas (en tanto que son 3 millones las que no cobran refuerzo).
Desde el Gobierno aún no hubo definiciones de manera pública, ni respuestas ante consultas de LA NACION.
El refuerzo, que se paga cada mes desde septiembre de 2022, está congelado desde marzo de 2024, cuando pasó de $55.000 a $70.000. Si desde aquel momento hubiera tenido los mismos aumentos que los haberes propiamente dichos (reajustes según el IPC y un incremento extraordinario en abril de 2024), la cifra sería de $166.754 en septiembre y de $169.889 en octubre.
Pensiones por invalidez
La modalidad ya descripta de reajustes mensuales por inflación alcanza a las pensiones por invalidez. De hecho, el monto de esas prestaciones se define como el 70% del haber mínimo del régimen contributivo. Este mes, la cifra es de $224.194 y se suma el plus de $70.000, con lo cual el monto total es de $294.194, y pasará a $298.409 en octubre (si el bono sigue sin cambios).
Respecto de estas prestaciones -que están en el eje de las protestas sociales por las bajas y suspensiones decididas por el Gobierno en un proceso de auditorías fuertemente cuestionado-, el presidente Milei dijo en cadena nacional que “el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026″.
A diferencia de cuando se refirió a las jubilaciones en general, en el caso de estas prestaciones el Presidente no se refirió a un aumento real del gasto total, sino que especificó que “cada pensionado” tendrá una suba por arriba del índice de suba de precios. De hecho, el Gobierno prevé reducir la cantidad de personas beneficiarias de las pensiones.
Esa suba real, en el caso de las prestaciones sin considerar el bono puede responder -tal como se explicó- a la aplicación de los reajustes que ya se otorgan, y que se definen tomando como referencia el dato de inflación con dos meses de rezago. La duda es, nuevamente, qué ocurrirá con el refuerzo.
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