Licitarán más frecuencia de celulares entre los operadores de telefonía

El Gobierno resolvió quitárselas a Arsat; podrán participar grandes empresas y regionales
El Gobierno resolvió quitárselas a Arsat; podrán participar grandes empresas y regionales Fuente: Archivo
María Julieta Rumi
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22 de enero de 2019  

El Gobierno decretó ayer que las frecuencias para dar telefonía móvil que están en poder de la empresa satelital estatal Arsat pasarán a ser gestionadas por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que las pondrá a disponibilidad del mercado. Según el decreto 58/2019, publicado en el Boletín Oficial, empresas regionales o locales, públicas o privadas podrán acceder a ellas en una participación no inferior al 20%.

De esta forma, no solo están en carrera los grandes operadores como Personal, Movistar y Claro, que reclaman desde hace tiempo mayor dotación de ese recurso, sino también empresas independientes y cooperativas que pedían ingresar en el negocio móvil. Las bandas que serán licitadas habían sido devueltas al Estado por el grupo Vila-Manzano, que participó de la licitación 4G en 2014.

Con el decreto, se resolvió uno de los puntos que estaban incluidos en la llamada ley Corta -con media sanción en el Senado-, que busca liberar espectro y licitarlo para que "las compañías que están en el país hagan más inversiones", según declaró el vicejefe de Gabinete y secretario de Modernización, Andrés Ibarra, en marzo pasado.

"Este DNU sepulta el proyecto de ley Corta y transparenta el objetivo principal de esa ley, que era liberar bandas de espectro reservadas a Arsat. A partir de ahora dependerán del Enacom, que verá cómo organiza ese recurso entre Movistar, Claro y Personal, si se lo van a dar a las tres o a las dos primeras, que estaban en desventaja por la fusión de Cablevisión y Personal", explicó el especialista Martín Becerra a LA NACION.

Por otro lado, destacó la inclusión en el decreto de las modificaciones del Senado por las cuales no menos del 20% del espectro irá a operadores regionales y locales.

Por último, sobre la modificación de la ley 27.208 a través del DNU, dijo que constituye una "controversia jurídica", ya que el artículo 10 de esa norma establece que cualquier modificación de los atributos que pertenezcan o sean asignados a Arsat requerirá autorización del Congreso, algo sobre lo que el decreto no se expide.

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