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Llega la conciliación obligatoria
El mes próximo entrará en vigor la ley que regirá para conflictos laborales
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Para algunos, es inconstitucional y significa la privatización de la Justicia. Para otros, es sólo un método auxiliar de la ley y permite una solución rápida de los conflictos laborales. Lo cierto es que en menos de un mes, exactamente desde el 1º de septiembre, comenzará a regir la ley que obligará a una instancia de conciliación laboral.
La medida busca reducir la litigiosidad y desterrar la industria del juicio laboral, y es un paso más en la reforma de las relaciones del trabajo que está llevando a cabo el Gobierno.
La ley en cuestión dispone que a partir del 1¡ del mes próximo los pasos por seguir serán los siguientes:
- El trabajador deberá presentar la demanda ante el Servicio de Instancia Obligatoria de Conciliación Laboral (Seclo), en Callao 110. Allí completará un formulario donde deberá aclarar las causas del conflicto.
- Se le asignará por sorteo el conciliador que llevará adelante la negociación.
- Se le asignará una primera audiencia y se notificará al empleador, quien deberá presentarse en forma obligatoria.
- Se realizarán audiencias conciliatorias. Las partes deberán concurrir personalmente, acompañadas por algún letrado o representante de la organización sindical o empresarial.
- A partir de la audiencia el conciliador tendrá un plazo de 20 días para resolver el conflicto. De ser insuficiente, podrá pedir una prórroga de 15 días más.
- En el caso de llegar a un acuerdo, la cartera laboral lo homologará y finalizará el proceso con la reincorporación de los conciliadores a la lista de sorteo.
Por el momento, el sistema sólo se pondrá a prueba en la Capital Federal. Y no incluirá a personas que trabajen en dependencias del Estado, como tampoco a las que pertenezcan a empresas concursadas o quebradas.
Pero hay quienes objetan este nuevo mecanismo. Para el abogado laboralista Héctor Recalde, la medida es inconstitucional, porque saca del fuero judicial temas que deberían llevarse en ese ámbito, al ponerlo bajo la órbita del Ministerio de Trabajo.
Además, señala que el trabajador quedará desprotegido, porque no estará obligado a tener un letrado y alega que como es el empleador el que paga este nuevo sistema, no habrá independencia de criterios por parte de los nuevos "conciliadores".
Daniel Funes de Rioja, de la UIA, en cambio, rechaza esa crítica como "poco seria".
"De todos modos, nosotros también nos oponíamos a pagar los honorarios, pero no tuvimos más remedio que aceptar pagar una tasa mínima", dijo a La Nación el directivo de la UIA. "En todo el mundo hay métodos auxiliares de la Justicia y este sistema no es más que eso. Es un reclamo administrativo, no intenta reemplazar a la Justicia. Lo que hay que ver es si operativamente resulta eficaz".
Costos y tiempo
En el medio de la disputa, está la postura del ex ministro Enrique Rodríguez, quien sostiene que "es una tendencia de todos los Estados modernos que busca ahorrar costos y tiempo. Además, la experiencia muestra que el sector privado de la Justicia no fue eficiente. Sin embargo, creo que lo ideal hubiese sido conseguir la conciliación dentro del ámbito de la Justicia. Este sistema implica nuevos costos e infraestructura y no estoy seguro de que vaya a funcionar correctamente. No sé si los conciliadores serán idóneos".
En este punto se encuentra trabajando la Cámara de Comercio, que tiene en vista un aspecto particular: suscribir un acuerdo que permita construir un ámbito optativo de conciliación. Este es un aspecto que la reglamentación acepta y que establece la posibilidad de que las convenciones colectivas de trabajo regulen un servicio optativo de conciliación, a condición de que la gestión conciliatoria sea desempeñada por conciliadores inscriptos en el Registro Nacional de Conciliadores Laborales.
En tanto, Recalde objeta las bases sobre las cuales se sustenta la necesidad de la ley. "Se sanciona en base a datos falsos, ya que el Gobierno sostiene que es consecuencia del aumento de la litigiosidad, pero los números indican lo contrario. En la Capital Federal se presentaron unos 77.000 pleitos en la Justicia, mientras que la proyección del 97 indica que no sobrepasarán los 24.000".
La mediación estará en manos de un conciliador laboral, que debe ser un abogado calificado por sus antecedentes en materia del derecho del trabajo. Este conciliador debe llevar, por lo menos, dos años desarrollándose en esa área y deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Conciliadores Laborales. La lista de conciliadores reúne a unos 180 abogados. La reclusión del personal que llevará a cabo estas tareas fue lo que trabó la fecha inicial de puesta en marcha del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo), prevista para el 1¡ de este mes.
Según Rodríguez, con el nuevo sistema un juicio que hoy puede llevar 3 o 6 años en resolverse, "se podrá reducir a 35 días".
Con posturas a favor o en contra, el sistema saldrá en pocos días a escena, tal como fue conciliado en el acuerdo marco de 1994.
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