Los bancos japoneses están empantanados

TOKIO.- Japón dio un tardío paso para recomponer sus quebrados bancos. Pero todavía tiene un largo camino por delante.

Para un hombre que se llama a sí mismo "buey de andar cansino", Keizo Obuchi exhibe un sorprendente ritmo de trabajo. En principio, el primer ministro japonés dividió a la oposición. Después anunció una inyección de US$ 198.000 millones para la economía, la más grande hasta el momento. Ahora, su gobierno se atribuye un éxito: poner orden en el revoltijo bancario que afecta al país. Para el 24 de noviembre, 15 de los 18 grandes bancos japoneses sobrevivientes habían anunciado que solicitarían préstamos públicos del paquete de rescate de 60 billones de yenes reunido en octubre. Los otros tres todavía podrían ponerse en la cola para beneficiarse con el reparto. Sólo uno de ellos, el Bank of Tokyo-Mitsubishi, rechazó de plano los fondos ofrecidos, pero la mayoría de los observadores espera que lo piense dos veces. Entre todos, los 15 solicitantes acordaron tomar 5,8 billones de yenes, mucho menos de los 25 billones que el gobierno esperaba que aceptaran, pero una buena cantidad, de todos modos.

Queda ahora una duda: si los bancos enfrentarán a continuación el verdadero problema: sus abultados préstamos incobrables. El volumen de éstos deja sin aliento. James Fiorillo, de ING Barings Securities, un banco de inversión holandés, piensa que los 18 principales bancos holandeses tienen, entre todos, 41,4 billones de yenes (US$ 345.000 millones) de préstamos incobrables o dudosos. Si suponemos que logran recuperar un quinto de esa cifra, Fiorillo reconoce que, a pesar de las medidas que ya tomaron, todavía necesitarán separar 19,5 billones de yenes adicionales para cubrir sus pérdidas.

Por otra parte, los precios inmobiliarios se derrumbaron y el sistema legal ya no es capaz de resolver las disputas entre acreedores en pugna. Tomemos una propiedad que debe cantidades iguales a seis bancos diferentes. Hoy, la propiedad valdría sólo un sexto de su precio original. Pero si se obliga al deudor a declararse en bancarrota y se vende la propiedad, sólo el banco con primer derecho a pago recuperará su plata. Por otra parte, cualquier ejecución hipotecaria requiere el voto de la mayoría de los acreedores.

El gobierno tendría que obligar a los bancos a actuar. Hacerlo explícitamente es difícil, de acuerdo con la Constitución japonesa, pero hay otras formas que podrían funcionar. Por ejemplo, la entidad reguladora del sector, la Agencia Supervisora Financiera (FSA), podría amenazar con auditorías constantes o retener las licencias para hacer negocios. Descartada al principio por considerársela una simple ramificación del Ministerio de Finanzas, la FSA trató hace poco de mediar entre las partes. Fue extremadamente cándida, por ejemplo, ante las dudosas prácticas contables del fallido Long-Term Credit Bank (LTCB), al que se le ahorraron mayores penurias en octubre pasado transfiriéndolo a la propiedad pública. El LTCB había intentado esconder más de 1 billón de yenes de deudas incobrables en compañías ficticias. David Atkinson, de Goldman Sachs, consideró esta experiencia desalentadora.

Después de decirles a los políticos cómo podrían los bancos y los deudores renegociar los préstamos, los bancos respondieron atacándolo en forma personal. Más tarde, el gobierno, instigado por los deudores, desistió calladamente de una legislación que hubiera suministrado un foro para las negociaciones con los bancos. Dada la fuerza de la camarilla bancaria, Atkinson sostiene que "la FSA necesita apoyo político, y no lo hay". Sólo cabe esperar que el buey inicie nuevamente su cansina marcha.

Por Traducción de Mara Farhat

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