Los empresarios esperan los bonos para febrero mientras disfrutan la vuelta a la “normalidad” del comercio exterior

No son muchos los invitados a las recepciones que ofrece el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley. Pero la cantidad es lo de menos cuando los presentes representan gran parte del mundo empresario argentino. El jueves, en los salones del Palacio Bosh no había otro tema que la configuración del nuevo Gobierno. Y dentro de ese asunto general, había uno que sobresalía, entre choripán y choripán, en las conversaciones de los hombres de negocios. El pago de la deuda comercial que las empresas tienen con proveedores en el exterior y la normalización de las operaciones de comercio exterior, que ya empezaron a fluir distinto, se destacaban del resto.

Era el saludo de fin de año de la Embajada y de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham). La gran mayoría de los que llegaron ya habían tenido alguna reunión con el Gobierno, sea directamente con algún funcionario o a través de alguna de las cámaras que los representan.

La gran comidilla fue, sin dudas, además del alcance y la viabilidad del ajuste, la promesa de pagar la deuda comercial. “Si los proveedores externos de cada quisiera ejecutar sus créditos, muchas empresa argentinas, alguna de primerísima línea, estarían en quiebra”, dijo el número uno de una compañía industrial que cotó su caso. “Hicimos una inversión de una línea de producción para poder exportar. Y logramos vender a varios mercados tremendamente competitivos. Pero no pudimos cumplir con los proveedores que nos vendieron las máquina para producir. Hablé decenas de veces con [Matías] Tombolini y [Sergio ] Massa para que nos autoricen esos. Está bien que no hayan dejado importar producto terminado pero líneas de producción no se entiende”, dijo el industrial

Su caso es el de miles de empresas argentinas que quedaron con deuda pendiente de pago. “Según el Gobierno son 65.000 millones de dólares de deuda comercial que quedó vencida al 10 de diciembre”, comentó uno de los ejecutivos que había pasado por los despachos más importantes del Ministerio de Economía que maneja Luis Caputo.

La famosa “deuda comercial”, que para resumir es la que quedó pendiente de pago después de que la anterior administración autorice la importación, tendrá como mojón para la consolidación el primer día de la gestión del presidente Javier Milei. Para que se entienda: las importaciones se solicitaban a través de las célebres y discrecionales SIRA. Ese instrumento tenía una fecha de pago cuando el importador debería entregar los pesos suficientes en el Banco Central (BCRA) para que la entidad desembolse los dólares suficientes como para cancelar la operación en el exterior. El punto que las autorizaciones que se dieron no tenían los dólares necesarios en el Central para garantizarlas. Por más que los privados lleven los pesos a la entidad monetaria, la moneda dura no está. Esa es la famosa deuda comercial.

Ahora bien, primero y principal: ¿qué pasará con lo que se importe desde el 10 de diciembre? Esa fue la primera de las certezas que el Gobierno les dio a los empresarios. Confían en que el flujo, como se le llama, lo podrán pagar. Por eso se diseñó un sistema de acceso al Mercado Único Libre de Cambio (MULC) por posición arancelaria.

El combustible y los fletes se pagarán en plazo más cortos, los servicios, a los 30 días y el resto de importaciones, donde entran la mayoría de las materias primas de la industria, las autopartes entre otras, a 120 días, con pagos de 25% por mes en cuatro cuotas cada treinta días cada una. Los autos terminados, una de las posiciones arancelarias más largas, se pagarán a los 180 días.

“Todo lo que se importó en el último año se debe. Piense n cada auto que se vendió, se debe todo”, graficó un poderoso industrial. Esa deuda suma, una cifra que aún no está consolidada, pero que se supone estará entre los 50.000 y 65.000 millones de dólares. Ahí estará el primero de los deberes: crear un registro para que cada una de las empresas presente la documentación que respalde la operación. Algo así como un proceso similar al que se sigue en un concurso preventivo donde cada uno verifica su crédito.

El lunes se pondrá en marcha el “Padrón de Reconocimiento de Deuda Comercial Pendiente”. El objetivo será permitir a cada empresa ingresar el monto pendiente de pago, validar con AFIP y BCRA. Sucede que, según confesó uno de los principales uncionarios del Palacio de Hacienda, los registros de uno y otro no coinciden. Seguramente se esconden en esas diferencias algunas de las sospechosas operaciones de comercio exterior que se autorizaron en la gestión Tombolini.

Será la manera de cuantificar los montos de la deuda para saber qué se deberá emitir para cancelarla. De acuerdo a la información que cerca de Caputo le comentaron a los empresarios, el plazo para ingresar la información y validar la operación será de entre 5 a 10 días. No más que eso. Con el detalle, el BCRA podrá bajar algunas operaciones ya que las compañías deberán informar las deudas que fueron canceladas mediante dólar contado con liquidación (CCL) o, directamente, desde cuentas del exterior. Esto permitirá “dar por cumplida la deuda sin penalidades ni contingencias y facilitará determinar el monto máximo sobre el cual licitar los futuros bonos”, sostuvo un ejecutivo que pasó por las oficinas de Santiago Bausili, a cargo del BCRA.

Luego, llegará la emisión del llamado Bono para la Recuperación de la Argentina Libre (Bopreal). En principio, habrá varios títulos con diferentes características. La idea del Gobierno es que los mas cortos, es decir los que se pagan antes, puedan ser suscriptos por las Pymes. Los más largos claro, serán para grandes compañías.

Claro que para que estos bonos tengan buena vida es necesario que coticen lo más cerca de la par posible. En su caso, la venta a precio muy por debajo será una clara pérdida que deberán anotar las empresas.

Aún no se sabe si pagarán intereses (y a qué tasa) y tampoco como será el sistema de amortización. Antes de firmar la letra chica, en el Gobierno prefirieron testear la recepción entre los ejecutivos de las firmar que tienen deuda comercial. Más allá de que la recepción de la idea marco fue buen, nadie se arriesga a ir más allá ya que las condiciones de emisión y suscripción aún no se conocen.

Hubo algunas ideas que quedaron sobre la mesa. Una de las que más les interesa a los ejecutivos es que estos bonos se puedan utilizar para pagar deudas tributarias. Nadie dijo si se podría incluir esta característica en el papel. Eso sí les adelantaron que sería por ley del Congreso y que, además, se espera la primer emisión sea del bono largo, con vencimiento a fines de 2027.

Para las empresas, regularizar aquel pasivo y tener previsibilidad con las actuales importaciones es de vital importancia. “El jueves arrancó en nuevo sistema de compras en el exterior, donde hay que pedir permiso a nadie ni esperar habilitaciones. Es impresionante la energía que se ahorra la estructura sin todos esos trámites engorrosos”, dijeron en una automotriz. El punto es que no son pocos los que retomaron las charlas con sus proveedores externos para comentarles las nuevas condiciones de todas las exportaciones nuevas. Pero claro, a poco de hablar surge la pregunta: ¿Cómo se normaliza la deuda? “Salvo con algunos proveedores, otros esperan resolver aquello para volver a la normalidad. Es necesario tener certezas para normalizar el comercio exterior”, comentó esa noche en la embajada un industrial dedicado al consumo masivo.

La irregularidad normativa y la discrecionalidad en la que se movieron las importaciones en los últimos tiempos, en el último año particularmente, dejaron consecuencias. No solo en la relación comercial de vendedores del exterior y compradores locales, sino también la reputación de estos. Las góndolas con poca variedad de productos que hay en la Argentina es otra de los efectos. Recién cuando se empiece a regularizar, habrá más oferta. Para hacerlo es necesario hacer una emisión de bonos millonaria. Aún más grande que el crédito que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le concedió al Estado en la administración de Mauricio Macri.