
Los supermercados podrían ser obligados a cerrar los domingos
Pequeños comerciantes, justicialistas y aliancistas impulsan un proyecto de ley
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Los consumidores sólo podrán hacer las compras de fin de semana los sábados si el Congreso aprueba el proyecto de ley que ayer presentó la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresariales (CAME), una de las entidades que representa a los pequeños comercios.
Los diputados justicialistas Mario Das Neves y Daniel Scioli, y el senador aliancista Luis León -presidente de la Comisión de Comercio de la Cámara alta- apoyaron la iniciativa que propone el cierre obligatorio de los negocios los domingos y feriados, y la limitación de sus horarios de apertura.
El titular de CAME, Osvaldo Cornide, fue acompañado por 200 dirigentes de su agrupación y por los tres legisladores al exponer su proyecto, que entrará por la Comisión de Comercio de la Cámara baja. El aliancista Rafael Flores, presidente de esta comisión, aseguró que los diputados que la conforman aún no tienen una opinión formada sobre si una ley de restricción horaria debe ser de orden nacional, provincial o municipal. "Creo que cada realidad tiene que legislar sobre este tema", opinó Flores a título personal.
CAME también pidió la suspensión en todo el país de la habilitación de hipermercados y grandes superficies comerciales hasta tanto se sancionen normas que regulen la actividad comercial. Un proyecto similar había sido presentado el 15 del mes pasado, pero que suspende las habilitaciones de súper de más de 2000 metros cuadrados por 180 días. Este texto fue firmado por los diputados peronistas Jorge Bucco, Das Neves, Rafael Romá -ex vicegobernador bonaerense en tiempos de Eduardo Duhalde- y Pablo Fontdevilla.
Tanto la CAME como los legisladores justicialistas pretenden, de cierta manera, nacionalizar la ley bonaerense -votada por el PJ y la Alianza- que congeló hasta diciembre próximo la autorización a nuevos supermercados de más de 1000 metros cuadrados de salón de ventas. El frepasista Flores, sin embargo, aseguró que las habilitaciones "definitivamente son asunto jurisdiccional", por lo que no puede legislarse a nivel nacional.
El peronista cordobés Bucco indicó que, si bien los municipios son los que dan luz verde a los súper, éstos también podrían controlarse a través de la autorización que expide el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Flores retrucó que ese organismo sólo otorga certificados si se cumplen las normas sanitarias, y no puede monitorear la instalación de grandes superficies.
Los pequeños comerciantes de CAME presentaron ayer en el Congreso un tercer proyecto que establezca requisitos de zonificación para la instalación de grandes superficies comerciales, sus reglas básicas de habilitación y funcionamiento, sus prácticas anticompetitivas (normas sobre cumplimiento de los contratos, pago de obligaciones y prohibición de devoluciones y descuentos arbitrarios), y que les impida la venta por debajo del costo y las maniobras de publicidad engañosa. La comisión que encabeza Flores está elaborando un proyecto contra los abusos de los súper con sus proveedores, que contempla la prohibición de vender por debajo del costo, los plazos de pago y las notas de débito que las cadenas extienden. También impone la obligación de entregar facturas de crédito cuando se reciben mercaderías y la posibilidad de endosar esos documentos.





