Más déficit: los subsidios a la luz y el gas subieron 26% en dólares en 2020

Antes de que la pandemia llegara al país, el Gobierno ya había decidido que congelaría las tarifas de servicios públicos por seis meses. Luego, en plena cuarentena y con la caída abrupta de la actividad económica, se decidió extender ese congelamiento primero por seis meses y luego por 90 días más, que finalizan el 15 de marzo próximo. Esta política tarifaria, sin embargo, no es gratuita. La contrapartida es un aumento de 26% en dólares en el volumen de subsidios destinados a este sector, que podría crecer aun más el año que viene, pese a la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que pide bajar el gasto fiscal.

En concreto, las transferencias para mantener sin cambios las tarifas de gas y de electricidad le costaron al Tesoro US$6000 millones, según datos del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE), muy superiores a los US$4695 millones de 2019. Esto representa un nivel apenas superior al 1,7% del PBI que estimó el Ministerio de Economía para este año, en un contexto en el cual el producto bruto se desplomó más de 10% en comparación con 2019.

Para el año próximo, las expectativas del ministro Martín Guzmán son que el nivel de subsidios se mantenga constante en relación al PBI, pero los analistas ven difícil esa estimación. De hecho, proyectan una cantidad de transferencias más cercana al 3% del producto, si se tiene en cuenta que el precio del gas será muy superior al de este año y que las tarifas seguirán sin actualización durante varios meses más.

Las cuentas son sencillas. Este año, producto de la pandemia, los precios internacionales del gas y del petróleo se derrumbaron y la Argentina pudo importar gas licuado (GNL) a precios históricamente bajos. La misma Ieasa, empresa estatal encargada de las compras de gas en el exterior, informó que el valor promedio de compra fue US$2,87 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), muy inferior a los US$5,92 de 2019 y a los US$8,12 de 2018.

Si bien todavía es incierto saber si los precios internacionales se incrementarán en el invierno próximo, lo que es seguro es que los precios locales subieron de un promedio de US$2,50 a US$3,50 el millón de BTU, producto de las subastas del Plan Gas. Esto genera un aumento de 30% en dólares en el costo del gas para los usuarios residenciales y del 60% para las usinas eléctricas. Costo que cubrirá el Estado con más transferencias del Tesoro si las tarifas no se actualizan.

Todo estos costos se incrementan si además se toma en cuenta la devaluación del peso, ya que los precios del gas están fijados en dólares. Solo en 2019, el tipo de cambio oficial aumentó 40,4% y la inflación se estima que finalice en 38%, generando presión también sobre los costos de las distribuidoras de gas y de electricidad.

"No todo el gasto fiscal en energía son subsidios, hay una parte que es deuda flotante, con compromisos impagos del Plan Gas y de la resolución 46 [el plan de estímulo a la producción de gas que impulsó el gobierno anterior], que en algún momento se tendrá que pagar. El año que viene se sumará, además, la deuda que tienen las distribuidoras eléctricas con Cammesa [la compañía con control estatal encargada del despacho de energía eléctrica], de la que según el presupuesto 2021 se hará cargo el Estado", explica Julián Rojo, economista del IAE.

"Si se le agregan también todos los subsidios destinados al nuevo Plan Gas, que son de US$1500 millones, más el efecto de los aumentos de los costos de generación eléctrica (por el alza del precio del gas), el nivel de transferencias puede llegar a representar un 3% del PBI aproximadamente, un porcentaje muy parecido al que había en 2015. Todo el esfuerzo que se hizo estos años de recomponer los precios energéticos se perderá en dos años", agregó Rojo.

El gasto en subsidios impacta directamente en el déficit fiscal del Estado, que a su vez genera desconfianza entre las empresas porque el Gobierno no tiene las herramientas para cubrir esa diferencia entre gastos e ingresos, a diferencia de lo que ocurrió durante los primeros dos gobiernos kirchneristas, cuando el alza del precio de las commodities le permitió sostener el congelamiento tarifario.

El nivel de déficit en un país sin moneda fuerte, con altos niveles de inflación, sin un mercado de capitales desarrollado y sin dólares en las reservas del Banco Central retrasa aun más cualquier decisión de inversión de las empresas privadas.