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Mandamientos políticos para entrar al siglo XXI
La dirigencia debería asumir compromisos para erradicar los males que condujeron a la decadencia argentina antes de debatir acuerdos a futuro
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LA NACIONNéstor O. Scibona
La convocatoria de la Casa Rosada para buscar acuerdos con dirigentes políticos y actores sociales que permitan extender el horizonte de la Argentina más allá de las elecciones de 2019 puso en evidencia la falta de gimnasia política de los últimos 15 años en este terreno. Hasta tal punto que ya resulta difícil dilucidar qué cuestiones habría que debatir y cómo procesar coincidencias y disidencias.
Con el telón de fondo de la campaña electoral, quienes propusieron y/o aceptaron el diálogo sacaron a relucir su propias propuestas, con objetivos -a veces contradictorios entre sí-, pero sin las políticas públicas necesarias para alcanzarlos; ni mucho menos plazos y costos. Esto también vale para los diez lineamientos planteados a la oposición por el presidente Mauricio Macri como un acuerdo de gobernabilidad, presumiblemente hasta 2023, y que recibió el apoyo de las entidades empresarias de mayor envergadura.
Fue una virtual divisoria de aguas. De inmediato, esos puntos fueron descalificados desde el cristinismo y el sindicalismo K con el dudoso rótulo de "electoralistas", pese a que, paradójicamente, reflejan buena parte del programa firmado con el FMI. Más bien buscaron aportar certidumbre a los mercados en medio de la incertidumbre electoral y forzar el previsible rechazo del kirchnerismo. Con demagogia populista, Máximo Kirchner los redujo a cuatro (desayuno, almuerzo, merienda y cena todos los días). No solo eso. En la semana previa, Cristina Kirchner justificó en su propio libro no haberle entregado el bastón y la banda presidencial a Macri para evitar el registro de un "acta de rendición". Como contracara, el diálogo político fue aceptado -con reparos- por Roberto Lavagna, Martín Lousteau y Sergio Massa, con el pedido de invitar a CFK, que el gobierno recogió. También por la Iglesia, tras cuestionar la ausencia de mención a la pobreza.
Ya sea por necesidad, convicción o conveniencia, la predisposición al debate no deja de ser rescatable en plena grieta, donde en sus extremos la política suele asemejarse al irreductible fanatismo de un Boca-River. Por eso no parece que la idea de CFK de impulsar un nuevo contrato social, enunciada en el virtual lanzamiento de su candidatura en la Feria del Libro, vaya a ser planteada en un debate democrático, multipartidario y pluralista.
El problema es que si el electorado se mantiene divido en tres tercios en la primera vuelta electoral, cualquier candidato que triunfe en el ballottage no tendrá mayoría en el Congreso y necesitará de acuerdos políticos para gobernar. Tampoco podrá desentenderse de la herencia de la actual gestión ni de los límites que impone el acuerdo con el FMI para corregir los desequilibrios macroeconómicos.
Al asumir en 2015, Macri sostuvo que, al reinsertarse en el mundo, la Argentina iba a ingresar tardíamente al siglo XXI. Pero no logró dejar atrás los problemas estructurales e institucionales que vienen de arrastre desde la segunda mitad del siglo XX y explican la decadencia de la Argentina. La historia indica que fracasaron las políticas de "vivir con lo nuestro" y las de "vivir de prestado". También el realismo mágico de creer que un presidente podría por sí solo resolver todo. Aún hoy en Buenos Aires hay afiches con la leyenda "Pare de sufrir. CFK 2019".
Como hasta las elecciones difícilmente sea posible llegar a acuerdos sobre qué hacer en el futuro, sería aconsejable que la dirigencia argentina asuma compromisos sobre qué NO hacer. O sea, un conjunto de mandamientos políticos, donde la aceptación o rechazo debería ser explicita en cada caso:
No tolerar la inflación. Es el más difícil de cumplir, ya que requiere de un compromiso de todos los sectores, comenzando por el Estado en todas sus jurisdicciones. La inflación argentina es indefendible desde cualquier punto de vista y reducirla sostenidamente es un requisito ineludible para bajar la pobreza. A través de los años, con la progresiva indexación de la economía y la distorsión de precios relativos, los desmesurados aumentos del gasto público debieron ser licuados con devaluaciones más fuertes, que tornaron más regresiva la distribución del ingreso y frenaron la movilidad social ascendente. Un programa integral que incluya un mecanismo de desindexación -a la manera del Plan Austral de 1985, pero con un fuerte componente de austeridad fiscal- contribuiría a acortar plazos y mejorar las expectativas, aunque llevará tiempo.
No al default de la deuda. La alta tasa de riesgo país refleja en buena medida la desconfianza por el "prontuario" argentino de incumplimientos con acreedores externos -que tuvo su pico en el default récord de fin de 2001-, al igual que el de casi todos los acuerdos con el FMI en 50 años. La causa fue siempre la recurrente escasez de divisas genuinas que, por lo general, se produjo tras períodos de dólar barato. Esta secuencia fue graficada años atrás por el economista Orlando Ferreres con la lúcida frase: "En la Argentina festejamos los créditos y lloramos las deudas". Hoy, el riesgo país cuadruplica el promedio de la región, desplomó la cotización de los bonos soberanos, impide la renovación automática de próximos vencimientos externos y complica la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo, principalmente si la economía no crece. Los eventuales acuerdos de renegociación ordenada dependerán de la voluntad política de pago y no a la inversa. También de políticas y acuerdos comerciales para incrementar exportaciones, atraer inversiones extranjeras directas y reducir el déficit de las cuentas externas.
No más blanqueos. Los periódicos blanqueos tributarios -algunos sin costo y casi a medida- fueron un castigo para los contribuyentes cumplidores. A la vez, la creciente y elevada presión tributaria de los últimos diez años aumentó el "premio" a la evasión, la complejidad de las maniobras para camuflarla, el tamaño de la economía en negro y la competencia desleal. El esfuerzo estatal debería concentrarse en reducir el número de impuestos, bajar alícuotas y acelerar la eliminación de los gravámenes distorsivos, que requiere diseñar un plan de reestructuración en serio del gasto público a mediano plazo, fijar prioridades y eliminar privilegios que engendran ciudadanos de primera y segunda categoría. También habría que promover mayorías especiales de dos tercios en el Congreso para aprobar eventuales subas de impuestos.
No tolerar la corrupción ni la impunidad. Si los blanqueos consagran la desigualdad ante la ley, la tolerancia por acción u omisión a la corrupción la lleva al extremo de la impunidad. Los procedimientos judiciales demoran décadas las causas por delitos graves y confesos o, peor aún, prescriben por no haberse dictado sentencia firme. También lleva años la cobertura de vacantes en juzgados relevantes. Sin el consenso político más amplio posible, este mal no tiene cura. La ley de extinción de dominio quedó cajoneada en el Congreso. Los legisladores procesados por corrupción mantienen sus fueros hasta que se produzca una sentencia en firme que no llega nunca. Tampoco hay razón que justifique que dirigentes sindicales enriquecidos y vitalicios no estén obligados a presentar declaraciones juradas de impuestos como cualquier ciudadano. Con este marco, cualquier exfuncionario, dirigente o legislador encarcelado por corrupción o enriquecimiento ilícito puede autoproclamarse preso político sin pestañear. Y no descarta una posible amnistía, de hecho o de derecho, según el resultado de las elecciones.
No tomar rehenes. También requiere de amplios acuerdos políticos y sociales evitar que ciudadanos o alumnos de escuelas primarias o secundarias queden como rehenes de conflictos sociales o sindicales. El derecho a protestar se impone por la fuerza al de libre circulación. En los últimos diez años, las escuelas bonaerenses perdieron un año completo de clases a raíz de los paros docentes, sin que nadie se haga responsable del incumplimiento de las leyes de 180 días anuales obligatorios o de jornada extendida. Es cierto que debe jerarquizarse la función docente, pero también la exigencia de resultados. De lo contrario, la calidad educativa seguirá deteriorándose, al igual que la capacitación para los actuales y futuros empleos del siglo XXI.
nestorscibona@gmail.com
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