1
Más fiscalismo y estatismo
Por Juan Luis Bour Para LA NACION
1 minuto de lectura'
Aun cuando no se difundió la propuesta técnica de la reforma previsional lanzada anteayer por el Gobierno, ya se pueden extraer algunas conclusiones del anuncio.
Más aportantes irán al régimen estatal o de reparto. Actualmente, unos 35.000 individuos que ingresan en el sistema mensualmente no llegan a decidirse por reparto o capitalización. Ahora se los asignará obligatoriamente a la jubilación del Estado, lo que implica que el número de afiliados a este sistema crecerá en forma inmediata en el stock actual (unos 240.000 indecisos) más el flujo mensual, que dará otros 300/400.000 afiliados por año.
El efecto será un aumento de la recaudación fiscal de unos 300 millones de pesos anuales (suponiendo que los nuevos afiliados aporten el mínimo), más otros 400 millones anuales que normalmente se hubieran dirigido al sistema de AFJP. Para este año, esto mejoraría los ingresos fiscales -sin ninguna erogación inmediata- en cerca del 0,1% del PBI. A estos futuros pensionados estatales se les podrían sumar los que libremente elijan pasarse a reparto.
El reparto es casi siempre inferior a la capitalización. Hay cuatro razones básicas:
-El reparto es más caro para el activo porque aporta el 11% en lugar del 7% de su salario. Este primer factor implica durante toda la vida activa aportar un 57% más por mes que en capitalización.
-La tasa de retorno de capitalización ha sido y sigue siendo mucho mayor que la que brinda el reparto. En la jubilación pública, la rentabilidad surge de la prestación por permanencia o PAP, calculada como el 0,85% por año de aporte sobre el salario base. Se requiere un salario real que crezca a una tasa elevada en los 30 años de aporte y que la rentabilidad de capitalización sea muy baja, para que el reparto supere al nuevo sistema, aun a pesar de la quita por el default de la deuda.
-Con inflación, el haber de reparto inicial tiene una severa quita porque se calcula como promedio sin actualizar de los salarios de los últimos diez años. Esa quita no existe en capitalización (el haber se calcula a partir de los fondos que han sido capitalizados a una tasa real positiva de interés).
-En el esquema de reparto no existe mecanismo de indexación determinado de los haberes: todo depende de la voluntad del Príncipe (el Gobierno). En capitalización se tiene la alternativa de ajustar el haber de jubilación con la evolución del fondo.
El Estado no favorece la transparencia. No se debería inducir a error a los individuos con argumentación confusa, en la que se mezclan los haberes del viejo reparto con los del nuevo sistema de reparto, vigente desde 1994. Este régimen no ofrece una protección adecuada en lo que se refiere al mecanismo de ajuste de los haberes, y en contextos de inflación tiene una baja tasa de retorno e implica un menor ingreso durante la vida laboral.
Los anuncios de cambios en el sistema de seguro con el objeto de reducir las comisiones en capitalización no están fundamentados. No hay evidencia de que un seguro centralizado, y quizás administrado por un organismo estatal, sea preferible a un sistema competitivo con el tamaño que tiene el sistema actual en la Argentina. El establecimiento de un tope del 1% en la comisión, respecto del promedio del 1,1% vigente, es además una reducción significativa del precio promedio del sistema.
Nada tiene que ver, sin embargo, con el anuncio de una reducción desde el 2,4% anunciado oficialmente por la Anses como "comisión del sistema" al 1%. Aquí, el Estado recurre al mecanismo de controlar precios por vía directa, sin advertir los incentivos negativos que ello puede generar entre los participantes del sistema.
