Más fondos manejados por privados, foco en la Justicia y amenaza a la caja sindical
El Gobierno toca aportes que van a los gremios, “las bandas” para el stock de juicios laborales, y qué puede pasar con las prepagas
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LA NACIONFrancisco Jueguen
“Todos los cañones”, gritan en el Gobierno, están puestos en una reforma laboral que busca dar ”reglas claras” que sirvan para hacer frente a la falta de creación de empleo de calidad en la última década y al casi 50% de informalidad en el mercado. Allí creen que están dadas las condiciones para que, esta vez, pase por el Congreso.
Sin embargo detrás de los incentivos fiscales -baja de costos- para contratar nuevos empleados, o las facilidades -también baja de costos- para despedirlos, un capítulo fiscal o tributario para fomentar la actividad económica, las restricciones a las huelgas, asambleas o bloqueos, la modernización de los convenios (entre ellos cambios en vacaciones, bancos de horas o formas de pagos), las facilidades de registración o los sueldos dinámicos (premios por productividad), entre muchas otras cosas, aparece una letra chica que generará polémica en el debate público.
Algunas de esas novedades son la transferencia a fondos a privados desde la Anses que podrán actuar activamente en el mercado de capitales -bajo normas que dictará, claro, la Comisión Nacional de Valores (CNV)-; que los sindicatos verán afectada su caja por las obras sociales, pero también por las restricciones a los aportes obligatorios y solidarios (lo que podría impactar sobre quienes pagan una prepaga); surge un foco claro sobre cual es la Justicia que el Gobierno busca que dirima los conflictos, al tiempo que se crean fórmulas para contener los costos de la industria del juicio, se avala un régimen especial para los trabajadores de aplicaciones que podría ser la norma a futuro y se restringen interpretaciones judiciales las indemnizaciones que cobran los despedidos sin causa.
“Hoy la Argentina tiene un sistema laboral rígido”, explicaron en Casa Rosada, donde advirtieron por el alto nivel de litigios en el campo laboral y los altos costos para los empleadores. “Queremos proteger a los trabajadores informales. Más de la mitad de la masa salarial es sub 35 y no está formalizado”, agregaron allí. “Queremos dar reglas claras que incentiven la contratación”, completaron en el Poder Ejecutivo.
En el Gobierno dijeron que la ley está dividida en cuatro capítulos: cómo se crea más trabajo, cómo se mejora el salario, cómo se hace que haya menos litigios, y cómo, usando la motosierra y bajando gastos, se pueden terminar bajando impuestos.
En el primer punto, por caso, entrarían la caída de la ultractividad (renegociación de los convenios), que los inferiores (regionales o por empresa) superen a los mayores (por actividad), el fomento a los sindicatos de empresa, o los incentivos fiscales a la contratación (con bajas de contribuciones) combinado a un blanqueo.
En el segundo entrarían la baja de la carga fiscal y, como contribución, la creación del los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y también la caída de la ultraactividad. En el tercero, la migración de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires y las modificaciones en la ley de Contrato de Trabajo que elimina “grises”; y en el cuarto punto las bajas de cargas y contribuciones laborales, pero también las modificaciones en IVA, Ganancias, impuestos internos o la actualización de quebrantos, entre otras.
Para los gremios, no se trata de una reforma laboral, si no de varias. “Una que transfiere recursos multimillonarios del trabajo al capital; otra que debilita la acción colectiva; y otra que fortalece la disciplina laboral en los lugares de trabajo”, escribió Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA.
¿Los puntos polémicos de la letra chica? La ley, por caso, dispone la creación de los FAL para favorecer el cumplimiento de las indemnizaciones por parte de los empleadores del sector privado. Es un sistema parecido al que ya utiliza el gremio de la Construcción (Uocra). La empresa deberá aportar un 3% de las remuneraciones que se toman como base de cálculo para las contribuciones patronales que van al SIPA. Y el Estado se lo descontará de las propias contribuciones hace la firma a la Anses. O sea, en definitiva, el costo del FAL es cero para las empresas; el que perderá financiamiento es el organismo que se encarga de pagarle a los jubilados. “No se pone en riesgo el pago de jubilaciones”, dijeron aquellos que conocen la letra chica.
En Gobierno no quisieron dar el costo fiscal de la medida. “Es reducción de gasto público y mayor crecimiento económico”, justificaron sobre el financiamiento. También se negó que esto, como dicen los gremios, abra la puerta a las AFJP.
Es que ese 3% será manejado por fondos privados, que estarán registrados para tal actividad en la CNV y que podrán invertir en el mercado de capitales ese dinero para mantener su valor. Para entender cómo funcionará ese sistema habrá que esperar la reglamentación del organismo que conduce Roberto Silva. “Lo que queda claro es que no podrán invertir en ellas mismas (por las empresas)”, aclararon por las dudas.
Además, la reforma libertaria establece una baja del 6% al 5% -un punto porcentual- de las contribuciones que hacen las empresas a las obras sociales. Se trata de una afectación millonaria para las mismas, muchas de ellas en crisis. Para el Gobierno, en cambio, en una mejora sustancial para bajar el costo laboral de las empresas. “¿Qué pasa con aquellos trabajadores que derivan aportes y contribuciones a una prepaga, porque ahora podrán derivar menos fondos? ¿Quién pagará la diferencia?“, preguntó LA NACION. En el Gobierno indicaron que alguien ”deberá absorber" esa diferencia.
Pese a que no se eliminan los aportes obligatorios o solidarios a los sindicatos sí hay restricciones. Por caso, las empresas privadas no estarán obligadas a ser agentes de retención -como lo son hoy- de los aportes obligatorios de quienes estén afiliados a un sindicato. No está claro si existirá un registro al que las empresas tendrán que sumarse para recolectar esos fondos clave para las organizaciones gremiales. Por otra parte, se requerirá la aceptación expresa de los trabajadores para que le quiten parte de su sueldo para una contribución solidaria, algo que actualmente no pasa. Sólo podrá ser obligatoria si se fija en un convenio por empresa.
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