Más peronización de la economía

Más estímulo a la demanda, más prioridad al consumo en detrimento de las exportaciones, más intervencionismo, más Estado en el régimen previsional, más concesiones al sindicalismo, más cortoplacismo. Esto es lo que se viene en materia de política económica en 2007.

El mejor instinto político del presidente Kirchner le indica la conveniencia de "abrochar" un triunfo espectacular en primera vuelta en las elecciones de octubre y ya temprano en enero comenzó a desplegar toda la "artillería pesada". Queda claro entonces que el ciclo político-electoral conducirá a una profundización ("peronización") de la política económica.

Sin descuidar la disciplina macroeconómica alcanzada (superávit gemelos) y con resultados económicos sobresalientes, el presidente seguirá aplicando políticas expansivas para estimular el nivel de actividad e interviniendo más en los mercados (vía retenciones, restricciones a las exportaciones, precios "indicativos a la Moreno"; congelamiento de tarifas; subsidios, etc.) con el fin de mantener bajos los precios domésticos, elevando el poder de compra de sus potenciales votantes y fomentando el consumo interno.

Enero ya arrancó con una suba de retenciones en soja y derivados, y la creación de un mecanismo de subsidio para la compra doméstica de trigo, maíz y otros granos por parte de los elaboradores de harinas, pastas, aceites, pollos, etc. Ante el aumento de los precios internacionales y para evitar subas en los precios de alimentos "esenciales", el Gobierno volvió a proteger a los consumidores, pero se sofisticó en su intervención. El consumidor no verá incrementado su precio, pero ahora el productor de trigo y maíz recibe un precio mayor (por la incorporación del subsidio).

El Gobierno podría haber subido nuevamente la retención de estos granos, pero ello hubiera implicado una pérdida de ingresos adicional para los productores, desincentivando más la producción y la inversión. Con este accionar, el gobierno reconoce: i) que los mecanismos coercitivos tienen límites y los incentivos cuentan para el funcionamiento de un mercado; ii) que no era conveniente volver a castigar la producción de trigo y maíz, al evitar una mayor sustitución de estos cultivos por soja y sus efectos negativos sobre el suelo; iii) que no está dispuesto a resignar recursos fiscales para pagar un subsidio con lo cual opta por hacerle "pagar la boda" al "inmerecidamente próspero" complejo sojero.

En materia salarial, desde comienzos del año, el Gobierno comenzó a trabajar para fijar una pauta única, que le permita sostener el índice de precios al consumidor (IPC) en el entorno del 10% y mantener estables las expectativas inflacionarias (recuerde que en 2006 la pauta del 19% fue clave para contener la tendencia ascendente de las expectativas). Sin embargo, la tarea no resulta tan sencilla en un año electoral en el cual el poder sindical se fortalece.

En este contexto, el Presidente empezó a hacer concesiones a los sindicatos, tras introducir modificaciones al sistema previsional, dándoles mayores atribuciones en la administración de fondos de la seguridad social (caso de los rurales) y estudiando la suba del mínimo no imponible.

Respecto de los cambios al sistema previsional no pueden dejar de señalarse dos aspectos importantes: 1) que tendrán un claro efecto expansivo de corto plazo -más "caja" para el Gobierno que comenzará a recaudar por aquellos que vuelvan al sistema de reparto-; 2) se agravarán los problemas estructurales del sistema previsional: la solvencia intertemporal del sistema estatal y las deficiencias del actual sistema privado.

Presión para el futuro

Si bien en el corto plazo el sistema de seguridad social es superavitario, un traspaso de afiliados del sistema de AFJP al régimen de reparto (sumado a la inclusión de las amas de casa e individuos que nunca aportaron) tiende a elevar el gasto previsional futuro, agregando una presión adicional a la que ya ejercen factores demográficos como la extensión de la esperanza de vida. Por el lado de los ingresos es difícil imaginar que se incrementen al ritmo de los gastos (por la evolución de la tasa de natalidad; la evasión; riesgo de utilización de la recaudación previsional con otros fines; etc).

A estas medidas de tinte intervencionista y peronista, hay que sumarle para completar la compresión de la estrategia kirchnerista en este año electoral la batería de políticas expansivas que el Presidente ha venido aplicando en su afán de estimular la demanda. Políticas éstas que empujarán al alza el PBI de 2007. Veamos algunos números para ilustrar cómo fue 2006 y como vendrá 2007.

En materia de política fiscal, la misma concluyó 2006 siendo tan expansiva como en 2005. El resultado primario del sector público consolidado (nación + provincias) pasó del 4.4% (3.7% + 0.7%) en 2005 al 3.6% (3.5% + 0.1%) del PBI en 2006, o sea el impulso fiscal sobre la demanda agregada fue de 0.8 p.p. del Producto, muy similar al 0.9 p.p. del 2005.

El patrón es que el gobierno gasta todo incremento de ingresos y como los contribuyentes que más impuestos pagan tienen una menor propensión a consumir que los beneficiados con la suba del gasto (jubilados, empleados públicos, etc), la política fiscal resulta expansiva en el margen. En 2007, se espera más de lo mismo: nuevas subas de jubilaciones y sueldos, más obra pública y subsidios (para mantener pisados los precios de la energía y del transporte público).

Respecto de la política monetaria, la misma resultó en 2006 tan acomodaticia como en 2005 y lo más probable es que ello continúe en 2007. Si bien M2 (billetes más depósitos transaccionales) mostró el año pasado una desaceleración (creció 18,9% en 2006 versus 24,8% en 2005), es necesario monitorear otras variables para ver el sesgo de la política monetaria: la base monetaria tuvo un crecimiento inédito (37,6% en 2006 vs 10,5% en 2005) y el M3 (M2 más depósitos a plazo en pesos más dólares) mostró un fuerte incremento (24,3% vs 19,8%). Asimismo, el crédito al sector privado estalló: creció 41,4% en 2006 vs 35,9% en 2005. Por último, las tasas de interés reales (calculadas con el verdadero índice de inflación y no por el IPC) siguieron tan negativas como en 2005.

La combinación de poner el pie en el acelerador de la demanda agregada, priorizar el corto plazo e intervenir crecientemente en los mercados, es una potente herramienta electoral.

Sin embargo, esta estrategia tiene costos asociados para no subestimar (alta inflación; insuficiencia de mecanismos preventivos ante un cambio externo adverso; pérdida de eficiencia asignativa; ausencia de inversión de envergadura; deficiencias en el abastecimiento energético; etc.) Aún estamos a tiempo de efectuar correcciones para rectificar el camino. La sensatez llama a la moderación en la etapa poselectoral.